El régimen de Irán detuvo al abogado defensor de dos periodistas que fueron condenadas tras cubrir la muerte de la joven kurda Mahsa Amini.
“Mohammad Ali Kamfirouzi, abogado de varios activistas y periodistas, ha sido detenido”, informó el diario Ham Mihan. Según afirmó su hermano, el arresto fue este miércoles.
Con esta, ya son 25 las detenciones de abogados relacionados con las protestas que sacuden al país desde el pasado 16 de septiembre, cuando Amini murió en manos de la policía de la moral, que la acusaba de llevar mal colocado el velo reglamentario.
El abogado de Kamfirouzi, Mohammad Ali Bagherpour, declaró que su cliente no había recibido ninguna citación previo al accionar de las fuerzas de seguridad, y que desconocía los cargos que se le imputan. Asimismo, denunció que la detención se había dado sin ningún tipo de formalidad o marco legal, como han estado operando las fuerzas de seguridad en estos casos.
Kamifrouzi se desempeñaba como defensa de las periodistas Niloufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, quienes fueron detenidas tras realizar su trabajo en torno a la muerte de Amini.
Hamedi trabaja para el diario reformista Shargh y está tras las rejas desde el 20 de septiembre, cuando visitó el hospital donde la joven kurda pasó sus últimas horas en coma antes de morir, a los tres días.
Por su parte. Mohammadi trabaja en el diario Ham Mihan y fue detenida el 29 de septiembre luego de viajar a Saqez, la ciudad de origen de Amini, donde se organizó su funeral junto con una ceremonia en su memoria.
Tras pasar meses bajo arresto, ambas fueron acusadas el 8 de noviembre, de propaganda contra el Estado y de conspirar contra la seguridad nacional. Ambos delitos son castigados con la pena capital bajo la sharía iraní, la ley islámica.
Según el islam, estos ‘moharebe’ han violado la ley divina y celestial con su participación en las protestas. Atacar a otros seres humanos, bloquear calles o plazas, organizar disturbios y causar terror e inseguridad en la población son algunas de las acciones que figuran en el artículo 279 del Código Penal Islámico del país persa, que la justicia utiliza para sus sentencias.
El régimen ya ha condenado a once personas a muerte bajo esta acusación de ‘enemstad con Dios’.
De ellos, dos ya han sido ejecutados. Mohsen Shekari, de 23 años, fue ahorcado el 8 de diciembre por haber herido con un cuchillo a un basiji -miliciano islámico-, bloquear una calle y crear terror en Teherán, según informó la Justicia iraní.
Cuatro días más tarde, las autoridades avanzaron con la segunda ejecución, la de Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, que fue ahorcado en público por el presunto asesinato de dos basijis en el noreste del país. En su caso, el juicio duró tan solo un día.
Ahora, el régimen va por un tercer caso, que ha conmocionado a la comunidad internacional, que alzó su voz para pedir la eliminación de la pena que pesa sobre él. Se trata del futbolista Amir Nasr-Azadani, de 26 años.
La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según Amnistía Internacional.
Sin embargo, las manifestaciones que no cesan han obligado al régimen a tomar medidas que generen terror en la población, aunque parecen no tener efecto en el pueblo, que se mantiene unido y firme a sus reclamos.
(Con información de AFP)
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