No se puede asegurar si será el final de varios meses de debate o el inicio de masivas movilizaciones de rechazo en todas las calles de Francia. Contrariamente, pueda incitar a exacerbar las discusiones y deba añadirse el repudio generalizado de una iniciativa que nunca caló entre los franceses.
Con la presentación de la primera Ministra, Elisabeth Borne, de los contornos de la reforma de jubilaciones, el Gobierno de Macron avanza sobre una de las principales promesas para concretar durante su segundo quinquenio. Emmanuel Macron pone en juego todo su caudal político para comprobar si prevalecerá ese espíritu transformador con el que llegó al Palacio del Elíseo.
“Esta presentación no es un punto final, estamos listos para seguir desarrollando nuestro proyecto”. De esta manera, Borne detalló el proyecto de su Gobierno para reformar el sistema de pensiones, texto que ahora deberá ser presentado en el Consejo de Ministros el 23 de enero, luego examinado en el hemiciclo a partir del 6 de febrero, para que entre en vigor antes de que finalice el verano.
Según tiene pensado el Gobierno, el proyecto debería llegar a la Asamblea Nacional con previo acuerdo parlamentario para evitar tener que recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, un norma similar a promulgar una ley por decreto. El pacto con Los Republicanos (LR), para alcanzar la mayoría, es indiferente al hecho de que se desate un complejo enfrentamiento con los sindicatos, que ya muestran un frente unido contra la iniciativa.
La Jefa de Gobierno, acompañada por los ministros de Economía, Bruno Le Maire, y Trabajo, Olivier Dussopt, aclaró las opciones del gobierno con respecto a la edad legal de jubilación, fijada en 64 años, frente a los 62 de hoy y los 65 mencionados en el proyecto original del Ejecutivo. El ritmo de aumento de la duración de las cotizaciones y los planes de salida anticipada para los franceses que comenzaron a trabajar temprano también son un tema importante de la reforma.
“Sugerimos que aquellos que pueden trabajen progresivamente más tiempo”, sostuvo Borne. “A partir del 1 de septiembre, la edad de jubilación se elevará gradualmente tres meses por año para llegar a los 64 años en 2030″. Para beneficiarse de una pensión completa, deberá haber trabajado 43 años a partir de 2027.
En el recuerdo está la promesa de campaña de Macron. Cuando era candidato, el actual inquilino del Elíseo deseaba que la edad legal de salida se retrasara cuatro meses al año hasta los 65 años en 2031. La fórmula combinada de un aplazamiento de la edad de salida a 64 años junto con una aceleración que alarga el período de cotización fue finalmente favorecida por el Ejecutivo, logrando un presunto mayor grado de aceptación.
Para el Gobierno, estos anuncios son también el comienzo de duros enfrentamientos adelantados por el frente gremial, que amenazó con llamar a los franceses a salir a la calle a finales de enero. Inmediatamente después de la presentación, los ocho principales sindicatos (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU y Solidaires) anunciaron, tras una reunión en París, una jornada de movilización contra el proyecto de reforma del sistema de pensiones del gobierno el jueves 19 de enero.
Esta protesta debe “dar el inicio de una poderosa movilización sobre las pensiones de larga duración”, expresaron estos sindicatos de empleados en un comunicado de prensa conjunto . “El sistema de pensiones de reparto no está en peligro, nada justifica una reforma tan brutal“, dijo Laurent Berger, secretario general de la CFDT, en nombre de la intersindical.
Para fundamentar el proyecto el titular de la cartera en Bercy, Bruno Le Maire, precisó el quebrando al que se dirige el sistema de retiros. “Debemos encontrar 13.500 millones en 2030. La reforma aportará 17.700 millones de euros, de los cuales cada euro irá a los fondos de pensiones y solo a los fondos de pensiones”, precisó.
Los 4.200 millones de euros restantes deberían permitir así financiar “medidas de justicia”, es decir, “las pensiones de los más frágiles” que dejarán de trabajar a los 62 años (3.000 millones de euros), así como los dispositivos para tener en cuenta las dificultades y las largas carreras (1.700 millones de euros). Los 600 millones de euros que faltan los compensará el ramo sobrante de accidentes de trabajo, añadió.
Otro de los argumentos es que las pensiones vigentes serán revaluadas al 85% del salario mínimo neto para casi dos millones de pequeñas pensiones. “Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos, en particular los artesanos y comerciantes, que hayan cotizado toda su vida con unos ingresos en torno al salario mínimo se irán ahora con una pensión del 85% del salario mínimo neto, es decir, un incremento de 100 euros al mes” , detalló Borne, destacando que se trata de una medida fruto de la consulta con los partidos y los sindicatos.
Los motivos del oficialismo no son suficientes para un 70% de los franceses que ven negativa la iniciativa. Desde la oposición, solo la derecha representada por Olivier Marleix, presidente de los diputados Los Republicanos, dijo estar “satisfecho de haber sido escuchado”.
Como era de esperar, la oposición de izquierda y la extrema derecha han criticado la elevación de la edad legal de jubilación a los 64 años, en particular Jean-Luc Mélenchon, quien denunció una “grave regresión social”. La izquierda unida en los NUPES ve al proyecto como una declaración de guerra. “La única batalla que contará es la que podamos pelear juntos, en la calle”, sostenían.
Por su parte, Marine Le Pen expresó su “determinación de bloquear” la “injusta” reforma de las pensiones presentada por la primera ministra Elisabeth Borne. “Después de haber sido elegido gracias a la izquierda y a la Francia rebelde, Macron intentará ahora, con el apoyo de LR, aumentar la jubilación a los 64 años”, denunció en Twitter la presidenta del grupo Agrupación Nacional desde la Asamblea Nacional.
El reformismo fue la carta de presentación de Macron. Arribó a su segundo quinquenio tras competir de cerca con la líder de extrema derecha, Le Pen. Meses después, tuvo un revés en las elecciones parlamentarias. No logró la mayoría absoluta, algo poco habitual en la realidad politica francesa. Tres años después de presentar un llamado proyecto de reforma sistémica de las pensiones, ahora vuelve con un texto menos transformador. ¿Será el último?
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