
El régimen de Irán acusó a 516 personas en las provincias de Teherán y Alborz por su participación en las protestas desatadas por la muerte tras pasar por dependencias policiales de la joven Mahsa Amini, y cuatro de ellas se enfrentan a la pena de muerte.
El fiscal de Teherán, Ali Salehi, anunció las 315 acusaciones en la provincia de la capital por la “intención de actuar contra la seguridad del país”, “propaganda contra el sistema” y “perturbación del orden público”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.
Cuatro de los acusados se enfrentan a cargos por “enemistad con Dios” por el uso de “armas para aterrorizar a la sociedad, herir a miembros de las fuerzas de seguridad, provocar incendios y destruir propiedades públicas y privadas”, lo que podría conllevar la pena de muerte, indicó Salehi.
“Cuatro alborotadores fueron inculpados bajo la acusación de moharebeh (‘enemigo de Dios’ en persa)”, un cargo que conlleva la pena de muerte, añadió Salehi.
También se les acusa de haber “destruido bienes públicos y gubernamentales, con el objetivo de atacar el sistema sagrado de la República islámica de Irán”, indicó.
“Los juicios de aquellos que han cometido crímenes (...) y de aquellos que están afiliados a agentes antirrevolucionarios en el interior y en el exterior (de Irán) y a extranjeros se celebrarán de conformidad con la ley. Serán castigados”, declaró el jefe de la Autoridad judicial Gholamhossein Mohseni Ejei citado por Mizan Online.
En la vecina provincia de Alborz, otras 200 personas fueron acusadas de participar en las movilizaciones, indicó el jefe justicia provincial, Fazeli Harikandi.
Al menos 3.000 personas han sido detenidas solo en la provincia de Teherán, 200 de ellas universitarios y otros 200 escolares desde el inicio de las protestas, de los que han sido liberados todos los menores de edad, afirmó recientemente el parlamentario Alireza Beigi.
Por su parte, unas 600 personas fueron arrestadas en Alborz, según los medios locales.
Las autoridades iraníes no han informado del número total de detenidos ni fallecidos en el país, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, sitúa en 108 los muertos y en 12.500 los detenidos.
Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.
Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de “mujer, vida libertad”, lanzan consignas contra el régimen y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.
Por otra parte, la Coalición de Libertad en Línea, un grupo de 34 países entre los que están EEUU, España, México y Argentina, denunció este jueves las medidas tomadas por el régimen iraní para restringir el acceso a internet tras las protestas surgidas por la muerte de la joven Mahsa Aini.
La coalición señaló en un comunicado que está “profundamente alarmada” por el “patrón de censura” de las autoridades iraníes, que han dejado sin internet en sus celulares a la mayoría de los 84 millones de iraníes a la vez que están causando problemas para acceder a las redes sociales más populares.
El grupo de países, presidido este año por Canadá, denunció que Irán también está aplicando técnicas como el “throttling”, que es la drástica reducción de la velocidad de internet, y bloqueando el acceso en línea a usuarios individuales o el uso servicios de DNS codificados, utilizados por activistas y periodistas para enmascarar sus actividades en internet.
Las acciones del régimen de Teherán están suprimiendo el derecho a la asamblea pacífica, las libertades de asociación y recortando las capacidades de periodistas y defensores de los derechos humanos para documentar las violaciones de derechos humanos, añadió la coalición.
(Con información de EFE)
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