El juez libanés encargado de la investigación de la explosión en el puerto de Beirut en 2020 inculpó a ocho personas este lunes luego de una suspensión del proceso durante 13 meses a causa de presiones políticas.
“El juez Tarek Bitar decidió retomar la investigación”, sobre la enorme explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos y arrasó barrios enteros de la capital libanesa, indicó a la AFP un alto funcionario judicial que habló bajo condición de anonimato.
El magistrado decidió inculpar a ocho personas, entre ellas dos altos cargos de seguridad: el director de Seguridad general, Abbas Ibrahim, y el jefe de la Seguridad del Estado, Tony Saliba, agregó la fuente, sin precisar bajo qué cargos fueron procesados.
En cambio, ordenó liberar a cinco personas que habían sido detenidas tras la enorme explosión, entre ellas el director de Aduanas, Chafic Merhi. Todas estas personas habían sido arrestadas tras el drama.
La investigación del juez Bitar estaba bloqueada desde diciembre de 2021 por una serie de procesos lanzados contra él por responsables políticos, y por una campaña dirigida por el grupo terrorista Hezbollah, fuerza política dominante en Líbano, que acusó al magistrado de no ser imparcial.
El lunes, Hussein Al-Jalil, consejero político de Hassan Nasrallah --el dirigente del Hezbollah-- calificó la investigación del juez Bitar de “mancha negra” en la justicia del país.
La fuente judicial agregó por su parte que “el juez Bitar realizó un estudio jurídico, en virtud del cual tomó la decisión de retomar la investigación, pese a los procesos lanzados en su contra”.
Gran parte de la población atribuyó la explosión, ocurrida en un almacén que albergaba centenares de toneladas de nitrato de amonio sin ninguna medida de precaución, a la corrupción y la negligencia de la clase dirigente.
Las autoridades libanesas se negaron a que se realizara una investigación internacional, como pidieron las familias de las víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Distintas organizaciones por los derechos humanos han acusado a los sospechosos de obstruir la investigación y han llamado a abrir una pesquisa internacional ante la falta de avances en el proceso doméstico transcurridos dos años y medio de la tragedia.
La semana pasada, varios familiares de las víctimas fueron detenidos por presunto vandalismo cometido durante una protesta para pedir justicia por sus seres queridos fallecidos en la explosión, lo que levantó fuertes críticas por la aparente doble moral de las autoridades.
Ex ministros y parlamentarios sospechosos en el caso se han negado a acudir a declarar ante Bitar, cuyo predecesor ya fue apartado de la investigación a petición de políticos imputados por la deflagración que devastó barrios enteros de la capital libanesa.
Con información de AFP y EFE
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