El documental que censura el primer ministro indio Narendra Modi para que nadie lo vea

La última semana, el gobierno indio censuró Internet y llegó al punto de dejar barrios enteros de Nueva Delhi sin luz para que nadie pueda ver un documental de la BBC. Ordenó a YouTube que retirara fragmentos del video. Envió una orden similar a Twitter, indicando a esa plataforma que eliminara cualquier tuit que contuviera enlaces a esos clips. El documental, titulado “India: The Modi Question”, retrata una serie de violentos disturbios en el estado occidental indio de Gujarat en 2002. Murieron más de mil personas, la mayoría musulmanas. El film revela informes confidenciales del gobierno británico en los que se describen los disturbios como “propios de una limpieza étnica” y se responsabiliza “directamente” a Narendra Modi, el entonces nacionalista hindú ministro principal de Gujarat y que hoy es el Primer Ministro de la India.

Según las órdenes del Ministerio de Información y Radiodifusión de la India, los fragmentos del documental y los tuits que hacían referencia a ellos debían eliminarse en virtud de las leyes sobre tecnologías de la información que el gobierno de Modi puso en marcha en 2021. Según un informe, altos funcionarios de diferentes ramas del gobierno revisaron el documental y consideraron que era “un intento de poner en entredicho la autoridad y credibilidad del Tribunal Supremo de la India, sembrar divisiones entre varias comunidades indias y hacer acusaciones infundadas sobre las acciones de gobiernos extranjeros en la India.” Un funcionario declaró a The Hindu que el documental socava “la soberanía y la integridad de India” y podía “afectar negativamente al orden público en el país”.

El documental que fue emitido en dos partes la última semana por la BBC, narra el episodio por el que murieron más de 2.000 personas, la gran mayoría de la minoría musulmana, durante tres días de violencia interétnica. Todo comenzó el 27 de febrero de 2002 cuando fue atacado un tren en el que regresaban peregrinos hindúes desde la ciudad de Ayodhya, donde se había llevado a cabo un festival religioso. Allí perdieron la vida 58 personas. Fue cuando los hindúes responsabilizaron a los musulmanes del hecho y comenzaron a atacarlos. El informe oficial dice que en los días siguientes murieron 1.044 personas, otras 223 desaparecieron y 2.500 quedaron heridas. También se registraron cientos de violaciones y la destrucción de barrios enteros. Testigos independientes dijeron que la cifra de víctimas es mucho más alta. La violencia étnica ya estaba instalada en ese estado cuando Modi ocupaba el puesto de ministro responsable de la seguridad y comenzaba su ascenso en las filas del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP).

En el documental aparece, Jack Straw, quien era el canciller del Reino Unido en esa época, y asegura que “el ministro jefe Modi desempeñó un papel muy activo en la retirada de la policía y en alentar tácitamente a los extremistas hindúes”. Entre los muertos hubo tres ciudadanos británicos y eso le permitió al gobierno de Londres enviar en ese momento un equipo de investigación a Gujarat. El informe que elaboraron indica que el objetivo de los disturbios fue “purgar a los musulmanes de las zonas hindúes”, algo que, la oposición asegura que ahora se convirtió en una política de Estado bajo la agenda nacionalista hindú del BJP. El Reino Unido impuso sanciones contra Modi durante diez años que terminaron en 2013.

El portavoz de la cancillería india, Arindam Bagchi, respondió que el documental pretendía impulsar una “narrativa desacreditada”. Y agregó que la “parcialidad”, la “falta de objetividad” y la “continua mentalidad colonial” son “descaradamente visibles” en él. “Nos hace preguntarnos por el propósito de este ejercicio y la agenda que hay detrás, y no deseamos dignificar tales esfuerzos”, dijo en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. La cadena británica BBC aclaró que “el documental fue rigurosamente investigado de acuerdo con los más altos estándares editoriales”. En el video aparece varias veces el propio Modi dando su posición sobre lo sucedido.

En 2012, una comisión investigadora que había sido seleccionada por la Corte Suprema de Justicia india exoneró a Modi de todos los cargos. Un año más tarde aparecieron documentos incriminatorios que habían sido desechados por la comisión, pero la Corte Suprema volvió a actuar y cerró definitivamente el caso en 2014, cuando Modi se convirtió en primer ministro. Desde entonces se registró un incremento significativo en los ataques contra los musulmanes, que constituyen el 15% de los 1.400 millones de habitantes de India.

En el fondo, la batalla es por sobre la libertad de expresión y se libra en las redes sociales. India tiene varias leyes que otorgan a los funcionarios la autoridad para ordenar a los proveedores de información que retiren o bloqueen el acceso a contenidos, incluida la Ley de Tecnología de la Información de 2000, que permite al gobierno bloquear contenidos “en interés de la soberanía y la integridad de India, la seguridad del Estado y el orden público.” Otra ley adicional que el gobierno de Modi aprobó en 2021 se presenta a sí misma como un “código ético de los medios digitales” que obliga a las plataformas de redes sociales a retirar contenidos en un plazo de treinta y seis horas tras recibir una orden del gobierno y a ayudar a las fuerzas de seguridad en sus investigaciones. También se exige a las empresas extranjeras de medios sociales que contraten a un empleado local que pueda gestionar estas solicitudes oficiales. “Algunos críticos la han calificado de ‘ley de toma de rehenes´, ya que estos empleados locales podrían acabar en la cárcel si sus empleadores se niegan a cooperar”, explica en un artículo la Columbia Journalism Review.

Estas leyes “mordaza” se pusieron en práctica, por ejemplo, en 2021 cuando se registraron enormes protestas de los agricultores. En ese momento, Twitter eliminó más de quinientas cuentas que habían publicado comentarios críticos sobre Modi y el gobierno; la empresa también utilizó su función de “país retenido”, una herramienta de bloqueo geográfico, para ocultar los tuits de usuarios ubicados en India. Aunque un año más tarde, con otro caso de intento de censura, la ahora empresa de Elon Musk demandó al gobierno indio. En la demanda se calificaba la orden de excesivamente amplia, arbitraria y desproporcionada. Twitter argumentó que los contenidos en cuestión eran comentarios políticos, críticas o de interés periodístico, por lo que no debían retirarse. El caso todavía está en la justicia. Pero el gobierno mantiene la censura sobre varios sitios, entre ellos el de la prestigiosa revista opositora The Caravan (caravanmagazine.in)

Desde entonces, aumentó la censura en todas las redes sociales, particularmente las de origen indio o globales con oficinas locales. El gobierno de Modi propuso al congreso una ley por la que tendría el poder de eliminar cualquier tipo de contenido que considere “antinacional”, un concepto de una amplitud extraordinaria. El Gremio de Editores de la India dijo que la ley “reprimirá las críticas legítimas al gobierno y tendrá un impacto adverso en la capacidad de la prensa para exigir responsabilidades a los gobiernos”. Obviamente que India no está sola en este camino de censurar las redes sociales. Vietnam y Pakistán ya tienen normas sobre las llamadas “noticias falsas” que dan a sus respectivos gobiernos amplia libertad para eliminar contenidos, u obligar a las empresas a hacerlo, en nombre del “orden público y la seguridad”. Brasil y Polonia están estudiando leyes similares. Y el gobierno turco de Recep Tayyip Erdoganimpulsa una ley que amenaza con largas penas de cárcel a los autores de artículos y publicaciones en redes sociales que “difundan información inexacta” y generen “miedo” y “pánico” en ámbitos como la “seguridad interior y exterior”, el “orden público” y la “salud pública”.

Modi utlizó el amplio poder que ya tiene para controlar la libertad de expresión y el nuevo Twitter de Elon Musk obedeció. La plataforma accedió a la petición del gobierno indio de retirar los enlaces al documental de la BBC. También fueron bloquedas las cuentas donde se reproducían partes del video en You Tube y Facebook. Y lo más insólito ocurrió cuando un grupo de estudiantes de la universidad de Nueva Delhi organizó la exhibición del documental en una pantalla gigante que habían levantado en el medio del campus. En el momento en que debía comenzar la proyección, la policía cortó el suministro de electricidad. Y por un error, también dejaron por varias horas sin luz a populosos barrios cercanos. Aunque varios partidos de la oposición recurrieron a otro recurso: se mueven con camiones que llevan pantallas gigantes y organizan exhibiciones públicas en mercados populares donde no llega la censura.

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