El Gobierno de Francia ha denunciado este viernes irregularidades en el juicio en Nicaragua contra dos mujeres con doble nacionalidad, condenadas a ocho años de cárcel por conspirar contra la integridad del Estado y difundir noticias falsas.
Las autoridades galas ya habían expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación de Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, esposa e hija, respectivamente, del opositor nicaragüense Javier Alberto Álvarez Zamora, en el exilio.
El Ministerio de Exteriores de Francia ha denunciado que el embajador galo no ha tenido acceso al proceso, “a pesar de las varias demandas” formuladas a las autoridades de Nicaragua, fruto de una “opacidad” que ha llevado a que todas las vistas se celebrasen a puerta cerrada.
Asimismo, las autoridades de Francia están “muy preocupadas” por las condiciones en que permanecen detenidas las dos mujeres y por su estado de salud. De hecho, han advertido de que no ha habido ningún acceso consular a ninguna de ellas, lo que contravendría las Convenciones de Viena.
“Deploramos que pese a varias peticiones ante las autoridades nicaragüenses, no se autorizó a nuestro embajador acceder al juicio, cuya opacidad también lamentamos”, indicó en rueda de prensa la portavoz de la diplomacia francesa.
El Ministerio “está plenamente movilizado para darles todo el apoyo posible”, ha subrayado una portavoz.
Jeannine Horvilleur, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, fueron detenidas el 13 de septiembre en Managua.
Las dos mujeres, así como el marido de la hija, Félix Roiz, fueron juzgados por “traición a la patria”, “menoscabo a la soberanía nacional” y “difusión de noticias falsas por redes sociales”, según Álvarez. Roiz fue condenado a 10 años.
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua, en medio de una crisis política nacida al albor de las protestas que estallaron en 2018 contra el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
En el caso de Javier Álvarez, un ex economista nicaragüense exiliado en Costa Rica, la policía detuvo en septiembre a sus tres familiares en su hogar en Managua, al no encontrarlo a él. Desde entonces están en prisión.
La captura de críticos de Ortega se inició después de abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido a que respondió con la fuerza.
Esas manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH, dejaron al menos 355 muertos, de los cuales Ortega, quien ha dicho que se trató de un intento de golpe de Estado, ha admitido 300 víctimas.
La crisis de 2018 se agudizó en los años siguientes con elecciones nacionales y municipales señaladas de supuestos fraudes por la oposición excluida y buena parte de la comunidad internacional.
(Con información de AFP, EFE y EP)
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