El Gobierno británico avanzó este jueves con la prohibición del uso de cámaras de videovigilancia de origen chino. Éstos dispositivos están instalados en múltiples espacios, entre ellos, algunas ubicaciones “sensibles” como ministerios y departamentos, donde rige la medida.
La reciente disposición surgió a raíz de que los datos recopilados por estas cámaras son compartidos con las autoridades de Beijing, según establece su legislación nacional. Esto, a su vez, se enmarca en la postura adoptada por el Ejecutivo por la que apunta con más fuerza contra China y sus empresas en lo que respecta a la seguridad.
Oliver Dowden, miembro del Parlamento, comentó ante la Cámara de los Comunes que esos equipos “no deberían estar conectados a las redes principales de los departamentos” y que sus responsables deberán evaluar si es necesario que sean reemplazados de manera inmediata.
“Las consideraciones sobre seguridad son siempre vitales en el entorno de este tipo de lugares, por lo que estamos dando pasos para prevenir que se materialice cualquier riesgo de seguridad”, continuó Dowden ante los diputados.
Esta decisión, sin embargo, no fue ninguna sorpresa. Según Big Brother Watch - una organización británica que lucha por las libertades civiles y la privacidad- la mayoría de los organismos públicos británicos utilizan cámaras de videovigilancia fabricadas por Hikvision o Dahua, por lo que, en julio, un grupo de 67 parlamentarios y diputados instaron a Londres a prohibir la venta y el uso de equipos de vigilancia fabricados por las dos empresas, cuyos productos han estado supuestamente implicados en abusos de derechos contra la minoría uigur de Xinjiang.
Algunos ministerios, inclusive, ya habían iniciado el proceso de sustitución de cámaras de Hikvision luego de que en junio de 2021 una captara al entonces secretario de sanidad, Matt Hancock, besando a un ayudante. Este episodio implicó una violación a las normas establecidas por el coronavirus, lo que llevó al secretario a dimitir.
A su vez, el pasado junio, el comisionado para Videovigilancia y Biometría del Gobierno, Fraser Sampson, había alertado de que los sistemas públicos estaban construidos sobre una base de “asbesto digital”, tal como este material utilizado para la construcción que puede provocar efecto adversos para la salud.
“Casi todos los aspectos de nuestras vidas están ahora mismo bajo vigilancia a través de avanzados sistemas que se han diseñado y han sido adquiridos a compañías controladas por otros gobiernos”, declaró entonces Sampson en referencia a la legislación china que obliga a las empresas a compartir los datos con Beijing.
La presidenta del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, la conservadora Alicia Kearns, festejó la medida y anunció que “eliminar las cámaras de vigilancia chinas de este edificio es un paso en la dirección correcta pero debemos ir mucho más allá”. En ese sentido, llamó a extender las medidas a todas las “entidades públicas y autoridades locales”.
Por su parte, desde Hikvision dijeron que es “categóricamente falso” considerar a la compañía “como una amenaza para la seguridad nacional”, en respuesta a los dichos de Dowden y señaló que “no transmitimos datos de usuarios finales a terceros, no gestionamos bases de datos de usuarios finales, ni vendemos almacenamiento en la nube en el Reino Unido”.
“Siempre hemos sido totalmente transparentes sobre nuestras operaciones en el Reino Unido y hemos estado comprometidos con el gobierno británico para aclarar los malentendidos sobre la compañía, nuestro negocio, y abordar sus preocupaciones. Intentaremos comprometernos urgentemente con los ministros para entender esta decisión”, concluyó el portavoz.
(Con información de AFP y EFE)
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