Una rebaja de penas a agresores sexuales desató una crisis política en España

La rebaja de penas a delincuentes sexuales por la aplicación de una nueva ley generó una fuerte polémica en España, donde una parte del Gobierno de coalición plantea enmendar la norma mientras otra acusa a los jueces de aplicarla mal.

La ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida en el país como ley del “Solo sí es sí”, ha desembocado en una revisión a la baja de penas para algunos condenados por delitos sexuales, ya que la legislación española establece que debe aplicarse de forma retroactiva la pena más favorable para el condenado.

Un tribunal rebajó de cuatro a seis años la pena de cárcel a un condenado por violar a una mujer, después de que su abogado reclamara la reducción al establecer la nueva ley un delito de agresión sexual en grado mínimo, en uno de los casos conocidos tras su reciente entrada en vigor.

Un tribunal, al revisar una de las condenas, determinó que “el consentimiento prestado por personas mayores de 16 años no es constitutivo de delito”, excepto si hay violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó este miércoles su confianza en la Justicia y en su “sensibilidad” frente a delitos de sexuales, en espera de que los tribunales “unifiquen doctrina”.

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“Después tendremos que ver qué pasos dar”, dijo en declaraciones en la cumbre del G20 en Indonesia, tras las que varias ministras de la parte socialista de su Gobierno abogaron por estudiar posibles modificaciones a la ley y defendieron la actuación de los jueces.

Por contra, la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la formación de izquierda Unidas Podemos que junto al partido socialista PSOE integra el Ejecutivo, reiteró las críticas hacia los magistrados.

“Hay jueces que están incumpliendo la ley”, declaró la ministra a los periodistas en Madrid, al considerar que una mentalidad machista les lleva a interpretarla erróneamente, pero confío en que “unifiquen los criterios” para que “no queden en la impunidad los agresores”.

La ministra rechazó que sea necesario revisar una ley “feminista”, mientras que el principal grupo de oposición en el Parlamento español, el conservador Partido Popular, solicitó formalmente que se mandate el Ejecutivo para que la revise “por la vía de urgencia”.

Montero también subrayó que en los dos años de tramitación de la ley del “solo sí es sí” nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el Poder Judicial, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.

Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, ha rechazado admitir errores en la norma y ha recalcado que las rebajas de penas a delincuentes sexuales se están produciendo por una interpretación incorrecta de la ley del “solo sí es sí” por parte de los jueces, no por su redacción.

Y ha argumentado que en todo el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley ningún organismo advirtió lo que está ocurriendo, que la rebaja de las penas mínimas tipificadas se tradujera en una revisión a la baja de las condenas ya dictadas

Desde la judicatura, cuyo órgano de Gobierno ya advirtió de que la ley generaría una rebaja de condenas, se advierte que otros muchos abogados defensores de agresores sexuales pedirán revisiones de condena e incluso los jueces pueden actuar de oficio.

En medio de las acusaciones cruzadas, la Asociación Profesional de la Magistratura exigió la inmediata dimisión de Montero, tras las que consideró “descalificaciones” vertidas contra los jueces a raíz de la revisión de las condenas.

En este contexto, la asociación admite la crítica a las resoluciones judiciales pero recomienda que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produzcan con la “ponderación y prudencia” que demandan las normas de respeto institucional.

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Así, consideran “ofensiva” la acusación por parte de la ministra y de otros responsables políticos de verter un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres y alertan de que carece de rigor y produce una alarma “innecesaria y devastadora” en la confianza de las víctimas de esos delitos devaluando así los estándares de calidad democrática.

En un comunicado, los jueces aseveraron que están “firmemente” comprometidos con la protección de las víctimas y que comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de aplicar la ley aprobada.

La Asociación censuró que se haya acudido a “descalificaciones generalizadas” basadas en estereotipos “en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse” y considera que resulta una actuación “totalmente reprobable por falsa e injusta”.

Por todo ello, la APM exige a raíz de las declaraciones efectuadas por la ministra su inmediata dimisión ya que se suman a sus “ataques constantes” a los jueces del país que resultan “intolerables e inadmisibles en una democracia”.

Pero la ministra está bajo fuego también de varios cargos del gobierno y del PSOE, que pidieron estudiar o revisar la ley.

Entre ellos están la vicesecretaria general y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la portavoz de la Ejecutiva Federal y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page y varios consejeros del gobierno socialista de la Comunidad Valenciana.

También se han pronunciado en esta línea la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien ha instado a “corregir inmediatamente” el “efecto perverso” de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero (Unidas Podemos) y la ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que ha señalado que las “leyes técnicamente hay que hacerlas bien”.

Hasta el momento, los tribunales ya han rebajado al menos ocho condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ley del “Solo sí es sí”, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y se espera que tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta “más favorable al reo”.

Entre los casos que han trascendido hasta el momento constan cuatro en la Comunidad de Madrid, dos en Baleares, una en Murcia y una en Galicia. Los magistrados han explicado en sus resoluciones que las rebajas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

En uno de los casos la Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado incluso la excarcelación inmediata de dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración, tras revisar sus casos en virtud de la aplicación de la nueva ley.

(Con información de EFE y Europa Press)

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