El régimen ruso inició una campaña de persecución contra los políticos que pidieron la destitución de Putin

En las últimas horas se multiplicaron las voces críticas en Rusia contra Vladimir Putin a medida que avanza la contraofensiva de las tropas ucranianas, que lograron recuperar importantes territorios que habían sido arrebatados por las fuerzas invasoras. Pero como era de esperarse, el Kremlin no se quedó de brazos cruzados ante los cuestionamientos e inició una campaña de persecución contra dirigentes políticos que pidieron la renuncia del presidente.

El diputado Nikita Yuferev dijo que el consejo de distrito conformado por funcionarios locales de San Petersburgo -ciudad natal de Putin- se enfrenta a una probable disolución por decisión de un juez local, luego de que los dirigentes solicitaran la dimisión del jefe de Estado.

Yuferev indicó que el juez decidió que una serie de reuniones pasadas del consejo habían sido inválidas, allanando el camino para que sea disuelto por el gobernador regional.

Otro miembro del consejo, Dmitry Palyuga, dijo que el mismo tribunal le impuso una multa de 47.000 rublos (780 dólares) por “desacreditar” a las autoridades al pedir la destitución de Putin.

Otros cuatro miembros del consejo local de Smolninskoye deberán comparecer ante el tribunal en los próximos dos días.

La semana pasada, un grupo de diputados del consejo hizo un llamado a la Duma Estatal para que presente cargos de traición al Estado contra Putin y lo despoje del poder, citando una serie de razones, entre ellas las derrotas militares de Rusia en Ucrania y el daño a su economía por las sanciones occidentales.

“Consideramos que la decisión del presidente Putin sobre el inicio de la operación militar especial perjudica la seguridad de Rusia y sus ciudadanos”, señala la petición.

El objetivo de la petición es que Putin sea depuesto de su cargo al frente del Kremlin, adonde llegó en 2000 y, según la reforma constitucional, podría permanecer hasta 2036.

“En nuestra opinión, con el comienzo de la operación militar especial en territorio de Ucrania en las acciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hay indicios de un crimen contemplado por el artículo 73 de la Constitución de la Federación Rusa, alta traición”, señalan.

Según la solicitud, desde el inicio de las hostilidades están muriendo ciudadanos rusos, se ha deteriorado la economía nacional, y se está produciendo una fuga de inversores y cerebros. Además, se amplía la OTAN hacia el este y, debido a la decisión del presidente, la frontera entre Rusia y la Alianza Atlántica se ha duplicado con el ingreso de Finlandia y Suecia.

La intervención militar rusa también ha provocado el efecto contrario a la desmilitarización del país vecino con el suministro occidental a Ucrania de 38.000 millones de dólares en armamento, denuncia.

Otra diputada local indicó que 65 representantes municipales de San Petersburgo, Moscú y otras regiones habían firmado una petición que se publicó el lunes pidiendo la dimisión de Putin.

Aunque no suponen una amenaza para el poder de Putin, estas acciones son una rara expresión de disidencia por parte de representantes electos, mientras los rusos se arriesgan a sufrir duras penas de prisión por “desacreditar” a las fuerzas armadas o difundir “información deliberadamente falsa” sobre ellas.

Palyuga dijo a la agencia Reuters antes de la audiencia del martes que los llamamientos del grupo estaban dirigidos no sólo a los rusos liberales, sino también a “personas leales a las autoridades que empiezan a tener dudas al ver la falta de éxito del Ejército ruso”.

La analista política rusa Tatiana Stanovaya afirmó que el mayor riesgo para el Kremlin no reside en la protesta de los concejales en sí, sino en el peligro de responder con demasiada dureza.

“La reacción, o la sobrerreacción, puede causar más daño político al régimen que esta petición. Pero no tengo dudas de que todos los que la firmaron se verán sometidos a presión política”, dijo Stanovaya, fundadora del proyecto de análisis independiente R.Politik.

Se han abierto miles de procesos judiciales contra personas acusadas de desacreditar al Ejército, que suelen acabar en multas la primera vez, pero un concejal del distrito de Moscú fue sentenciado a siete años en julio, tras ser condenado por difundir información falsa. Otros periodistas y opositores han sido acusados y enfrentan posibles penas de cárcel.

(Con información de Reuters y EFE)

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