Israel deportó a Francia al abogado palestino-francés Salah Hamouri, que pasó más de nueve meses detenido sin cargos y cuyo estatus de residente en Jerusalén fue revocado a comienzos de este mes, anunció el ministerio del Interior israelí.
Hamouri, de 37 años, partió este domingo en un vuelo de la aerolínea israelí Elal a París, donde está previsto que aterrice sobre las 9:00 hora local, y su deportación llega dos semanas después de que Israel revocara su residencia en Jerusalén alegando “incumplimiento de lealtad”.
La situación de este abogado de padre palestino y madre francesa generó la intervención tanto de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional así como del propio Gobierno de Francia.
La semana pasada, una corte israelí estableció que el Hamouri seguiría encarcelado “hasta nuevo aviso” al ser “un recluso de alta seguridad”, pese a que hace poco dejó de estar formalmente en arresto administrativo, régimen con el que Israel suele mantener en prisión a palestinos de forma indefinida, sin cargos formales ni juicio.
El abogado estuvo detenido en estas condiciones desde marzo.
Israel dice que el letrado -nacido y criado en Jerusalén- es un agente del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo que considera terrorista, mientras que la defensa y Hamouri lo niegan y aseguran que no hay pruebas que demuestren tal acusación.
“La deportación forzosa de Salah es solo el último episodio de hostigamiento judicial y administrativo de Israel contra él, su familia y su crucial trabajo de derechos humanos abogando por presos políticos palestinos”, denunció un comunicado de la campaña “Justicia para Salah”.
El texto denunció además que el abogado “se convirtió en el principal objetivo de las políticas israelíes de intimidación y silenciamiento de quienes desafían su régimen institucionalizado de dominación racial y opresión”.
Por su parte, el Estado francés ha rechazado la revocación de su residencia y defiende que “Hamouri debe poder llevar una vida normal en Jerusalén” y Amnistía Internacional expresó que despojarle de la residencia del lugar donde nació viola las Convenciones de Ginebra e incluso puede constituir un crimen de guerra al ocurrir en un territorio bajo ocupación, Jerusalén este ocupado y anexionado unilateralmente por Israel.
Su caso pone de relieve la situación de la mayoría de palestinos de Jerusalén Este, donde pese a ser nativos de la urbe, no tienen ciudadanía, sino estatus de residencia.
Aún así, Israel les puede despojar de residencia bajo distintas alegaciones, ya sea por consideraciones de seguridad o si encuentra que un palestino ha vivido fuera de la urbe de manera prolongada.
En total, de los cerca de 350.000 palestinos de Jerusalén Este, solo unos 20.000 tienen ciudadanía israelí. Pocos solicitan convertirse en ciudadanos.
En la mayoría de casos implica un proceso burocrático complejo y unos dos tercios de las peticiones son rechazadas.
(Con información de EFE)
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