Una fuerte puja entre el Poder Ejecutivo y el Judicial sumerge a España en una grave crisis institucional

Desde el retorno a la democracia no se recuerda una inestabilidad institucional tan alarmante en España. El Tribunal Superior bloqueó una votación Parlamentaria afectando una reforma judicial impulsada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El grave escenario se proyecta como antesala de un 2023 con elecciones generales.

La fuerte controversia se produce luego de un recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra una serie de enmiendas del Ejecutivo que, según entendía, ocultan una reforma constitucional indirecta. Para algunos, la derecha española, logra frenar la iniciativa votada en el Congreso de Diputados con el fin de obstruir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para otros, la izquierda oficial busca colar con el proyecto que el ala progresista recupere el manejo de la judicatura.

El Tribunal Constitucional, luego de un extenso debate de más de 10 horas, dio lugar a la medida cautelar de los “populares”, acordando suspender preventivamente la simplificación del método de elección de sus propios miembros, actuación que debía seguir en el Senado. La reforma había sido aprobada por el Parlamento, en primera lectura, el 15 de diciembre, durante un álgido intercambio en el pleno legislativo. De esta manera, el bloqueo, se expone como una crisis institucional de gravedad sin precedentes.

“Tomaré todas las medidas a mi alcance para acabar con la voluntad de la derecha de poner en peligro la democracia”. Esto es esencialmente lo que pronunció el jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez en un breve pero muy firme discurso en reacción a esta decisión.

Si bien la votación en el recinto respaldó la postura del gobierno, las formas dejaron mucho que desear. Las desprolijas maniobras elegidas por el oficialismo para esta modificación de la norma aumentaron las ya complejas relaciones políticas del país. El Partido Socialista (PSOE) y el partido de izquierda Unidas Podemos la incluyeron, en forma de dos enmiendas presentadas a última hora, en una propuesta de reforma penal Ley del Código ajena a la orden original de la iniciativa.

Las diferencias no sólo estaban en la conformación del Alto Tribunal, con reconocidos rasgos conservadores. Sánchez además buscaba la revisión del código penal para acabar con el delito de sedición y revisar ciertas penas. Estos cambios, defendidos por el Ejecutivo como “técnicos”, suavizan las penas de los líderes del movimiento independentista catalán. Condenados por sedición,tras el intento de separación de Cataluña en 2017, se trata de beneficio de Sánchez, luego de los indultos concedidas a los dirigentes encarcelados en junio de 2020.

Para el Gobierno, el Partido Popular esquiva la discusión. Desde que el PSOE volvió a la Moncloa en 2018, y bajo diversos argumentos, los conservadores han evitado negociar una nueva composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo encargado de designar a los magistrados de los tribunales superiores. Los populares, de esta manera, retienen la mayoría desde 2013 en el Tribunal Constitucional.

Este statu quo les conviene: durante la última distribución de miembros, en 2013, pudo colocar a una mayoría de abogados de su lado político. Lo mismo con el Tribunal Constitucional. En un año electoral, 2023, y frente a proyecciones que indican que el socialismo podría perder la mayoría para formar Gobierno, retener el máximo órgano del Poder Judicial es clave. Las amenazas de que llevarán a varios funcionarios, y al propio presidente de la actual legislatura, a los tribunales ya se han adelantado tanto desde el Partido Popular como de la extrema derecha de Vox.

La pelea llegó estas horas al recinto Parlamentario. El jefe del Ejecutivo y el líder del PP se han enfrentado a su cuarto cara a cara en el Senado, el último del año. Llegaba el duelo Sanchez-Feijoo.

Núñez Feijóo reprochó a Sanchez que “todos los que discrepamos con usted somos acusados de poner en riesgo la democracia... deje ya de tomarle el pelo a los españoles. Quien cuestiona lo que hace o dice usted es usted mismo”. “No subestime la inteligencia de los españoles; eliminar el delito de sedición no mejora la integridad del país y colar una reforma del Poder Judicial por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes”, agregó el líder de los populares. “Recapacite, convoque elecciones”, cerró.

La respuesta de Sánchez tambien mostró la profundidad de la grieta: “Tengo que recordarle que ha habido dos referendos y una declaración unilateral de independencia en Cataluña con ustedes en el Gobierno; y recordarles que soy presidente del Gobierno por la confianza depositada por los españoles con su voto. Esto de que usted y yo hablemos libremente en el Parlamento era la práctica habitual, pero desde hace unas horas sucede que los poderes que a usted le acompañan y arropan, que usted y a su partido les dirigen... unos poderes, por cierto, cada vez menos ocultos, han conseguido un hito histórico como es quitar competencias a los parlamentos, quitarle la facultad de debatir, proponer y legislar”.

Mientras todo esto ocurría, el Tribunal Constitucional enviaba un escrito al Congreso de los Diputados para conocer si tiene la intención de alegar algo sobre la decisión del máximo órgano de garantías al corregir en un fallo la reforma legal. El Constitucional daba un plazo de hasta las cinco de esta tarde al Congreso para tramitar ese recurso.

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