El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó hace poco más de un año —el 27 de marzo de 2022— una “guerra” contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos internacionales por su crueldad. Esa decisión del gobierno inspiró un videojuego, que fue presentado oficialmente el viernes por la noche durante la emisión del gubernamental Noticiero El Salvador.
“Plan Control Territorial: Extracción” ya tuvo más de 10.000 descargas en su primera semana de vida. “¡Sé parte de la historia, la guerra contra las diabólicas pandillas empezó!”, expresa el juego, que invita al participante a “unirse” a la lucha contra los grupos criminales.
Juventud Nuevas Ideas, grupo de jóvenes que apoya a Bukele, presentó el video del juego en su cuenta de Twitter acompañado del mensaje: “¡Este videojuego te convierte en el héroe de El Salvador! En Play Store encontramos ‘PCT: Extracción’, un juego de acción en el que acabas con los criminales y pones a salvo a la población. Está disponible para Android”.
El videojuego, que se puede instalar gratis en teléfonos celulares y fue desarrollado por Restless Games Studio, consiste en que el usuario se pueda meter “en la piel de un aguerrido soldado especialista, un elemento (efectivo) policial de élite” y hasta en el “mismísimo comandante general de las fuerzas armadas”, o sea, en el propio Bukele.
En el inicio del juego se pueden observar animaciones de Bukele junto a soldados y militares, con armas de asalto, y se va enfrentando a golpes y tiros con los pandilleros.
“La verdad es que no me parece muy adecuado. Lo que se trata ahora es ir superando la violencia, no fomentarla, y el videojuego a mí forma de ver la fomenta”, manifestó a la agencia de noticias AFP Néstor Molina, empleado de una empresa de mantenimiento de redes y asiduo de los juegos en línea.
Por su parte, Ricardo Acevedo, otro aficionado a los videojuegos, dijo al mismo medio que, aunque es una versión de prueba, el juego “tiene potencial” porque es “entretenido”.
Hasta el momento, ni Bukele ni otro miembro del Ejecutivo hicieron comentarios sobre el videojuego.
Extensión del régimen de excepción
El miércoles pasado, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, prolongó por décima tercera ocasión el estado de excepción por 30 días más. La medida, que ya cumplió poco más de un año de implementación y fue denominada por el gobierno como una “guerra contra las pandillas”, fue aprobada con los votos de 66 miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y formaciones aliadas.
“El régimen de excepción es legal y Constitucional”, dijo el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), durante la sesión plenaria en la que fue avalada la medida. En contraposición, la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos, expresó que durante el régimen de excepción “se han capturado a personas inocentes”, para quienes pidió su liberación.
El régimen de excepción suspende varios derechos constitucionales y se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Repudio internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al gobierno de Bukele que restablezca los derechos suspendidos y advirtió que la Convención Americana (CADH) autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades de forma excepcional “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.
Y, aunque el artículo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.
En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) indicó que El Salvador pasa por una debacle autoritaria. “La debacle autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán”, manifestó Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de la ONG, quien el mes pasado compartió un hilo de publicaciones del medio local El Faro referidas al Informe de Democracia 2023.
El documento, del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, señaló que bajo el gobierno de Nayib Bukele se “intensificó su represión contra los periodistas y la libertad de prensa” y que junto a Túnez “ya no son democracias”.
En el informe también se pone a este país centroamericano en el grupo de las “autocracias electorales”.
En octubre de 2022, el politólogo e investigador Álvaro Artiga subrayó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que El Salvador “está encaminado” a “una situación parecida a Nicaragua” con un “régimen de corte autoritario”.
En reiteradas ocaciones, el gobierno de los Estados Unidos dijo que su par de El Salvador tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
“Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas. Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos”, enfatizó el Departamento de Estado.
Las acciones de Bukele encendieron las alarmas de organismos nacionales e internacionales, que han señalado que el país “avanza” hacia el autoritarismo.
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