Ezequiel Heffes, director de la ONG Watchlist: “Diferentes fuentes muestran que el traslado de niños es una política del gobierno ruso”

Ezequiel Heffes es el director de Watchlist on Children and Armed Conflict, una red de ONG con base en Nueva York que trabaja en el tema de la protección de menores en conflictos armados alrededor del mundo.

Especialista en derecho internacional y humanitario —estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en la Universidad de Leiden y actualmente es investigador principal en la facultad de Derecho de Georgetown—, cuenta con una gran experiencia en la protección de los niños y la educación en conflictos armados. Su trayectoria incluye la participación directa en debates humanitarios con actores armados de Colombia, Irak, Siria, Afganistán, Mali, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC).

Atiende a Infobae por Zoom para hablar de la situación de los niños ucranianos llevados a Rusia, un tema que ha ganado notoriedad después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, la comisionada para Derechos de los Niños de Rusia, por crímenes de guerra relacionados con esta práctica.

El anuncio de la CPI se produjo después de la publicación de un informe de Human Rights Watch, una de las ONG que integran la red de Watchlist, que denunció la deportación a Rusia de cientos de niños ucranianos y de un reporte de la Comisión de Investigación sobre Ucrania de la ONU que aportó evidencia clave del traslado ilegal.

“Hay mucha sustancia en estos dos informes”, explica Heffes. “El de la ONU fue realizado en base a más de 600 entrevistas. Los investigadores fueron a los lugares y hablan de violaciones al derecho humanitario con respecto a la situación de menores”.

—¿De cuántos menores transferidos ilegalmente estamos hablando?

—El gobierno ucraniano habla de 16 mil casos. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas no pudo confirmar esta cifra, pero el informe dice explícitamente que este es el número que el gobierno ucraniano alega que hay.

—¿Qué pasa con los niños llevados a Rusia?

—Lo que sabemos es que el gobierno ruso en mayo de 2022 sacó una norma por la cual se facilita la nacionalización de estas personas en territorio ruso. También sabemos que hay diferentes grupos de menores que se están trasladando: huérfanos que han perdido a sus padres o a sus madres a raíz del conflicto, menores que estaban en instituciones en territorio ucraniano y también menores cuyos padres están detenidos o que no están con personas adultas.

—¿Cuál es la importancia de la orden de detención de la CPI contra Putin?

—Es la primera orden internacional de arresto contra el presidente de un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por otro lado, estos son los primeros crímenes de los que se les acusa a Putin y a Maria Lvova-Belova. Hay que ver si los van a acusar de otros crímenes y por cuáles.

—Es la primera vez que la Corte usa el traslado ilegal de niños como argumento para incriminar...

—Esto es interesante. La acusación a una parte en conflicto por el ataque deliberado de bienes civiles es más discutible. En cambio, en este tema, tenemos el decreto de Putin que mencionaba antes, existen cifras que empiezan a conocerse, hay diferentes informes, como el de la Comisión de Naciones Unidas y otro reciente de la universidad de Yale. Empiezan a surgir diferentes fuentes que muestran que el traslado de niños es una política del gobierno ruso. Y también hubo algunas expresiones del presidente ucraniano, diciendo que una de las prioridades de su gobierno para la justicia es la situación de los menores.

—Además las propias autoridades rusas hablan abiertamente de esta política

—Sí, la diferencia son los números. Ellos no dicen 16 mil casos, se refieren a un número mucho menor.

—¿Cómo va a afectar la orden de detención a Putin?

—La discusión es si Putin tiene inmunidad como jefe de Estado de Rusia. El primer punto a ver es qué pasa, si van a empezar a viajar o no. Supuestamente en agosto viajará a Sudáfrica para una cumbre de los BRICS. Hay que ver qué pasará entonces. Jurídicamente, los 123 Estados que son parte del Estatuto de Roma tendrían la obligación de detener a Putin o a Maria Lvova Belova, porque tienen la obligación bajo el Estatuto de Roma de detener a las personas con orden de arresto. Sin embargo, con anterioridad, en Sudáfrica en otra situación similar, no se detuvo al entonces presidente de Sudán. Entonces la discusión es si tiene inmunidades o no tiene y, por ende, si en esos viajes si lo arrestan o no lo arrestan. De todas formas, la inmunidad sería solamente de Putin, pero no de Maria Lvova Belova. Si ella viaja es posible que la arresten.

—¿De verdad Putin puede acabar en el banquillo de los acusados, puesto que Rusia no firmó el Estatuto de Roma y no reconoce la competencia de la CPI?

—No es parte del Estatuto de Roma y, de hecho, después de estas órdenes de arresto el portavoz del gobierno ruso salió a deslegitimarlas. Atacar la Corte ha sido una política abierta del gobierno ruso. En la situación actual, Rusia no va a entregar a Putin y a Maria Lvova-Belova. Pero hay que ver qué pasa en unos años y qué pasa con otras posibles acusaciones y otras posibles órdenes de arresto contra otras personas del gobierno ruso. El proceso es largo. Y digo esto también porque puede haber cambios en la situación interna de Rusia. Un ejemplo es Sudán: hubo una orden de arresto contra su presidente, no lo arrestaron en ese momento, pero cayó en 2019 por un golpe de Estado y ahora la situación es distinta. Ejemplos del pasado han demostrado que líderes de Estado han terminado en Tribunales Internacionales por crímenes internacionales y han sido juzgados.

—Pero esta sería la primera vez que ocurre con el líder de un país con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. ¿Eso no puede ser un obstáculo?

—Para la cuestión del proceso judicial de la Corte Penal ahora no necesariamente es un obstáculo. Sería un obstáculo para todo lo que es negociación política del conflicto. Y cómo esa negociación política del conflicto puede influenciar los procesos judiciales. El Consejo de Seguridad tiene la facultad de postergar las investigaciones que haga la Corte Penal Internacional por resoluciones. Pero tiene que haber un acuerdo político para que eso pase. Sin embargo, eso no es necesariamente un problema en sí, el problema ahora pasa más bien por el hecho de que estamos hablando de un jefe de Estado que tiene inmunidad. La cuestión es: ¿si viaja a determinados lugares lo arrestan o no lo arrestan? Y si no lo arrestan, toda la discusión que trae eso.

—¿El traslado y la crianza de niños ucranianos a Rusia puede ser un indicio de un genocidio, en el sentido de que parece ser un esfuerzo por eliminar la identidad de estas personas?

—Por ahora la única acusación que el fiscal hizo es por crimen de guerra. Hoy la frase que usa la CPI es que hay fuentes razonables para creer que estos crímenes de guerra han sido cometidos. Todavía no están probados, estamos en una instancia muy preliminar. Lo único que hay son órdenes de arresto y la acusación formal todavía no está confirmada por una cuestión procesal de cómo la Corte Penal funcional. Pero la orden de arresto está. Esto no quiere decir que en un futuro no puede haber otra categoría de crímenes que entren. Genocidio puede ser una. Pueden haber otros. Pueden haber órdenes de arresto por la destrucción de infraestructuras civiles, por ejemplo.

—¿Cuáles son los próximos pasos?

—La orden de arresto la hizo la Sala de cuestiones preliminares, que emite una orden de arresto en diálogo con el fiscal. Normalmente en un proceso de la CPI la persona sería arrestada, empieza el proceso y se confirma la acusación en la sala de cuestiones preliminares. Luego va al Tribunal propiamente dicho que es el que juzga. Ahora bien, el desafío es qué pasa si no los arrestan. La Corte puede proceder con la acusación formal incluso sin el arresto de las personas, pero debería justificar por qué avanzaría sin que ellos estén presentes.

—Además que en Rusia, hay miles de menores ucranianos no acompañados que terminaron en otros países. ¿Cuál es su situación?

—Unicef estima que hay más de 7 millones de niños afectados desde el principio del conflicto por diferentes razones. No solamente por la cuestión del traslado sino por vivir en una situación de conflicto. Esto ha derivado en una situación de falta de acceso a agua, falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, falta de acceso a alimento en algunas zonas. Hay situaciones traumáticas de niños detenidos. Hay alegaciones de casos de violencia sexual contra niños en situación de detención. Y niños que han visto cómo sus padres o madres han muerto en situación de conflicto. Hay cuestiones de acceso a servicios mínimos, pero también cuestiones de trauma psicológico. Esta va a ser una de las prioridades en la que los gobiernos deberán trabajar en el futuro.

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