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El asesinato del periodista Percy Lapid, azote de los corruptos en Filipinas, ha sacudido a la opinión pública de un país que, aun habituado a la violencia contra sus informadores, presencia con desaliento cómo la caótica investigación policial hace presagiar que el caso quedará irresoluto.
Percibal Mabasa, más conocido como Percy Lapid (67 años), presentaba un programa nocturno con decenas de miles de seguidores llamado Lapid Fire, donde denunciaba casos de abuso de poder y escándalos de corrupción de políticos, miembros de la policía o el ejército, y funcionarios de ministerios e instituciones públicas.
Célebre por no criticar incansablemente durante décadas la corrupción que anida en la clase dirigente de su país, en los últimos años el veterano reportero fue particularmente duro con el polémico expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), y su encarnizada guerra contra las drogas.
Su lucha acabó abruptamente la noche del 3 de octubre, cuando dos individuos montados en una motocicleta le asesinaron a tiros mientras iba de camino a su trabajo en su vehículo, en la entrada de una urbanización al norte de Manila.
Investigación caótica
Inicialmente, la Policía Nacional identificó a 160 “personas de interés” en la investigación del crimen, todas ellas figuras públicas o conocidos empresarios, que fueron señalados por Lapid durante su programa.
Pero lo que ha seguido ha sido una confusa investigación policial que hace aumentar las sospechas de que el crimen quede impune y que las conclusiones sean cuestionables.
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El 18 de octubre, la policía revelaba el nombre de quien supuestamente había disparado contra Lapid desde una motocicleta, y el presunto asesino, identificado como Joel Estorial, compareció detenido en una rueda de prensa ofrecida por el cuerpo de seguridad, ante las cámaras y sin asistencia jurídica.
Estorial admitió la autoría de los disparos y apuntó a un presidiario de la cárcel de máxima seguridad de Bilbild, en Manila, como el hombre que ordenó la muerte del periodista y pagó a los verdugos para ejecutar a Lapid.
En una vuelta de tuerca inesperada, la policía reveló al día siguiente que el presunto cabecilla de la operación, Jun Villamor, había aparecido muerto en su celda tres horas después de la declaración de Estorial ante las cámaras.
Desde la Dirección de Servicios Penitenciarios y Reinserción (Bucor, acrónimo en inglés), explicaron el fallecimiento con argumentos que se antojan peregrinos.
Aseguraron que Villamor había entrado en prisión con un nombre diferente al que atestiguaba su ficha de nacimiento, por lo que no le pudieron proteger a tiempo tras revelarse su supuesta implicación.
Marcos Jr. entra en escena
El presidente de Filipinas, Ferdinand “Bongbong” Marcos, se apresuró entonces a suspender indefinidamente al jefe de la Bucor, Gerald Bantag, por fallar en proteger al señalado como cabecilla del asesinato dentro de la cárcel.
Y entonces surgió un nuevo hallazgo: la policía reveló que Bantag era precisamente una de las 160 “personas de interés” susceptibles de ser investigadas, ya que fue acusado en junio de 2020 por Lapid de aceptar supuestamente sobornos de los inquilinos de la prisión.
Según insinuó Lapid, Bantag estaba construyendo con el dinero acumulado “una mansión” a las afueras de Manila y poseía hasta once vehículos de alta gama.
Un rompecabezas en el que otras piezas no encajan: el primer análisis forense de Villamor no reveló heridas, hemorragias o envenenamiento, por lo que la familia de Lapid presionó para una segunda autopsia, según confirmó a la agencia EFE la doctora Fortun, encargada de la misma.
Este nuevo examen reveló el sábado que Villamor murió por asfixia: alguien le colocó una bolsa de plástico en la cabeza.
Continúa el acoso a los familiares
Lejos de sentir que el caso está resuelto, la familia de Lapid publicó el martes pasado la grabación de una llamada telefónica en la que un individuo amenazaba de muerte a varios de sus allegados, y en especial a su hermano, el también periodista, Roy Mabasa.
Por la importancia de Percy Lapid y su inagotable presencia durante años en los círculos del periodismo crítico de Manila, este asesinato parece haber permeado especialmente en la sensibilidad de la opinión pública filipina, y parte de la prensa local y grupos de derechos humanos han condenado enérgicamente el asesinato.
La trascendencia del crimen es palpable también por las numerosas explicacioens sobre los avances del caso ante la prensa del ministro de Justicia, “Boying” Remulla, así como por el hecho de que se haya manifestado al respecto el presidente, Marcos Jr, hijo del dictador Ferdinand Marcos.
Filipinas es uno de los países en los que más periodistas mueren al año, según Reporteros sin Fronteras.
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Desde 1986, 281 periodistas han sido asesinados en Filipinas, y en el 82% de los casos los crímenes están aún por resolverse, según el índice de impunidad global de la Comisión para la Protección de Periodistas y datos de la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP).
A pesar de contar con un florido y diverso ecosistema de medios de comunicación, el asesinato de Lapid es una prueba más de que escudriñar en los bajos fondos del poder en Filipinas es una profesión de alto riesgo.
(Con información de EFE/Por Federico Gómez Segarra)
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