Europa observa mientras crece la presión social sobre Macron por su reforma jubilatoria

“Un número creciente de manifestantes, eso no cambia la situación”, se apresuró a evaluar un ministro del gabinete nacional francés cuando corría la segunda protesta en contra de la reforma de pensiones este martes.

A pesar de la masiva convocatoria en toda Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se aferra a la idea de no ceder en su intención de lograr la aprobación de su texto, iniciativa que desde el lunes se debate en la Asamblea Nacional.

Escuelas, transporte público, centrales eléctricas, refinerías, los principales sectores sindicales franceses, junto a miles de disconformes con el proyecto presidencial, prometieron un país bloqueado antes de permitir que la iniciativa para cambiar las reglas del retiro logre luz verde en el cuerpo legislativo.

Con motivo de una nueva jornada de huelgas y manifestaciones contra este proyecto, los gremialistas avisaron desde el arranque de la convocatoria que la movilización era mayor a la del 19 de enero. Entre 1.272 millones -según las autoridades del Ministerio del Interior - y 2,8 millones de franceses -según los sindicatos- marcharon para oponerse a la reforma que prevé en particular el aplazamiento de la edad legal de jubilación a 64 años. En París, eran 150.000 manifestantes según la Prefectura de Policía mientras que la CGT, en nombre de la intersindical, contabilizó 500.000.

Para esta segunda convocatoria los datos son incontrastables. Más de 200 multitudinarias convocatorias en todo el hexágono buscaron ratificar que la oposición a la iniciativa gubernamental va en crecimiento. Las encuestas publicadas en los principales medios franceses señalan que al menos 6 de cada 10 franceses se oponen a la gran reforma de Macron. Otro rasgo de un jornada, con algunos puntos críticos, fue que manifestantes experimentados se cruzaron con jóvenes, que incluso sin estar aún en el mundo laboral, sienten que esta iniciativa compromete su futuro.

Pero la magnitud del enfado no es sólo una cuestión en Francia. Europa mira con atención el ensayo que sobrevuela en la atmósfera parisina. El gobierno europeo en Bruselas estudia con atención el intento del gobierno galo, cuando también observa lo que pueda suceder con una reforma similar que debe encarar el ejecutivo en España.

Francia es uno de los países europeos con la edad ordinaria de jubilación más baja, según los últimos datos publicados por Eurostat. Al mismo tiempo, en su economía resalta la baja productividad en comparación con otras naciones del norte europeo. Las enormes regulaciones, leyes laborales poco dinámicas, están haciendo que el tejido productivo se vuelva poco permeable a las inversiones. Por eso el pulso del avance de la reforma excede las fronteras de la quinta República.

La longevidad, una esperanza de vida que se proyecta favorablemente en la mayoría de las naciones, es un desafío para los equilibrios de los sistemas jubilatorios. En ese sentido, Francia se coloca como el tercer país que más destina a partidas de retiro en Europa, con el 14,3% del Producto Interior Bruto (PBI), sólo detrás de Grecia e Italia.

La contundente presencia de franceses en esta nueva jornada, pone a Macron prácticamente en pie de guerra con los disconformes. El inquilino del Palacio del Elíseo debe enfrentarse al dilema de negociar retoques en su proyecto, entre ellos el umbral de 64 años para el retiro, o declinar la madre de todas sus batallas si el país entra en un virtual bloqueo.

De hecho, las ocho confederaciones (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires y FSU), pocas veces antes cohesionadas frente a una misma bandera, han adelantado, poco después de finalizada la protesta, dos nuevas movilizaciones interprofesionales: el martes 7 de febrero, al día siguiente la presentación del texto en sesión de la Asamblea Nacional— y el sábado 11 de febrero.

“Esta segunda movilización exitosa de hoy demuestra la profunda ira que recorre el país. El gobierno todavía no quiere escucharlo y retirar su reforma, por lo que estamos intensificando las manifestaciones “, dice Frédéric Souillot, secretario general de Fuerza Obrera (FO).

Aunque no hubo un expreso balance hecho público, la cúpula gubernamental no quiere mostrarse conmovida por las cifras del dia. La importante manifestación hasta el momento no ha hecho vacilar al gabinete de Macron, que alejada de los micrófonos, dejó trascender que apunta a la caída de las huelgas, a pesar de un número de mayor de movilizados.

La presencia de gente no fue seguida por un mayor cese de actividades a la convocatoria del 19 de enero. El país no quedó en absoluto bloqueado, decían funcionarios oficiales, que al mismo tiempo reconocían que la presencia de concurrentes aumentó por todo el país. “Esto no nos hará retroceder”, el Ejecutivo así manifestaba su creencia en el avance de su reforma pese a la fuerte movilización.

Ahora el turno es del Parlamento insiste el oficialismo. La primera ministra, Elisabeth Borne la noche del martes, remarcaba la importancia del debate político en un mensaje en Twitter: “La reforma de las pensiones plantea interrogantes y dudas. Los escuchamos. El debate parlamentario se abre. Permitirá, en la transparencia, enriquecer nuestro proyecto con un objetivo: asegurar el futuro de nuestro sistema de reparto”.

Para los gremialistas el gobierno no detendrá su impulso, salvo que se enfrente a un bloqueo del país. Muchos miran con atención los próximos movimientos de sectores “sensibles”. En las refinerías de Total Energies, que en otoño pasaron bloquearon parcialmente el país, los huelguistas pararon entre un 75% y un 100% de huelguistas, según fuentes gremiales. Algunos apuestan a un paro con bloqueo de los trabajadores hidrocarburíferos y, de esta manera, generar un malestar en la actividad económica de todo pais.

¿Cuál es la estrategia del gobierno? En voz alta un influyente asesor, según recoge el diario capitalino Le Parisien, reflexiona que “nos jugamos sin aliento, con el riesgo de que el movimiento se endurezca por parte de la franja sindical más radical, o miramos qué se puede mejorar”.

Antes de cambiar de opinión agregó: “En la medida en que los manifestantes se oponen radicalmente a la medida de edad en 64 años sobre la que no nos moveremos, apenas veo salida por este lado. Un ministro insiste: “Hay que agarrarse al corazón de la reforma, hacer ajustes y entablar discusiones en las grandes empresas públicas para desinflar el malestar”

El gabinete de Macron tiene una necesidad: alcanzar el equilibrio en el sistema, amenazado por un déficit de hasta 14.000 millones a partir de 2030 si no se reconduce la situación. Según la legislación actual, el periodo de cotización debe establecerse en 43 años a partir de 2035, pero el Gobierno de Macron quiere adelantar este calendario y exigir 43 años cotizados a partir de 2027. Todas aquellas personas que no hayan cotizado todo este tiempo verán su pensión reducida.

Las cartas del gobierno y el sindicalismo están sobre la mesa. Sin embargo, y como última instancia, el gobierno tiene el recurso al arma constitucional del artículo 49.3 para que se apruebe la reforma de las pensiones sin tratamiento legislativo, casi un decreto, pero en una jugada que acrecentaría la ira social.

Como si fuera poco, Borne también podría sacar un artículo de la Constitución que nunca se ha utilizado en la historia de la quinta República: 47.1. La utilización de esta disposición, un artículo desconocido de la Constitución, permite que el gobierno, tras “un plazo de 20 días después de la presentación de un proyecto de ley”, se apodere del Senado si la Asamblea Nacional no ha terminado de examinar el texto dentro del tiempo establecido.

Esto equivale, a que los legisladores de la Cámara Alta puedan ejercer el control sobre la reforma, en lugar de los diputados. Muy buena noticia para el ejecutivo ya que el Palacio de Luxemburgo, con mayoría de derecha, tendría la llave para la aprobación.

En todos los casos, el futuro del segundo quinquenio del gobierno de Emmanuel Macron está en tensión. En esta reforma se va su prestigio de un líder que ha llegado para transformar a una Francia reacia a los cambios y que sospecha que cada proyecto erosiona aún más las garantías de un estado de bienestar en cierto estado de “corrosión”.

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