El presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Isa, aseguró este lunes en la sede europea de la ONU que esta organización “ya no tiene excusas” para seguir inoperante frente a los abusos del régimen de China y debe adoptar una resolución para detenerlos, tras la reciente publicación de un informe que los denuncia.
“Es tiempo de actuar y de dejar las promesas vacías, la gente sigue sufriendo y es decepcionante que no haya aquí un debate urgente sobre la cuestión uigur”, señaló Isa en un acto celebrado en los márgenes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la ONG Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR).
“Al mismo tiempo, en la actual Asamblea General de la ONU, los países miembros deben adoptar una resolución, designar misiones de investigación y un relator especial para la situación de los uigures”, añadió Isa.
También sostuvo que las compañías multinacionales “no deben actuar como si nada hubiera ocurrido” y deben cortar sus lazos con China.
Isa hizo estas declaraciones a la luz del reciente informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que concluía que los abusos de China contra el pueblo uigur y otros de religión musulmana en la región noroccidental de Xinjiang podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
El informe se centraba especialmente en los centros de detención donde las autoridades chinas han recluido en los últimos años a amplios sectores de estas poblaciones, considerados “campos de concentración” por grupos de derechos humanos pero que Beijing denomina “centros de formación vocacional”.
Aunque Isa celebró la publicación del informe, que salió a la luz el mismo día en el que Michelle Bachelet terminó su mandato como alta comisionada de derechos humanos, el activista opinó que el documento “usa un lenguaje muy suave y no describe las verdaderas atrocidades” cometidas contra los uigures y otros pueblos túrquicos de Xinjiang.
El líder del Congreso Mundial Uigur, organización con sede en Alemania que intenta unificar las voces de esta comunidad en el exilio, aseguró que las personas recluidas en esos centros actualmente ascienden a tres millones, el triple de lo que aseguran organizaciones de derechos humanos.
Isa, quien afirma que su madre murió en uno de estos campos y que en ellos estuvieron recluidos dos de sus hermanos, también acusó al régimen chino de separar a un millón de niños de sus padres en Xinjiang, con el fin de “adoctrinarlos para el Partido Comunista”.
“La represión siempre ha existido, pero ha empeorado en los últimos años bajo la presidencia de Xi Jinping”, aseguró Isa, quien denunció un intento de las autoridades chinas de “intentar destruir política y físicamente la identidad uigur”.
En el acto también participó la representante de la Coalición de Defensa del Tíbet, Pema Doma, quien subrayó que el pueblo tibetano sufre similares abusos, incluidos desapariciones forzadas y torturas.
También aseguró que un 80% de los niños tibetanos son obligados a estudiar en “escuelas coloniales” situadas en zonas lejanas próximas a territorios de población china y donde no se les permite practicar su religión ni contactar a sus familias.
La activista tibetana recordó que ningún experto de la ONU ha podido entrar en el Tíbet desde que el entonces relator contra la tortura, Manfred Nowak, lo hiciera en 2005, mientras que el único alto comisionado para los derechos humanos que pudo visitar esa región fue Mary Robinson en 1998.
“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (...) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, afirma el informe divulgado por la ONU a fines de agosto.
El reporte de 48 páginas -que ha estado en elaboración durante tres años- señala detalles de las atrocidades cometidas por el régimen chino contra esta minoría en los “campos de reeducación”.
“El tratamiento de las personas detenidas en el sistema de los llamados centros de formación profesional y técnica es preocupante. Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”, remarca el texto.
(Con información de EFE)
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