Un tribunal militar Myanmar condenó este viernes a la derrocada líder Aung San Suu Kyi a siete años de cárcel al encontrarla culpable de cinco cargos de corrupción, informaron fuentes cercanas al proceso.
Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en Naipyidó, acumula un total de penas de 33 años tras una serie de juicios por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Este era el último proceso programado contra la premio nobel de la paz, quien en esta ocasión era juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.
La líder electa, detenida durante las primeras horas de la sublevación, ya ha sido hallada culpable por varios delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de “walkie talkies”, la violación de la ley de Secretos Oficiales y el fraude electoral, entre otros.
La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo de su país como una heroína en la lucha por la democracia y que ya paso años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado.
Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.
La sentencia se conoce después de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU reclamara la liberación de todos los presos políticos detenidos desde la sublevación, incluida Suu Kyi.
El texto del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que ha sido objeto de negociaciones durante meses y salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones -de China, Rusia e India-, también reclamó un cese inmediato de la violencia en Myanmar.
El golpe militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.100 permanecen detenidas, según datos de la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
El pasado mes de noviembre, la junta militar de Myanmar anunció la liberación de casi 6.000 presos, entre ellos una ex embajadora británica, un asesor australiano del derrocado gobierno de Aung San Suu Kyi y un periodista japonés.
Los tres extranjeros “fueron indultados y deportados”, dijo la Junta en un comunicado.
La decisión es una rara señal de apertura por parte de los militares, que llegaron al poder con un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.
Miles de personas han sido encarceladas en la sangrienta represión de la disidencia que siguió al golpe.
La liberación de presos había sido reclamada durante meses por las organizaciones de derechos humanos, que condenan las políticas de una junta acusada de sumir al país en un sangriento conflicto desde el golpe de Estado.
(Con información de EFE y AFP)
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