La Auditora Financiera del Estado de República Democrática del Congo (RDC) ha exigido a China más de 17.000 millones de dólares tras denunciar incumplimientos, por parte del régimen de Beijing, del acuerdo de infraestructuras a cambio de la explotación de minerales congoleños firmado por ambos países en 2008.
El acuerdo, concretamente, obligaba a las empresas estatales chinas Sinohydro Corp (Ingeniería) y China Railway Group Limited (Ferrocarriles) la construcción de carreteras y hospitales a cambio de una participación del 68% en Sicomines, una empresa conjunta de cobalto y cobre con la empresa minera estatal del Congo, Gecamines.
El informe presentado por la Auditora estima que el país no ha recibido de China una compensación adecuada por la explotación de sus reservas de cobre y cobalto. De acuerdo con el documento, recogido por Bloomberg, los socios chinos han desembolsado solo unos 870 millones de dólares en concepto de financiación de infraestructura durante los últimos 14 años en obras que “en su mayoría, no han tenido impacto visible en la población”.
El informe entiende que la inversión china en infraestructura debería ser de “al menos de 20.000 millones de dólares” dado el valor de los depósitos de minerales extraídos en relación a un acuerdo cuyas cifras iniciales rondaban los 3.000 millones de dólares.
La auditora aprovecha para acusar a las compañías chinas de malas prácticas financieras como la ejecución de un desplome de precios contrario a las prácticas competitivas (o “dumping”) y recomiendan multas de casi 110 millones de dólares por saltarse los controles de capital de las autoridades congoleñas.
La Auditora no tiene capacidad legal para imponer sus recomendaciones pero las conclusiones del informe podrían impulsar al gobierno congoleño a renegociar un acuerdo concebido en su momento como una necesidad imperiosa para reactivar la economía del país africano tras años de conflicto.
En este sentido, y en un comunicado de respuesta, Sicomines cuestiona “tanto la competencia de la Auditora” para estos casos “como el procedimiento seguido” en una investigación que, en opinión de la compañía, supone una “violación de sus derechos”, recoge en su cuenta de Twitter.
El informe “ignora el mecanismo puesto en marcha por la RDC a través de Acuerdo de Colaboración y los derechos otorgados a Sicomines, y en particular su derecho a ser atendida” en este procedimiento, “perjudicando en última instancia los intereses del país y del pueblo congoleño”.
Así pues, Sicomines comenzará un procedimiento de evaluación con vistas a emprender “acciones a tomar para proteger sus derechos” antes de recordar que RDC “es un Estado de derecho donde el derecho a la defensa está consagrado y garantizado por la Constitución.
“En particular, la seguridad de los bienes privados, nacionales o extranjeros, está garantizada en la RDC y los compromisos adquiridos con respecto a los inversores no pueden ser burlados”, ha concluido.
El embajador saliente de China en el país, Zhu Jing, defendió el mes pasado la labor de las empresas en el país africano. Según sus estimaciones, desde la puesta en marcha del acuerdo han estado involucradas en prácticas comerciales por valor de casi 10.000 millones de euros y creado más de 11.000 puestos de trabajo, según declaraciones a Bloomberg.
(Con información de Europa Press)
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