Se presentó el Atlas de la Impunidad en el mundo: cuál es el país de la región peor calificado

“La impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más cruda, en la comisión de delitos sin castigo... La impunidad es la idea de que ‘la ley es para tontos’”, afirma en su dura introducción el primer Atlas de Impunidad mundial, presentado días atrás durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Confeccionado por el Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, la investigación es un índice exhaustivo que rastrea el abuso de poder en cinco dimensiones sociales clave: gobernanza sin rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflictos, explotación económica y degradación medioambiental.

El Atlas define la impunidad como “el ejercicio del poder sin controles ni equilibrios” y se basa en 67 indicadores estadísticos procedentes de 29 fuentes validadas. En total, 197 países y territorios recibieron una puntuación de 0 a 5 en cada uno de estos cinco ámbitos de impunidad: las puntuaciones más altas significan mayor impunidad y las más bajas, mayor rendición de cuentas. De los incluidos, 163 países disponen de datos suficientes para ser comparados y clasificados, mientras que los 34 restantes reciben puntuaciones indicativas basadas en los datos disponibles.

Afganistán, Siria y Yemen encabezan la lista de este año con la puntuación de impunidad más alta, mientras que Finlandia, Dinamarca y Suecia con las puntuaciones de impunidad más bajas. En la región, el peor situado es Venezuela, que ocupa el puesto número 11 en todo el mundo.

“El Atlas de la Impunidad proporciona por primera vez datos independientes, creíbles y verificables sobre cinco dimensiones de la impunidad. La democracia frente a la autocracia y otros paradigmas populares no bastan para explicar el abuso de poder generalizado, ni siquiera dentro de las democracias poderosas”, afirmó David Miliband, ex secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido y co-presidente del Consejo Asesor del Atlas. Y agregó: “El prisma de la impunidad y la rendición de cuentas capta la naturaleza multidimensional de los desafíos globales y la elusión de la responsabilidad pública. La impunidad prospera en la oscuridad; este Atlas es una herramienta para arrojar luz sobre el abuso de poder y suscitar un debate sobre qué hacer al respecto”.

Los indicadores de conflicto y violencia elevan los niveles de impunidad en muchos países de la región.

Venezuela -advierte el Atlas- es un país especialmente afectado por la impunidad. Ocupa el puesto 11 en el Atlas, lo que refleja un nivel de impunidad superior al de Haití (15º) y al de Nicaragua (38º), en gran medida como resultado del régimen autoritario de Nicolás Maduro, que ha intensificado la represión incluso mientras adopta un enfoque más pragmático de la economía.

El régimen de Maduro, de hecho, se encuentra entre los cinco países con peores resultados en la dimensión de gobernanza sin rendición de cuentas -sólo por detrás de Corea del Norte y por delante de Myanmar-, “algo que es poco probable que cambie en un futuro próximo”, advierte el Atlas. Y agrega: “Es poco probable que Maduro acepte unas elecciones presidenciales competitivas en 2024, dados los elevadísimos costes de salida personales asociados a la pérdida del poder. Entre ellos se incluye la perspectiva de un enjuiciamiento internacional en respuesta a los abusos del régimen”.

Los países centroamericanos también ocupan los primeros puestos del Atlas, con las notables excepciones de Costa Rica y Panamá, cuyos niveles de impunidad mucho más bajos los sitúan en los puestos 131 y 114, respectivamente. Los países del Triángulo Norte son especialmente propensos a la influencia presidencial o de las élites sobre las instituciones, incluidos los tribunales, mientras que la sociedad costarricense se caracteriza por ser fuertemente democrática, aunque tiende a sufrir un estancamiento político. Además, Costa Rica no ha sufrido conflictos violentos desde el final de su guerra civil en 1948, tras la cual eliminó sus fuerzas armadas y reorientó el gasto en defensa hacia la educación y los programas sociales.

Mientras tanto, Brasil -que tiene la mayor población y economía de la región- ocupa el puesto 70 del Atlas, con un nivel de impunidad ligeramente peor que la media. “Brasil sale bastante bien parado en las dimensiones de explotación económica y degradación medioambiental (104º y 128º, respectivamente), pero la clasificación general del país se resiente debido a dos problemas principales. En el frente socioeconómico, la corrupción sistemática y los delitos de cuello blanco son frecuentes, mientras que la aguda desigualdad sigue obstaculizando las mejoras en otros ámbitos”, asegura le estudio.

En cuanto a la política medioambiental, Brasil ha intentado promover sistemas agrícolas sostenibles, pero sufre altos niveles de deforestación y tiene una huella de carbono consecuente. Sin embargo, dado el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, las políticas del país en materia de deforestación pueden cambiar sustancialmente.

Brasil tiene un nivel de impunidad inferior al de Colombia y México, que ocupan los puestos 53 y 45, respectivamente. Sin embargo, los tres obtienen una mala puntuación en conflicto y violencia, principalmente debido a los altos índices de delincuencia y a los conflictos relacionados con el narcotráfico.

México es el quinto país del mundo con mayor índice de impunidad en esta dimensión, mientras que Brasil es el noveno y Colombia el duodécimo. Brasil, México y Colombia también obtienen una mala puntuación en la dimensión de abuso de los derechos humanos, situándose en los puestos 64, 33 y 52, respectivamente. “Estos resultados negativos se deben a la falta sistémica de igualdad de trato legal y a los altos niveles de discriminación. México y Colombia también obtienen una mala puntuación en el indicador de desapariciones por motivos políticos”.

Chile y Argentina, por su parte, ocupan los puestos 124 y 120 del Atlas. Argentina obtiene mejores resultados en la dimensión de degradación medioambiental, pero tiene un grado relativamente alto de problemas de seguridad. Por su parte, Chile obtiene buenos resultados en las dimensiones de explotación económica y gobernanza sin rendición de cuentas, aunque su nivel de desigualdad es elevado.

Uruguay es un caso de éxito en términos de rendición de cuentas para los países sudamericanos. Situado en el puesto 136 del Atlas, es el país latinoamericano con mejores resultados y se encuentra en mejor posición que varios países con un PIB per cápita más elevado, como Italia, Corea del Sur, Grecia, Israel y Estados Unidos. “Esto se debe principalmente al régimen democrático estable del país, que ha promulgado una serie de políticas públicas sólidas y cuenta con instituciones para salvaguardar los derechos humanos, la justicia económica y la rendición de cuentas”.

Con una clasificación Atlas de 27, Rusia tiene el nivel de impunidad más alto de su región, resultado de las bajas puntuaciones obtenidas por los conflictos y la violencia, el abuso de los derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas en la gobernanza.

Poco más de 30 años después del colapso de la Unión Soviética, sus Estados sucesores se encuentran en un punto de inflexión. La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 sumió a la región en una crisis militar, diplomática y económica y espoleó a muchos países vecinos a reducir su dependencia económica o incluso de seguridad de Rusia. Con el tiempo, este cambio elevará el perfil de otros actores geopolíticos de la región, especialmente China, que probablemente no presionará a sus socios para que lleven a cabo reformas políticas o institucionales internas. Aun así, muchos de estos Estados se preguntan si salir de la sombra de Rusia puede aportar mejoras en el Estado de derecho u otros parámetros clave de Atlas, como la justicia medioambiental.

Según detalla el informe, Rusia ha entrado en un periodo peligroso e incierto. Vladimir Putin está intentando consolidar lo que él y gran parte de la seguridad nacional rusa consideran su legítima esfera de influencia. Sin embargo, el bajo rendimiento del ejército ruso, combinado con la alta moral ucraniana y el apoyo militar de los gobiernos occidentales, está hundiendo a Rusia en un conflicto a largo plazo. El esfuerzo también está arrastrando a la economía rusa a la recesión. Esto se debe en gran parte a que la UE, Estados Unidos y sus aliados han impuesto a Rusia las sanciones más duras jamás impuestas a una economía del G20, condicionando su retirada a un acuerdo de paz aceptable para Ucrania.

En las circunstancias actuales, la opinión pública rusa se enfrenta a una represión política y a unos costes económicos que no se veían desde el colapso soviético.

Durante gran parte de la etapa de Putin en el poder, el gobierno ofreció la promesa de estabilidad política y económica a cambio de la aquiescencia al control autoritario de instituciones nominalmente democráticas. Esa estabilidad ha dado paso al estancamiento, y el sistema se ha vuelto dependiente de un solo hombre en la cima. Ahora, los rusos se enfrentan a la perspectiva de un servicio militar obligatorio, cuya primera oleada duró de septiembre a octubre de 2022, mientras que los medios de comunicación en línea se enfrentan a los controles de censura más severos hasta la fecha en la Rusia moderna. Esto incluye penas de hasta 15 años de prisión por difundir lo que las autoridades consideran información falsa sobre las fuerzas armadas.

La investigación denuncia que el espacio para las protestas es más reducido que nunca, y el líder de la oposición Alexei Navalny permanece en una prisión de máxima seguridad, cumpliendo una condena de nueve años tras ser declarado culpable de cargos dudosos en marzo de 2022.

Los elevados precios de la energía están ayudando al Gobierno a engrosar su presupuesto y evitar los peores escenarios económicos. Pero con pocas perspectivas a corto plazo de que se eliminen las amplias sanciones económicas y de que los principales clientes de Rusia en Europa reduzcan su dependencia de la energía nuclear, hay pocas posibilidades de que las industrias intensivas en capital humano crezcan y reduzcan la dependencia del país del petróleo, el gas y los minerales. Y dada la mayor dependencia de Rusia de las exportaciones de materias primas, es improbable que cualquier plan previo para reducir las emisiones de carbono o reforzar las protecciones medioambientales logre avances significativos.

Con su 48ª posición en la clasificación, China se sitúa en el nivel medio-alto de la distribución mundial de puntuaciones de impunidad. Entre los países de Asia Oriental, tiene la segunda puntuación más alta en impunidad después de la de Corea del Norte y la más alta entre las naciones clasificadas de la región.

En las cinco dimensiones, China ocupa un discreto lugar en conflicto y violencia (112º) y cerca de la mitad del pelotón en explotación económica (72º) y degradación medioambiental (70º). Sin embargo, obtiene malos resultados en gobernanza irresponsable (48º) y abuso de los derechos humanos (10º).

China no ha librado ninguna guerra civil ni conflicto externo en más de cuarenta años, lo que contribuye a su baja puntuación en conflictos y violencia. “Pero si decidiera invadir Taiwán en el futuro, su puntuación empeoraría significativamente”, adelanta el estudio.

La puntuación relativamente baja en explotación económica muestra que el rápido crecimiento económico de China entre los años 1990 y 2010 ha reducido drásticamente la pobreza y el hambre. Pero la economía del país se enfrenta a varios retos, que pueden elevar la puntuación si no se abordan: “El crecimiento se ve limitado por las secuelas de la ya desaparecida política de “COVID cero”, un sector inmobiliario en dificultades, una grave desigualdad de ingresos, un exceso de capacidad y unos niveles de productividad en declive”.

Los malos resultados de China en la dimensión de gobernanza sin rendición de cuentas reflejan un sistema político autoritario y una corrupción generalizada. “Xi ha ido consolidando el poder en sus manos desde 2012 y controla elementos clave en la toma de decisiones de política interior y exterior. Sus campañas anticorrupción han abordado algunos problemas de gobernanza legítimos para el público, pero al mismo tiempo han marginado a sus rivales políticos”. Tras el XX Congreso del Partido, Xi seguirá dominando los altos órganos del partido. “Teniendo en cuenta estas tendencias, es probable que la puntuación de la gobernanza irresponsable de China se deteriore aún más”, aseguran los especialistas.

La baja puntuación en degradación medioambiental refleja la condición de China como mayor emisor de carbono del mundo y su continua dependencia del carbón y otras fuentes de combustible convencionales. El país sufre frecuentes catástrofes naturales, como inundaciones y graves sequías, y padece una grave contaminación atmosférica. En medio de la guerra de Ucrania y el empeoramiento de las relaciones de China con Occidente, Pekín está dando prioridad a la seguridad energética a corto plazo frente a sus objetivos de neutralidad de carbono a largo plazo, lo que afecta negativamente a su puntuación.

Según las mediciones del Atlas de la Impunidad, China ocupa el décimo peor lugar del mundo en materia de derechos humanos. “El Estado chino dedica inmensos recursos a su seguridad interna. Consiente la tortura, la pena capital, la detención arbitraria, la censura, la vigilancia masiva y ofrece escasa protección a mujeres, niños y minorías”.

Además, agrega que es probable que la actual detención masiva de uigures y otros musulmanes turcos en Xinjiang provoque un mayor deterioro de la situación de China en materia de abusos contra los derechos humanos. “El Estado chino es uno de los regímenes más opresivos del mundo, pero es capaz de ocultar a la vista del mundo todo el alcance de su impunidad”, asegura el Atlas.

En la cima del Top 10 de los más impunes del mundo está Afganistán, lo siguen Siria, Yemen, Myanmar, República Centroafricana, Sudán, Irak, Burundi, Congo - Kinshasa y Chad.

En el puesto 11 de mayor impunidad del planeta está Venezuela, el único de la región tan mal calificado.

Y el país con menos impunidad del mundo es Finlandia, en el puesto 163. Lo siguen, con muy buenas calificaciones, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Irlanda, Austria, Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelanda.

(Texto en inglés)

El Consejo Asesor del Atlas de la Impunidad está co-presidido por David Miliband, líder del Comité Internacional de Rescate (IRC) y ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido; y Mónica Pinto, Profesora de Derecho argentina, ex relatora especial de la ONU sobre la independencia de los abogados y los jueces. Además lo integran Shirin Ebadi, Abogada y activista iraní; galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003; Oby Ezekwesili, ex ministra nigeriana y cofundadora de Transparencia Internacional; Maina Kiai, abogado keniano, director de Alianzas y Asociaciones de Human Rights Watch, ex relator especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; DeRay Mckesson, activista y podcaster estadounidense, cofundador de la Campaña Cero para acabar con la brutalidad policial y partidario del movimiento Black Lives Matter; Ivo Daalder, presidente del Chicago Council on Global Affairs, ex representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN; y por dos expertos anónimos (por razones de seguridad) en Asia y Oriente Medio.

Seguir leyendo: