El desafío de Emmanuel Macron para imponer su impronta reformista en Francia

El Gobierno francés la ve como una reforma “justa” y “equilibrada”, al menos los valores que repite el elenco gubernamental para justificar la iniciativa para modificar el sistema de pensiones. Sin embargo, con la movilización masiva de este jueves en toda Francia, nadie sabe si la propuesta avanzará o la presión social logrará torcer los trazos gruesos de este proyecto. Será otro intento o finalmente prevalecerá la iniciativa de un Gobierno que quiere presentarse como “transformador”.

Los sindicatos esperan que lo visto sea lo suficientemente “poderoso” como para hacer retroceder al Ejecutivo, que prevé en particular el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años. Los dirigentes gremiales se felicitan por el “éxito” y prometen que irán hasta el final con toda determinación.

“Más de 2 millones de personas” se manifestaron en todo el hexágono, sostuvo el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, mientras que la cifra del Ministerio del Interior no estuvo disponible de inmediato. Al menos 200 manifestaciones tuvieron lugar en todo el país, en su mayoría sin disturbios. Sólo se reportaron algunos enfrentamientos, tensiones o daños en París, Lyon y Rennes. Al final del día, los despachos oficiales reconocían 1,12 millones de manifestantes en todo el país. Unas 80.000 personas marcharon por las calles de París.

Dejando de lado el número, una cosa es segura: la persistencia de la administración de Emmanuel Macron para sostener un cambio en las jubilaciones ha hecho homogénea la reacción de los movimientos sociales, unificados tras un rechazo que sostienen, se prolongará en el tiempo. Por eso, 8 organizaciones confederales se han convertido en un bloque. Una primera demostración de fuerza tras el nuevo intento para darle vida a la promesa de campaña que Macron repitiera antes de renovar en el Palacio del Elíseo.

El jefe de Estado, que viajaba este jueves a Barcelona para la firma de un histórico acuerdo entre Francia y España, defendía una reforma de los retiros con el argumento de ser “justa y responsable”. El mandatario también hacía saber que esperaba que las manifestaciones se realizaran “sin demasiados inconvenientes” para los franceses y “obviamente sin excesos, violencia o degradación”.

¿Pero las movilizaciones serán por unas semanas o llegaron para quedarse? ¿Volverá la violencia de los chalecos amarillos? Las respuestas marcarán no sólo el destino del proyecto sino un punto de inflexión para el segundo quinquenio de un Presidente que quiere sellar su impronta “reformista”. Pero además, si la alianza sindical será circunstancial o podrá proyectarse en un momento de descontento social frente a la inflación, un poder adquisitivo que se degrada, un estado de bienestar en crisis.

En la previa a la huelga, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, dejó de minimizar la legitimidad de la manifestación, dejando la primera posición que no seria “una movilización masiva”. Tras el último Consejo de Ministros, llegó a asegurar que “valoramos el derecho a manifestarnos”, antes de advertir contra los bloqueos.

Esto es precisamente lo que había dicho Emmanuel Macron al presidir ese encuentro. Según los participantes el mandatario sostenía: “Hay que distinguir entre los sindicatos que convocan manifestaciones en un marco tradicional y republicano y los que están en un proceso deliberado de bloqueo del país”

Aunque el proyecto avance el temor es el bloqueo. El Ejecutivo sabe que, de extenderse el conflicto, sólo al principio la gente rechaza las consecuencias de un país paralizado. Si la situación dura, confiesan los funcionarios parisinos, el enfado se vuelve hacia el Gobierno por no impedirlo. Entonces, el bloqueo podría marcar la agenda hasta el final de los tiempos de Macron, salvo que desista de su “gran reforma”.

Mientras, con el impulso de la jornada los ocho principales sindicatos convocantes han acordado una nueva fecha de movilización para el 31 de enero. Los representantes gremiales saben que esta fuerza tiene que usarse para arrinconar al Ejecutivo, el cual pretende llevar al Parlamento el proyecto el mes próximo.

La responsable de llevar adelante la ley de reforma es la primera ministra Elisabeth Borne, quien ensayó una primera respuesta a las manifestaciones: “Saludo el compromiso de la policía, al igual que los sindicatos, que permitieron que las manifestaciones se llevaran a cabo en buenas condiciones”, tuiteó la jefa de Gobierno. “Permitir que se expresen las opiniones es esencial para la democracia. Sigamos debatiendo y convenciendo.

Pero de aprobarse no será la última batalla. Aunque se “venda” como el cambio para “preservar” el sistema hacia el 2030, no sería la última reforma. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha reconocido en privado que habrá más cambios, en especial frente a escenarios sociales con tantas transformaciones e inciertos.

Mientras tanto, “sobre todo en torno al 23 de enero, día de la presentación de la ley al Consejo de Ministros”, los sindicatos “llaman a más acciones e iniciativas en todo el territorio, en las empresas y servicios, en los lugares de estudio, incluso por huelga”. Y por supuesto para firmar la petición lanzada el 11 de enero, que había recogido este jueves por la noche cerca de 630.000 firmas, un documento contra la reforma del gobierno.

A todo esto, los indicadores de participación alcanzados este jueves están al nivel de las movilizaciones más fuertes de los últimos treinta años, dicen los sindicatos. Esto es mucho más que al inicio del movimiento contra la reforma de las pensiones elaborado durante el primer quinquenio y finalmente abandonado tras la pandemia de COVID. El 5 de diciembre de 2019, el movimiento había reunido a 806.000 personas según el Ministerio del Interior.

Finalmente, los sondeos de opinión que se elaboran por esta horas ratificarían que, por un lado, los franceses entienden que hay que reformar el sistema actual. Por el otro, que no quieren el proyecto de Emmanuel Macron.

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