A dos años de la explosión sin culpables en el puerto de Beirut, los libaneses buscan justicia en el extranjero

Han pasado dos años desde que su hija de 3 años, Alexandra, murió en una explosión masiva en el puerto de Beirut, y Paul Naggear ha perdido la esperanza de que la indignación por el desastre traerá justicia y forzará un cambio en el Líbano.

La investigación sobre una de las explosiones no nucleares más grandes del mundo ha estado bloqueada durante meses por los poderes políticos de Líbano. Muchos culpan a la corrupción y la mala gestión del gobierno libanés por la tragedia, pero el control del poder de la élite durante décadas ha asegurado que sean intocables.

De hecho, algunos de los acusados en la investigación fueron reelegidos para el parlamento a principios de este año.

A pesar de que los silos destrozados en el puerto han estado ardiendo durante semanas, un incendio provocado por los granos en fermentación que aún estaban dentro de ellos, las autoridades parecían haber renunciado a tratar de apagar el incendio. Una sección de los silos se derrumbó el domingo en una enorme nube de polvo.

“Han pasado dos años y no ha pasado nada”, dijo Naggear sobre el desastre del 4 de agosto de 2020, cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio altamente explosivo, un material utilizado en fertilizantes, detonaron en el puerto. “Es como si mi hija hubiera sido atropellada por un auto”.

La explosión provocó una onda de presión que destrozó todo a su paso por la capital.

Naggear, su esposa, Tracy Awad, y la pequeña Alexandra estaban en su departamento con vista al puerto cuando la fuerza masiva arrojó vidrios, muebles y otros escombros. Naggear y su esposa sufrieron cortes y magulladuras. Alexandra, o Lexou, como la llamaban, resultó gravemente herida y murió en el hospital.

Fue la segunda víctima más joven de la explosión, que mató a más de 215 personas e hirió a más de 6.000.

Más tarde se supo que el nitrato de amonio se había enviado al Líbano en 2013 y desde entonces se había almacenado de forma inadecuada en un almacén portuario. Altos funcionarios políticos y de seguridad sabían de su presencia pero no hicieron nada.

Los líderes políticos de las facciones del Líbano, que se han repartido el poder entre ellos durante décadas, cerraron filas para frustrar cualquier rendición de cuentas.

Tarek Bitar, el juez que dirige la investigación, acusó a cuatro ex altos funcionarios del gobierno de homicidio intencional y negligencia que provocó la muerte de decenas de personas. También acusó a varios altos funcionarios de seguridad en el caso.

Pero su trabajo ha estado bloqueado durante ocho meses a la espera de un fallo del Tribunal de Casación después de que tres ex ministros del gabinete presentaran impugnaciones legales. El tribunal no puede fallar hasta que se cubran varias vacantes causadas por la jubilación de los jueces. Los nombramientos, firmados por el ministro de Justicia, aún esperan la aprobación del ministro de Finanzas, aliado del presidente del Parlamento, Nabih Berri.

Funcionarios judiciales con conocimiento de la investigación de Bitar dijeron a The Associated Press que estaba en etapas avanzadas para responder preguntas clave, como quién era el dueño de los nitratos, cómo ingresaron al puerto y cómo ocurrió la explosión. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la investigación.

Bitar es el segundo juez en tomar el caso. El primer juez fue expulsado después de que dos ministros del gabinete presentaran denuncias en su contra, y si le sucede lo mismo a Bitar, probablemente sería el golpe final a la investigación.

La falta de justicia agrava el dolor de familiares y amigos de las víctimas de la explosión. Se sienten defraudados y abandonados, no solo por el gobierno sino también por la apatía pública a medida que pasan los meses y los años.

Inicialmente, después de la explosión, hubo grandes protestas y sentadas exigiendo justicia. Generó esperanzas de que los políticos del Líbano pudieran rendir cuentas.

Pero el fervor público se desvaneció cuando los libaneses quedaron absortos en sobrevivir al colapso económico del país. Además, el año pasado estallaron tiroteos mortales entre los partidarios de Hezbolá que protestaban contra Bitar y miembros de una facción cristiana, lo que generó temores de que presionar la investigación podría empujar al Líbano a un conflicto entre facciones.

Ahora solo un puñado de personas se presenta a las protestas y plantones organizados por familiares de las víctimas.

Las familias siguen destrozadas por el dolor.

Para Muhieddine Ladkani, cuyo padre, Mohammed, fue asesinado, el tiempo se ha detenido.

Cuando escucharon por primera vez explosiones provenientes del puerto, su padre llevó a la familia al vestíbulo de entrada de su apartamento, creyendo que sería seguro ya que no había ventanas. Pero la explosión arrancó la puerta principal de sus goznes y envió un armario que se estrelló contra el anciano Ladkani. Estuvo en coma durante semanas con una hemorragia cerebral. Murió 31 días después.

Ladkani, un estudiante de derecho de 29 años, dijo que su familia todavía no puede hablar de ese día.

“Todavía no podemos recordar, y no podemos reunirnos como una familia”, dijo. “Mis hermanos y tíos tienen las fotos de mi padre como foto de perfil. Yo no. Cada vez que recuerdo a mi padre, me derrumbo”.

“Es algo que no quiero creer. No puedo vivir con eso”, dijo Ladkani. Quienes votaron por los políticos imputados en el desastre también son responsables de la muerte de su padre, agregó.

“La tinta en los dedos de los votantes que votaron por ellos no es tinta sino la sangre de las víctimas”, dijo Ladkani.

Uno de los políticos acusados y reelegidos, el exministro de Obras Públicas Ghazi Zeiter, dijo a AP que tenía derecho a postularse nuevamente para el parlamento porque no hay un veredicto judicial en su contra. Dijo que Bitar no tiene derecho a acusarlo porque los legisladores y ministros tienen un tribunal especial donde suelen ser juzgados.

En medio del estancamiento, las familias de algunas víctimas recurren a los tribunales fuera del Líbano.

A mediados de julio, las familias presentaron una demanda de 250 millones de dólares contra una empresa estadounidense-noruega, TGS, sospechosa de participar en el traslado del material explosivo al puerto. TGS ha negado haber actuado mal.

Naggear dijo que su familia, otras dos personas y el Colegio de Abogados presentaron una demanda en Gran Bretaña contra la empresa comercial de productos químicos registrada en Londres, Savaro Ltd., que, según los periodistas de investigación en el Líbano, fletó el cargamento con la intención de llevar los nitratos de Georgia a un depósito de explosivos de una empresa en Mozambique.

Naggear dijo que está perdiendo la esperanza.

Él y su esposa, que tiene doble ciudadanía libanesa y canadiense, habían pensado en abandonar el Líbano después de la explosión. Pero las grandes protestas públicas inmediatamente después les dieron la esperanza de que el cambio era posible.

Pero después de los resultados de las elecciones parlamentarias de este año, nuevamente están considerando seriamente irse.

Aún así, prometen seguir trabajando por la justicia. En una sentada reciente, se presentaron con su bebé de 4 meses, Axel.

“Están tratando de hacernos olvidar... pero no nos detendremos, por el bien (de Alexandra) hasta que alcancemos la verdad y la justicia”, dijo Naggear.

Los Naggear han reparado su apartamento, pero no se han quedado allí desde el nacimiento de Axel, por temor a que todavía no fuera seguro.

El fuego que arde en las ruinas de los silos de grano solo alimenta la sensación de peligro. Una sección norte de la estructura se derrumbó el domingo y los expertos dicen que hay más partes en riesgo de caer. Por la noche, se pueden ver llamas anaranjadas lamiendo la base del silo norte, brillando misteriosamente en la oscuridad.

(con información de AP)

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