Occidente continúa aumentando la presión contra el régimen de Irán por la brutal represión de las protestas ciudadanas por la muerte bajo custodia policial de la joven Masha Amini, arrestada por no llevar bien el velo. Este lunes, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) anunciaron nuevas sanciones contra altos funcionarios de la República Islámica.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al viceministro de Inteligencia de Irán, Naser Rashedi, y a una fundación vinculada a la Guardia Revolucionaria, así como a los funcionarios encargados de dicha fundación.
Estas sanciones coordinadas con la Unión Europea (UE) y el Reino Unido bloquean todas sus propiedades en Estados Unidos y les prohíben cualquier tipo de transacción económica o comercial.
Es la novena ronda de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos desde el inicio de las protestas en septiembre del año pasado.
Rashedi fue sancionado por actuar en nombre del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, un ente sancionado desde 2012 por “su rol central en los abusos a los derechos humanos del pueblo iraní”, indicó el Tesoro en un comunicado.
Según Estados Unidos, los agentes de este ministerio han tratado de suprimir las actuales protestas antigubernamentales con prácticas que incluyen golpes, abusos sexuales, censura y confesiones forzadas de presos.
El Tesoro también sancionó a la Fundación Cooperativa de la Guardia Revolucionaria, un conglomerado económico vinculado a este cuerpo de seguridad que está presente en diversos sectores de la economía iraní.
También fue designada por Estados Unidos la dirección de esta fundación, así como cuatro funcionarios encargados de la seguridad en varias provincias del país persa.
El Gobierno británico, en tanto, anunció la imposición de más sanciones a funcionarios iraníes, incluido el fiscal general adjunto Ahmad Fazelian, en represalia por la violencia del régimen de Teherán, como la reciente ejecución del ex ministro de Defensa Alireza Akbari, de nacionalidad británica e iraní.
Con esta medida, que se une a otras impuestas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, hay una condena unánime de la comunidad internacional a la violencia que el régimen iraní está infligiendo a su propio pueblo, afirmó el Foreign Office en un comunicado.
Fazelian, indica la nota, es responsable de un sistema judicial marcado por juicios injustos y castigos atroces, incluido el uso de la pena de muerte con fines políticos.
En la lista de sancionados divulgada por el ministerio de Exteriores figura también Kiyumars Heidari, comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres de la República Islámica de Irán.
Heidari ha admitido públicamente su participación y la de su fuerza en la respuesta violenta a las protestas de noviembre de 2019 que provocaron la muerte de al menos cientos de manifestantes, y continúa para ordenar la represión en las actuales protestas.
También está Hossein Nejat, subcomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) del cuartel general de Sarallah (la división del IRGC responsable de la seguridad en Teherán), así como Salar Abnoush, comandante adjunto del Basij, la fuerza del IRGC que es movilizada por el liderazgo del régimen para imponer la brutal represión en las calles de Irán.
El comunicado agrega que Abnoush tiene control sobre las fuerzas del Basij y lidera tácticas represivas.
“Los sancionados hoy, desde las figuras judiciales que utilizan la pena de muerte con fines políticos hasta los matones que golpean a los manifestantes en las calles, están en el centro de la brutal represión del régimen contra el pueblo iraní”, señaló el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly.
“El Reino Unido y nuestros socios hemos enviado un mensaje claro a través de estas sanciones de que no habrá escondite para los culpables de las peores violaciones de derechos humanos”, indicó.
Por su parte, la Unión Europea sancionó a otras 37 personas y entidades de Irán por considerarlas responsables de la represión de las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Los ministros de Exteriores comunitarios, reunidos en Bruselas, dieron luz verde a la cuarta ronda de sanciones contra el régimen de Irán en el contexto de la situación de los derechos humanos en el país, que incluye nuevas medidas restrictivas contra 18 personas y 19 entidades.
La lista, ya publicada en el Diario Oficial de la UE a fin de que las sanciones entren en vigor, incluye a personalidades como el ministro iraní de Deporte y Juventud, Hamid Sajjadi, a quien la UE considera “responsable de presionar a los atletas de Irán para que guarden silencio y de impedirles hablar internacionalmente contra la represión” en el país.
La UE detalla que Sajjadi estuvo “involucrado personalmente” en el caso de Elnaz Rekabi, escaladora iraní que compitió sin velo en el Campeonato Asiático de Escalada en Seúl el pasado otoño de 2022.
Según la UE, tras la competición, Rekabi fue “engañada” para que entrara en el edificio de la Embajada de Irán en Seúl, donde su pasaporte y teléfono móvil fueron confiscados por orden de las autoridades iraníes.
A continuación, en Teherán, fue interrogada y se reunió con Sajjadi, momento en el que “fue obligada a hacer una declaración pidiendo disculpas por competir sin hiyab y fue amenazada con la confiscación de terrenos propiedad de su familia”, cuya casa se supo posteriormente que había sido demolida, apunta la UE.
Entre los altos cargos iraníes sancionados destacan varios gobernadores locales, algunos de ellos con pasado en las fuerzas locales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, así como parlamentarios, o el jefe de la Oficina Central para Ordenar el Bien y Prohibir el Mal (Oficina Central para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio), Mohammed Saleh Hashemi, entidad que también ha sido incluida en la lista negra.
Igualmente han sido sancionados directivos de la Sociedad de Radiodifusión de la República Islámica de Irán y varios miembros del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y de la paramilitar Fuerza de Resistencia Basij.
En esta ocasión, los ministros europeos no tomaron ninguna decisión sobre incluir a los Guardianes, como entidad, en su lista de organizaciones terroristas, como ha solicitado el Parlamento Europeo y ha respaldado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló a su llegada al Consejo que, para que se pueda considerar a la Guardia Revolucionaria como una entidad terrorista tiene que darse alguna sentencia en ese sentido en un tribunal de uno de los Estados miembros de la Unión, algo que aún no ha ocurrido.
En la lista de sanciones se ha incluido también a varios cuerpos regionales de la Guardia Revolucionaria y, también, a las Fuerzas Especiales de la Policía Iraní.
Igualmente, a empresas tecnológicas que se han puesto al servicio de la represión interna o a autoridades como la Autoridad Reguladora de la Comunicación, asociada al Ministerio iraní de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Tras conocer el voto en la Eurocámara la semana pasada que pedía considerar a nivel de la UE al cuerpo de élite iraní como terrorista, el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, informó este domingo de que el Parlamento iraní planea poner a miembros del ejército de los países europeos en la lista de terroristas como respuesta.
Las autoridades iraníes han respondido a las protestas sociales con una fuerte represión policial que ha causado casi 500 muertos y cerca de 20.000 detenidos, según oenegés establecidas fuera de Irán, a lo que se suma la ejecución de cuatro manifestantes.
La UE ya ha impuesto, desde la muerte de Amini, tres rondas de sanciones selectivas contra responsables iraníes a los que ha prohibido viajar a su territorio y ha congelado los activos que pudieran tener en los Estados miembros.
Las protestas han perdido fuerza de forma notable tras las ejecuciones de cuatro manifestantes y en las últimas semanas apenas hay movilizaciones en las calles de Irán.
(Con información de EFE)
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