El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el jueves a China a “seguir las recomendaciones” de un informe de la ONU que encontró acusaciones creíbles de tortura y trabajo forzado en la región autonóma de Xinjiang.
El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “confirma lo que el secretario general ha estado diciendo sobre Xinjiang durante bastante tiempo, que los derechos humanos deben ser respetados y que la comunidad uigur debe ser respetada”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.
Dujarric agregó que Guterres estaba “preocupado” por lo que había leído en el informe, que citaba posibles crímenes de lesa humanidad.
“El secretario general tiene muchas esperanzas de que el gobierno de China siga las recomendaciones presentadas en la evaluación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, agregó Dujarric.
El tan esperado informe recomienda que Pekín “tome medidas inmediatas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad” en la región.
También recomienda que el gobierno chino “revoque urgentemente todas las leyes, políticas y prácticas discriminatorias” que discriminan a los uigures.
Con respecto a las advertencias del embajador chino ante la ONU de que el contenido del informe podría dañar la relación entre su país y Naciones Unidas, Dujarric subrayó que el secretario general “valora el sistema de cooperación entre China y la ONU” porque “China es un socio extremadamente importante y esperamos que siga siéndolo”.
El Gobierno chino, altamente puntilloso con cualquier crítica a su actitud con la minoría uigur, dijo hoy que el informe de la oficina de Bachelet “viola su deber (...) y está lleno de falacias”, según declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.
El portavoz de la Cancillería afirmó en la rueda de prensa diaria de este departamento que el texto presentado ayer no es sino un “invento convertido en herramienta política” por parte de EEUU y los países occidentales, y agregó que se debe acabar con las “malas prácticas” y los “dobles raseros” a la hora de politizar los derechos humanos.
Entre otros detalles, las conclusiones del informe resaltan que China “ha cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’”.
“La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la RAE de Xuan ha dado lugar a pautas intercaladas de restricciones graves e indebidas de una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas”, agregó el reporte.
En ese sentido, el informe destacó que “estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente”.
“Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha llevado en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en XUAR en los llamados centro de educación vocacional (VETC, por sus siglas en inglés) y otras instalaciones, al menos entre 2017 y 2019. Incluso si desde entonces se ha reducido el alcance del sistema VETC o se ha liquidado, como ha afirmado el Gobierno, las leyes y políticas que lo sustentan siguen vigentes”, denuncia el informe.
(Con información de AFP y EFE)
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