El destino de las protestas en Francia parece estar sujeto a la decisión sobre la reforma de las pensiones que el Consejo Constitucional dará a conocer este viernes. Luego de doce huelgas que revelaron el alto rechazo a la propuesta del presidente Emmanuel Macron, ahora los “sabios” definirán si el contenido del proyecto de ley y la forma en que ha sido debatido se ajustan a la Constitución.
Descartadas las mociones de censura interpuestas a raíz de la activación del artículo 49.3 de la Carta Magna, una especie de decreto para aprobar la norma, una vez que este órgano se expida el gobierno tendrá dos alternativas: promulgar la reforma o enviar de regreso al Parlamento el texto para debatir los puntos más impugnados.
De regreso de un viaje a Ámsterdam, el presidente analizó junto a los colaboradores los distintos supuestos. El Jefe de Estado, que ha sumado una tensión diplomática con Estados Unidos por su idea de no alineamiento absoluto con Washington, estudia propuestas sobre cómo puede sacar a su gobierno de la crisis social provocada por la reforma, pero en particular por la manera de alcanzarla.
Sin embargo, los movimientos dependerán de lo que dirima el Tribunal. La sede del Constitucional, sobre rue de Montpensier, ubicado en el Palais Royal, será el escenario donde los miembros de este órgano, nueve jurisconsultos que han deliberado en reserva, resolverán sobre aspectos jurídicos, constitucionales, pero también intereses políticos y sociales. Aunque, lo más importante, es saber si su decisión desactivará las protestas.
“Hay que mirar primero cómo reaccionará la opinión pública, sobre todo si se valida el proyecto de ley, aunque sea parcialmente”, reproduce Le Parisien tomando la cita de un confidente. Para la fuente del diario de la capital gala hay temor que se repitan los hechos de violencia en las calles de París, pero también en las grandes ciudades del país, como la tarde del 16 de marzo cuando se usó para la aprobación el 49.3.
“Todo no va a terminar el viernes por la noche, eso es seguro” dice una sindicalista francés. Pero la pregunta está dirigida a saber: ¿Cómo continuará? La decisión podrá adoptar la reforma, censurarla total o parcialmente. Además, deberá resolver si le dará luz verde al referéndum de iniciativa compartida (RIP), querido por sectores de la izquierda y los sindicatos, que desean someter a consulta nacional el proyecto de ley.
Las movilizaciones ya evidencian el efecto de la fatiga. Por duodécima vez desde principios de año, hubo una convocatoria para marchar, el jueves 13 de abril. Las trece organizaciones de trabajadores y jóvenes que llaman a protestar saben que los movimientos van perdiendo fuerza. Debido a esta sensación, es que la intersindical pretende demostrar su determinación esbozando un gran movimiento para el 1 de mayo, Dia Internacional del Trabajador.
El secretario general de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (Unsa), Dominique Corona, está convencido de que la intersindical “seguirá luchando contra esta reforma” a través de otros caminos. Entre las herramientas a disposición de los opositores: obtener las 4,7 millones de firmas necesarias para que el referéndum (RIP) sea validado o incluso emprender acciones legales contra los decretos de aplicación de la ley.
La censura parcial de las medidas compensatorias de la reforma, como la de los índices para los cómputos del retiro, serían una vía para que los gremios tengan razones para agitar los cuestionamientos sobre la validez de su iniciativa. Al respecto, Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), sugirió al Presidente de la República retomar el artículo 10 de la Constitución, “para avanzar hacia una nueva lectura en la Asamblea Nacional”. Este punto permite al Jefe de Estado, antes de la promulgación de la ley, proponer al Parlamento una nueva deliberación.
No obstante, las organizaciones gremiales están alertas frente al peor de los escenarios. Una validación absoluta de la reforma y la negación de la consulta popular. Además de la derrota en términos de los que la ley significa, es previsible que conduzca a una molestia social descontrolada. Los movimientos sindicales perderían el manejo de las bases para que los sectores radicalizados empujen a situaciones más violentas. El Gobierno también esta perturbado ante esta posibilidad.
Otros creen que si no se gana el caso en las calles, la movilización podría extinguirse pasados los días. Entonces, el enojo debería expresarse en las urnas. Es ahí donde todas las proyecciones coinciden en señalar que Marine Le Pen captaría en apoyos toda la furia ciudadana.
Por eso el gobierno quiere monitorear las horas posteriores al fallo. Desde un comunicado inmediato de Matignon, sede de la Primera Ministra, Elisabeth Borne o un mensaje del Presidente Emmanuel Macron, aunque dejando pasar el fin de semana, tiempo para evaluar las reacciones. Una de las cartas ya jugadas por el Jefe de Estado fue adelantarles a los interlocutores sociales su disposición para reunirse una vez que se conozca la posición del Consejo Constitucional.
Para Macron un encuentro con las organizaciones sociales “cerraría un camino democrático y constitucional”, aunque es consciente de que no terminaría con el debate respecto a la reforma. “Los debates, están en la sociedad, seguirán vivos seguro”, reconoció.
Con una agenda de proximidad, recorriendo nuevamente el interior del hexágono, luego de tantos viajes por el exterior, el Palacio del Elíseo buscará impulsar leyes para recobrar la iniciativa y dar vuelta de página, pero aún con pocas certezas del temario. “Estamos en un momento de tensión que primero hay que aliviar. Retomar sobre una ley de Trabajo o de Inmigración , quizás no sea lo mejor que se pueda hacer en el futuro inmediato”, estima un ministro, segun reproduce Le Parisien.
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