Boris Johnson está de vuelta donde le gusta estar: en el centro de atención. Pero no está muy contento con el motivo. Por un lado, el ex primer ministro británico se enfrenta el miércoles a un interrogatorio por parte de una comisión de legisladores sobre si engañó al Parlamento acerca de las fiestas que infringían las normas de la pandemia. Por otra parte, planea rechazar el plan del gobierno en la votación parlamentaria sobre el acuerdo post-Brexit del premier Rishi Sunak con la UE para revisar las normas comerciales de Irlanda del Norte.
El examen de la comisión investigadora podría decidir su futuro político. En un comunicado, un optimista Johnson dijo que “las pruebas demuestran de forma concluyente que no engañé al Parlamento de forma consciente o imprudente”.
“La comisión no ha presentado ni una sola prueba que demuestre que lo hice”, afirmó.
La vista, que se prevé dure varias horas, es un momento de peligro para un político cuya carrera ha sido una montaña rusa de escándalos y regresos. Si el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes concluye que Johnson mintió deliberadamente, podría ser suspendido o incluso perder su escaño en el Parlamento.
Eso probablemente acabaría con las esperanzas de un regreso más para el político de 58 años, que llevó al Partido Conservador a una victoria aplastante en 2019, pero fue obligado a abandonar por su propio partido en julio de 2022 después de verse envuelto en escándalos sobre dinero, ética y juicio.
En un informe provisional de este mes, el comité -formado por legisladores conservadores y de la oposición- dijo que las pruebas sugerían con fuerza que habría sido “obvio” para Johnson que las reuniones en sus oficinas de Downing Street en 2020 y 2021 rompieron las reglas de bloqueo COVID-19.
Johnson reconoció el martes que sus repetidas garantías al Parlamento de que las reglas se siguieron en todo momento “no resultaron ser correctas.” Pero aseguró que “no engañó intencionada o imprudentemente” a los legisladores.
En un dossier de pruebas escritas, Johnson dijo que nunca se le ocurrió que las reuniones -que incluían pastel, vino, queso y un intercambio de regalos festivos “amigo invisible”- infringieran las restricciones sobre socialización que su propio gobierno había impuesto al país.
Dijo que “creía honestamente” que los cinco actos a los que asistió, incluida la despedida de un miembro del personal y su propia fiesta sorpresa de cumpleaños, eran “reuniones de trabajo legales”.
Si la comisión declara a Johnson en desacato, podría recomendar castigos que van desde una disculpa oral hasta la suspensión del Parlamento, aunque cualquier castigo tendría que ser aprobado por toda la Cámara de los Comunes. Una suspensión de 10 días o más permitiría a sus electores del escaño londinense de Uxbridge y South Ruislip solicitar una elección especial para sustituir a Johnson como diputado.
Voto contra el plan del gobierno
Johnson adelantó que votará este miércoles en contra del Acuerdo Marco de Windsor, firmado por el Reino Unido y la Unión Europea (UE) para sustituir al polémico protocolo del Brexit para Irlanda del Norte.
La Cámara de los Comunes votará esta tarde el llamado “freno de Stormont” del pacto, el primer “instrumento legal” del nuevo acuerdo que será sometido al visto bueno de los diputados.
Este mecanismo permite que la Asamblea autonómica de Belfast (Stormont) pueda opinar acerca de las normas del mercado único del bloque europeo, al que sigue perteneciendo la región, pero también podría bloquear su aplicación en el territorio.
Los arreglos propuestos significarían que Irlanda del Norte permanecería bajo el control del orden legal de la UE, “y cada vez sería más divergente del resto del Reino Unido”, dijo Johnson en un comunicado divulgado hoy. “Eso no es aceptable. Hoy votaré en contra de los arreglos propuestos”, agregó Johnson.
El pasado lunes, el pro-británico Partido Democrático Unionista (DUP), segunda fuerza política de Irlanda del Norte, informó también de que votará en contra del acuerdo de Windsor en los Comunes. El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, confirmó que la formación rechaza ese texto por considerar que no resuelve los “problemas fundamentales”.
El nuevo acuerdo exime de chequeos a los productos británicos que vayan destinados a Irlanda del Norte, aunque los mantiene para los que vayan a la República de Irlanda, que permanece en el mercado único comunitario.
En el caso del Protocolo para Irlanda del Norte, los controles de todos los productos se hacían en los puertos de la provincia, lo que creaba una frontera en el mar de Irlanda, que separa la isla de Irlanda de la de Gran Bretaña, algo inaceptable para el DUP, que considera que tiene un impacto en su relación con el resto del Reino Unido, del que la provincia forma parte.
(Con información de AP y EFE)
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