Rusia continúa apoyando de forma activa al Gobierno sirio de Bashar Al Assad a través de ataques aéreos que han asesinado a civiles, denuncia un nuevo informe de la Misión de Investigación de la ONU para Siria, presentado hoy por el presidente de esa comisión tripartita, Paulo Pinheiro.
El informe, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, indica que algunos de los bombardeos aéreos rusos tuvieron como objetivo acabar con recursos de alimentos y agua, como un reciente ataque contra un depósito que abastecía a 200.000 personas.
En relación con la intervención rusa también se indicó que este año se ha sabido que decenas de personas desaparecidas desde que huyeran de la ciudad de Guta (al este de Damasco) a través de un corredor humanitario establecido en 2018 por Rusia han sido finalmente declaradas muertas, algunas de ellas tras haber sido ejecutadas.
El documento, centrado en la situación del conflicto durante la primera mitad de este año, también denuncia el mantenimiento de operaciones de otros actores extranjeros, como Estados Unidos, Turquía, Israel y fuerzas apoyadas por Irán.
“Los sirios viven en las ruinas causadas por un largo conflicto”, destacó Pinheiro en la rueda de prensa de presentación del informe, donde recordó que unos 13 millones de ciudadanos del país, de un total actual de 17, han huido de sus hogares para refugiarse fuera del país o en zonas más seguras de Siria.
Pinheiro indicó que en un momento de escasez de recursos y reducción de la ayuda de países donantes, “los sirios no pueden permitirse un regreso al conflicto a gran escala”, pero que lamentablemente se dirigen a ello, con un aumento de las hostilidades en los últimos meses, especialmente en el norte del país. En esa zona el informe recuerda ataques en el norte de Alepo que han causado la muerte de al menos 92 civiles, destruyendo viviendas, instalaciones médicas y edificios administrativos, en el curso de los enfrentamientos entre fuerzas kurdas y otras apoyadas por Turquía.
En agosto, el bombardeo sobre un mercado en la ciudad de Al Bab, a unos 50 kilómetros al noreste de Alepo, causó la muerte de 16 civiles, entre ellos cinco niños, e hirió a 36 personas, denunció el documento. En el noreste, donde el Estado Islámico llegó a controlar amplias zonas, el informe reiteró su preocupación por la situación en el campo de desplazados de Al Hol, donde se han denunciado 34 asesinatos en un momento de crecientes enfrentamientos entre guardias y residentes. Especialmente preocupante es la situación de los más de 40.000 niños en ése y otros campos.
“Traumatizados por la violencia, una vez llegan a la adolescencia, corren riesgo de ser transferidos a centros militares de detención junto a antiguos sospechosos de formar parte del Estado Islámico, y permanecer allí indefinidamente“, subrayó Pinheiro.
El informe denuncia además “patrones continuados de crímenes de lesa humanidad y de guerra, relacionados con tortura y maltrato” en centros de detención controlados por el Gobierno sirio y por otros grupos armados, que en algunos casos han llevado a la muerte a los internos. La disminución de las hostilidades en los últimos años ha favorecido el retorno de refugiados y desplazados, pero el documento advierte que se han denunciado casos de personas detenidas poco después de su regreso, o que han visto como sus propiedades habían sido confiscadas.
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