El informe de la ONU publicado el miércoles sobre los abusos en Xinjiang señaló que China “ha cometido graves violaciones de los derechos humanos” en sus políticas de “lucha contra el terrorismo”, con detalle en las atrocidades cometidas contra los uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes.
A continuación, los principales argumentos de la ONU.
Detenciones masivas arbitrarias
El informe de la ONU describe un “patrón de detenciones arbitrarias a gran escala” en Xinjiang, donde individuos sospechosos de terrorismo son retenidos en instalaciones de alta seguridad sin el debido proceso y por un periodo de tiempo indefinido.
Tener demasiados niños, llevar velo o barba o no usar pasaporte son citados como comportamientos que pueden llevar a las autoridades a identificar individuos en riesgo de “extremismo” y marcarlos para una posible detención. Recientemente hay indicios de un cambio a penas de prisión formales “como principal método de encarcelamiento a gran escala y privación de libertad”, según el informe.
Muchos fueron detenidos sin que sus familias fueran informadas, agrega.
Torturas y violaciones
El informe asegura que se han hallado acusaciones “creíbles” de torturas y agresiones sexuales, incluidas violaciones, en los centros de detención de Xinjiang.
Antiguos internos entrevistados por la ONU describen haber sido golpeados en “sillas de tigre” -usadas por la policía china para inmovilizar a los interrogados-, haber sido forzados a seguir tratamientos médicos sin explicaciones y haber sufrido violaciones y “exámenes ginecológicos invasivos”. “La negación generalizada de todas las acusaciones por parte del gobierno, así como sus ataques humillantes y sexistas a aquellos que han dado un paso adelante para compartir sus experiencias (...) aumentaron la indignidad y el sufrimiento de los supervivientes”, dice la ONU.
La evidencia es abrumadora, basada en testimonios de las víctimas.
“Ex detenidos entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) habían pasado periodos de tiempo, generalmente, de entre dos meses y 18 meses, en centros de ocho lugares geográficos diferentes, incluidas las prefecturas autónomas de Ili, Aksu, Bayingol, Hotan, Karamay y Urumqi. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional”, señala el texto.
Y añade: “Estas denuncias señalan que los malos tratos tuvieron lugar durante los interrogatorios o como forma de castigo por (supuestas) infracciones. Los relatos incluían haber sido golpeados con bastones, incluso con porras eléctricas, mientras estaban atados de pies y manos en la llamada ‘silla de tigre’; haber sido sometidos a interrogatorios con agua en la cara; haber sido sometidos a aislamiento prolongado; y haber sido obligados a sentarse inmóviles en pequeños taburetes durante períodos prolongados”.
Y algunos ex detenidos también hablaron de diversas formas de violencia sexual, incluidos algunos casos de violación, que afectaron principalmente a las mujeres.
Tratamiento médico forzado
Otro aspecto señalado es el referido al tratamiento médico forzado: “Casi todos los entrevistados describieron que se les administraban regularmente inyecciones, pastillas o ambas cosas, así como que se les recogían regularmente muestras de sangre en las instalaciones del centro de formación profesional”.
“Los entrevistados fueron coherentes en sus descripciones de cómo los medicamentos administrados les hacían sentir somnolientos. Un entrevistado, por ejemplo, describió el proceso de la siguiente manera: ‘Recibíamos un comprimido al día. Parecía una aspirina. Nos ponían en fila y alguien con guantes nos revisaba sistemáticamente la boca para asegurarse de que la tragábamos’. Aunque la frecuencia de estas intervenciones y tratamientos médicos variaba según los entrevistados, tanto las inyecciones como la administración de lo que se describía como ‘pastillas blancas’ se producían al principio de su internamiento y a lo largo de su estancia en los centros de formación profesional. Ninguno de los entrevistados fue debidamente informado sobre estos tratamientos médicos, ni se sintió en condiciones de rechazarlos. En tales circunstancias, no puede inferirse un consentimiento informado”, advierte el informe.
Esterilizaciones y abortos
La ONU indica haber hablado con mujeres que dicen haber sido “forzadas a abortar o a insertarse dispositivos intrauterinos anticonceptivos”.
El informe considera creíbles estas alegaciones y señala la aguda caída de la natalidad en Xinjiang desde 2017, basado también en un libro blanco de Pekín que vinculaba tener muchos hijos con el extremismo religioso.
“Hay indicaciones creíbles de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de políticas de planificación familiar”, afirma el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Supresión de la libertad religiosa
El informe critica las “excepcionalmente amplias interpretaciones de extremismo” de China, que criminaliza actividades “conectadas a disfrutar la vida cultural y religiosa”.
Vestir hiyab o dar a los niños nombres musulmanes son señalados como indicios de “extremismo religioso” que “pueden conducir a graves consecuencias para estas personas”, dice el informe.
El Alto Comisionado apunta también informes “profundamente preocupantes” sobre la destrucción de mezquitas y cementerios en la región.
Trabajos forzados
La ONU encontró también señales de “elementos de coerción” en algunos programas de empleo en Xinjiang, en línea con las largas denuncias de trabajos forzados proferidas por Estados Unidos y otros países occidentales.
El informe cita comunicados del gobierno que hablan de transferir a internos de centros vocacionales a fábricas y se pregunta si “tales programas pueden considerarse totalmente voluntarios”.
El informe, que no llegó a hablar de genocidio, es de todas formas contundente. “Estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas (...) al menos entre 2017 y 2019″, advierte el informe.
CALCULO DE LA POBLACIÓN AFECTADA
En esta investigación, la ONU no ofrece cifras concretas del número de personas que llegaron a estar en estos campos, donde en los últimos años se ha afirmado que un millón de personas llegaron a estar internadas.
No obstante el análisis de distintas fuentes de información -incluyendo de tipo oficial- le permite calcular que entre el 10 % y el 20 % de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.
(Con información de AFP)
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