La economía del Reino Unido está atravesando un momento delicado, que se vio intensificado a raíz de la presentación del plan fiscal de la primera ministra Liz Truss el pasado septiembre. Estas “medidas decisivas”, afirma, protegerán la actividad económica e impulsarán el crecimiento.
Desde el anuncio, sólo se ha generado polémica, inestabilidad en los mercados y hasta divisiones al interior del partido. Las principales críticas hacen referencia a beneficios hacia las clases más altas mientras la sociedad atraviesa crisis en el costo de la vida, junto con un alto gasto público sin un plan concreto sobre cómo reducir la deuda contraída.
El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, las había calificado de “kamikazes”.
Sin embargo, a pesar de la mala repercusión, Truss descartó convocar a elecciones anticipadas y aseguró que eso es “lo último que el país necesita”. La declaración le costó una ola de abucheos este miércoles en la Cámara de los Comunes.
El anuncio de la Primera Ministra se dio en respuesta al diputado laborista Matt Western, quien le había consultado si estaba dispuesta a ceder frente a las demandas del pueblo, al citar un sondeo que exponía que más de la mitad de los consultados demostró estar a favor de elecciones anticipadas.
“No sé muy bien cómo medir una buena luna de miel, pero después de cinco semanas de una crisis concebida en Downing Street, de pensiones en caída, tasas de interés en aumento, turbulencias en el mercado hipotecario y un caos financiero total, el país se ha quedado con ganas de divorcio. En dos encuestas recientes, el 60% de este país quiere elecciones generales inmediatas, pero la primera ministra afirma que está en modo de escucha. ¿Cederá al público?”, la increpó.
Ante esto, la mandataria descartó la iniciativa y defendió nuevamente su proyecto explicando que “nos estamos asegurando de proteger nuestra economía en este momento tan difícil a nivel internacional”.
En las próximas semanas, el 31 de octubre, está previsto que el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, exponga la totalidad de su plan, que a poco de ser implementado ya sufrió modificaciones. Entre ellas, los responsables de la cartera se vieron obligados a dar marcha atrás sobre la medida que eliminaba el tipo marginal de 45% que gravaba los ingresos superiores a las 150.000 libras anuales. Esto hubiera significado una pérdida de 2.065 millones de libras para las arcas públicas, en un lapso de cinco años.
Por su parte, en cuanto al “plan de crecimiento” -por el cual se ayuda a los hogares y empresas a hacer frente al pago de las facturas de los servicios- desde el Banco de Inglaterra (BoE) reconocieron que “probablemente reduzca la inflación a corto plazo” aunque advirtieron que “el rápido aumento del coste de la financiación de los préstamos hipotecarios y de otras formas de crédito pesará sobre los hogares británicos y las empresas”.
Es por ello que, si bien el anuncio final mantendrá la política planteada de evitar los recortes en el gasto público, desde Downing Street han admitido que tienen claro que “será necesario tomar decisiones difíciles dados algunos de los desafíos globales a los que nos enfrentamos”.
Fin de la intervención del Banco de Inglaterra
Este miércoles la entidad monetaria confirmó que a finales de esta semana finalizará su intervención en el mercado de bonos, a pesar del tenso clima que aún perdura y que generó un nuevo repunte en las tasas de deuda pública a largo plazo.
Asimismo, los bonos a 30 años volvieron a subir por encima del cinco por ciento -un nivel que no se alcanzaba hace 20 años- y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años se situó en 4,64% -un nuevo máximo desde 2008-.
La intervención -cuyo efecto, no obstante, se prolongará más allá del 14 de octubre- se dio de manera brusca y forzada tras el anuncio de Kwarteng con el propósito de frenar una inflación de casi el 10 por ciento interanual.
(Con información de AFP y Europa Press)
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