La líder depuesta y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, fue condenada este viernes por parte de la junta militar a tres años de cárcel y a trabajos forzados por fraude electoral, con lo que suma ya una pena de 20 años de prisión por diversos cargos de los que ella se declara inocente.
Un tribunal dentro de un centro de detención en Naipyidó halló culpable a Suu Kyi y a otros dos miembros de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), de fraude en las elecciones de noviembre de 2020, tres meses antes del golpe militar que la derrocó, detalló el medio Myanmar Now.
Suu Kyi, de 77 años y bajo arresto desde el golpe, fue condenada junto al presidente depuesto Win Mying y el que fuera ministro de la Oficina del Gobierno de la Unión, Min thu, sentenciados a la misma pena tras un proceso a puerta cerrada.
Las autoridades militares acusan a los líderes depuestos de fraude por el supuesto hallazgo de 2.000 votos repetidos en los comicios de 2020.
El supuesto fraude electoral en estos comicios fue la excusa de los militares liderados por el general Min Aung Hlaing para tomar el poder, a pesar de que los observadores internacionales avalaron la victoria por mayoría arrolladora del partido de Suu Kyi, como hiciera en 2015.
Min Aung Hlaing llegó a asegurar que hubo al menos 10 millones de votos fraudulentos, más del 25 % del censo electoral.
El pasado diciembre, Suu Kyi fue condenada a cuatro años, rebajados a dos por un indulto parcial de la junta militar, por vulnerar leyes contra la pandemia e incitación contra la autoridades, mientras que en enero fue condenada a cuatro años por saltarse las medidas contra la propagación de la covid-19 y por la importación ilegal de “walkie talkies”.
La líder derrocada recibió en abril una pena de cinco años de prisión por aceptar sobornos por valor de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro de manos del ex gobernador de Rangún Phyo Min Thein, quien testificó el pasado octubre contra la líder electa.
El pasado 15 de agosto, fue sentenciada a seis años más de cárcel por abuso de poder al alquilar supuestamente unas tierras por debajo del precio del mercado y construir una vivienda con donaciones que debían ser dedicadas a obras caritativas de su fundación, según la junta.
La ex consejera de Estado además se enfrenta a un proceso por supuestamente vulnerar la ley de secretos oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión.
Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.
El golpe militar ha sumido Myanmar en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.262 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
(Con información de EFE)
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