Cómo Uber buscó esquivar el pago de millones en impuestos en los distintos países en que opera

A principios de 2015, los organismos reguladores europeos pusieron su mira sobre Apple, Amazon y Google, acusando a los titanes tecnológicos estadounidenses de competencia desleal y abuso de acuerdos fiscales ventajosos.

Los ejecutivos de Uber Technologies Inc. tomaron nota: temían que su empresa pudiera ser la siguiente, según muestran documentos filtrados recientemente en la investigación global conocida como The Uber Files. A medida que ampliaba su presencia en todo el mundo, el gigante de servicios de transporte había ideado formas de ahorrar millones de dólares en impuestos, canalizando los beneficios a través de Bermudas y otros paraísos fiscales.

“Nuestra estructura del impuesto de sociedades es, en términos puramente políticos europeos, el talón de Aquiles de la empresa”, escribía Mark MacGann, el principal lobbista de Uber en Europa en aquel momento, al jefe del departamento fiscal de la empresa.

A medida que aumentaba el escrutinio, Uber ideó una osada estrategia para desviar la atención de sus responsabilidades fiscales: ayudar a las autoridades a recaudar impuestos de sus conductores.

En un correo electrónico enviado a otros directivos, MacGann declaraba que compartir información sobre los ingresos de los conductores podría “contener” las demandas de las autoridades fiscales. Al hacerlo, Uber podría “evitar la ampliación de la investigación a otros países y/u otros asuntos fiscales (corporativos)”, escribía.

La investigación conocida como The Uber Files, de la que participa Infobae, incluye correos electrónicos y otros documentos internos de la empresa filtrados al periódico The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Los registros, que van desde 2013 hasta 2017, revelan la manera en que los ejecutivos de la empresa de transporte de pasajeros gestionaron las crisis, incluida la reacción a su agresiva estrategia de evasión fiscal, desde que Uber dejó de ser una insignificante empresa tecnológica de Silicon Valley y se convirtió en un gigante mundial.

Los documentos también ilustran cómo los gobiernos vienen luchando por hacer que las empresas digitales paguen impuestos en los países en los que operan, un dinero que podría invertirse en sanidad, educación e incluso en las carreteras que utilizan las empresas de transporte compartido.

Con su fundador, Travis Kalanick, Uber se ganó cierta fama por su cultura empresarial machista. Hubo acusaciones de acoso sexual desenfrenado, de espiar a los rivales y de obstaculizar las investigaciones de las fuerzas del orden.

Los registros filtrados indican que la misma actitud arrogante impregnaba la actitud de Uber hacia las leyes fiscales.

Según los correos electrónicos confidenciales, los ejecutivos instruyeron a los gerentes regionales sobre cómo adelantarse a las críticas del Gobierno hablando de “soluciones” que Uber había ideado para asegurarse de que sus conductores pagaran impuestos. Una plataforma digital de declaración de impuestos probada en colaboración con las autoridades fiscales estonias fue una de las soluciones citadas en los correos.

En un memorando de 2016 sobre las reuniones con funcionarios locales africanos, un alto directivo político describía cómo, en Nigeria, el equipo de Uber había conseguido trasladar el debate sobre los impuestos de Uber a los conductores.

“Nos reunimos con las autoridades fiscales de Lagos, que alabaron nuestros esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales [de los conductores], y dejaron de centrarse en Uber ‘evadiendo impuestos’ para trabajar juntos en garantizar el cumplimiento [por parte de los conductores]”, escribía el directivo.

Los directivos de Uber sabían que la postura agresiva de la empresa atraería una atención no deseada, según muestran los documentos.

“Determinados temas, como la fiscalidad de las empresas, son muy sensibles y generan muchas críticas”, escribía el directivo de Uber Pierre-Dimitri Gore-Coty en un memorando tras una llamada telefónica en noviembre de 2015 con el entonces consejero delegado Travis Kalanick.

Una filial de Uber en Bermudas, que poseía las valiosas patentes de la tecnología de transporte compartido de la empresa, se consideró potencialmente perjudicial para la reputación de la empresa. Los cánones por el uso de la aplicación de viajes compartidos fueron a parar a la sede de Bermudas, lo que redujo drásticamente la factura fiscal global de Uber.

“Lo de Bermudas o las Islas Caimán es lo que realmente molesta a mucha gente en Europa”, escribía Rachel Whetstone, entonces jefa de comunicación de Uber, en un correo a los directivos. “Incluso el mero hecho de no estar en el Caribe nos situaría muy por delante de las empresas tecnológicas estadounidenses”, remarcaba Whetstone.

“De todos modos, que quede entre nosotros, ya que es un tema “que no debe ser nombrado”, escribía, presumiblemente refiriéndose a la evasión de impuestos.

Uber sostiene que no es una empresa de transporte, sino el operador de una plataforma digital que conecta a los pasajeros con los conductores, que son contratistas independientes, no empleados. El acuerdo permite a la empresa evitar una serie de costes y responsabilidades, como cotizar a la seguridad social y recaudar el impuesto sobre el valor añadido de los trayectos.

“Uber tiene el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones tributarias en todos los lugares donde opera y de permitir a los proveedores, socios y conductores de Uber que acaten sus propias obligaciones legales y tributarias”, afirmó la portavoz de la empresa, Jill Hazelbaker, en una respuesta escrita a las preguntas del ICIJ y de los medios asociados.

La conexión holandesa

La sede de Uber en San Francisco ocupa dos modernos edificios frente a la bahía de esa ciudad. Pero el centro financiero de la empresa para sus actividades en gran parte del mundo se encuentra en el Reino de los Países Bajos, un paraíso fiscal para las empresas.

En 2012, pocos meses después de su debut europeo en Francia, Uber creó una empresa holandesa, Uber BV, para recibir los pagos de los clientes que utilizan los coches de Uber en Nueva Delhi, Londres, Sídney y centenares de ciudades más de todo el mundo.

Uber BV devolvía hasta el 80% de cada pasaje al conductor. La mayor parte del resto se enviaba a su operación en Bermudas, donde los ingresos de las empresas no están sujetos a impuestos.

El acuerdo dificultaba que las autoridades fiscales nacionales supieran cuánto ganan los conductores porque se les paga a través de Países Bajos.

Los documentos filtrados incluyen un intercambio de correos entre el jefe de los lobbistas MacGann y un portavoz de Uber sobre cómo responder a las preguntas de un periodista de Tech Crunch que había preguntado por qué la sede internacional de la empresa estaba en Países Bajos, y cómo encajaban los impuestos en el panorama.

“Podría ocurrir que cualquier cosa que digamos sea percibida como defensiva en el mejor de los casos”, escribía MacGann. “Tenemos que demostrar que centenares de grandes empresas internacionales se han instalado en [Ámsterdam] durante décadas. ... Ámsterdam y el Gobierno holandés han demostrado que Países Bajos está ‘abierto a los negocios’”.

La especial conexión de Uber con Países Bajos se hizo evidente en la primavera de 2015, cuando las autoridades fiscales de Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y Bélgica se pusieron en contacto con su homólogo holandés para solicitar que Uber BV compartiera información sobre los conductores.

Las autoridades querían saber el nombre y la fecha de nacimiento de los trabajadores, sus matrículas, el número de viajes, las cuentas bancarias y otros detalles para determinar sus obligaciones fiscales, según un correo filtrado.

La petición alarmó inicialmente a los directivos de Uber, según muestran los registros filtrados. Temían que las autoridades empezaran a perseguir a los conductores ー la “oferta” de la empresa ー exigiéndoles impuestos atrasados y compartiendo datos con otras agencias. Les preocupaba que los conductores abandonaran la empresa y se fueran a trabajar a los competidores de Uber.

En correos confidenciales enviados a directivos, uno de los gestores fiscales internacionales de Uber, Rob van der Woude, enumeró los pros y contras de cumplir con las exigencias de las autoridades.

“Poco riesgo financiero para Uber”, escribía. “Responsabilidad financiera inmediata para los socios-conductores”.

Mientras los ejecutivos de Uber debatían sobre la manera en que debían responder, la empresa confiaba en que las autoridades holandesas le dieran más tiempo, se afirma en los mensajes filtrados.

“Las autoridades fiscales holandesas están tratando de frenar el intercambio de información y probablemente hagan lo mismo si surgen nuevas solicitudes de otros países”, escribía van der Woude en un correo.

Los documentos no explican qué forma adoptó esa ralentización. Pero las actas de las reuniones en los archivos de Uber indican que, en abril de 2015, los directivos de la empresa se reunieron con cinco altos funcionarios holandeses en el consulado de Países Bajos en San Francisco para hablar de las actividades de la empresa en el país europeo y de cuándo tendría lugar la auditoría por parte de las autoridades europeas. Los documentos también indican que Uber estaba habituada a que las autoridades holandesas protegieran a la empresa del escrutinio normativo de otros países.

“Esta relación es de gran importancia y valor, teniendo en cuenta nuestra estructura corporativa y eficacia fiscal”, señalaba van der Woude en un mensaje confidencial. “Las autoridades fiscales holandesas se han mostrado colaboradoras y protectoras con nosotros”.

Los cinco países de la UE también estaban investigando a Uber para evaluar si la empresa estaba pagando impuestos sobre la renta donde debía, y si tenía que cobrar un impuesto sobre el valor añadido en los trayectos.

“Será una batalla importante que necesitaremos que [las autoridades fiscales holandesas] libren por nosotros”, afirmaba van der Woude en un correo.

Tras varios debates internos a finales de 2015, los directivos de Uber decidieron acatar la solicitud de información sobre los conductores por parte de las autoridades europeas para demostrar que la empresa se tomaba “en serio” el cumplimiento fiscal de los conductores, escribía van der Woude.

Los funcionarios holandeses habían dado a la empresa tiempo suficiente para “poner en orden nuestros asuntos”, señalaba.

En diciembre de 2015, van der Woude compartió “actualizaciones positivas” con sus compañeros: un contacto que trabajaba para la agencia tributaria holandesa le había asegurado que, una vez que los países implicados en la auditoría recibieran la información de los conductores, “no adoptarían un enfoque punitivo” para cobrar impuestos a los conductores.

Los funcionarios tampoco quisieron revelar que Uber proporcionó la información utilizada para recordar a los conductores que pagaran sus impuestos, explicaba van der Woude en un correo a sus compañeros.

Los cinco países de la UE, además de la agencia tributaria holandesa, acordaron que la política de Uber de no cobrar un impuesto sobre el valor añadido en la tarifa de servicio era “sensata” y no daría lugar a reclamaciones contra la empresa, afirmaba van der Woude en otro correo.

Tanto MacGann como van der Woude han dejado la empresa. No han hecho comentarios sobre su papel en el trato con las autoridades fiscales.

Los expertos entrevistados por los periodistas del ICIJ señalaron que los funcionarios holandeses podrían haber violado las leyes locales si de alguna manera obstaculizaron o retrasaron la solicitud de información de las autoridades europeas y compartieron detalles de la auditoría con Uber.

Un portavoz de la agencia tributaria holandesa declaró que los funcionarios no incumplieron ninguna obligación ni retrasaron la investigación, y tampoco mostraron ningún “favoritismo” hacia Uber.

Las autoridades fiscales siguieron los procedimientos “correctamente” y “están firmemente comprometidas” con el cumplimiento de los acuerdos internacionales, aseguraba el portavoz. No comentó el caso de Uber.

Uber tenía previsto enviar la información solicitada sobre sus conductores a la agencia tributaria holandesa en enero de 2016, y luego los holandeses la compartirían con otros funcionarios europeos, según los archivos filtrados.

No está claro qué países recibieron los datos en ese momento. Pero, en 2018, las autoridades fiscales danesas exigieron que unos 1.200 conductores de Uber pagaran 1,9 millones de dólares en impuestos, tras analizar los datos facilitados por los holandeses.

En respuesta a las preguntas del ICIJ, la portavoz de Uber dijo que la empresa estaba “obligada a mantener una relación de trabajo abierta y transparente con las autoridades fiscales”.

“Como parte de nuestras obligaciones de información fiscal y auditorías fiscales, Uber habitualmente suministra datos fiscales a las autoridades tributarias, de conformidad con las leyes fiscales y las normas de protección de datos”, dijo.

India: Abrazando el caos

El “idilio” de Travis Kalanick con India comenzó cuando, siendo un joven codificador, pasó un mes en la ciudad sureña de Varkala, trabajando desde la playa, según comentó una vez en una entrevista televisiva.

Los archivos filtrados, los registros corporativos y la investigación de expertos financieros pintan un cuadro diferente sobre la aportación de Uber a la economía india. Muestran cómo la empresa ideó formas de reducir su factura fiscal, luchó contra las autoridades fiscales en los tribunales y utilizó filiales holandesas para llevar a cabo sus principales actividades comerciales en el país.

En 2014, meses después de su constitución, las operaciones de Uber en India atrajeron el escrutinio de los reguladores. El Banco Central la acusó de no cumplir las normas sobre transacciones con tarjetas de crédito y las autoridades fiscales afirmaron que la empresa no pagaba los impuestos de servicio sobre las tarifas, como exige la ley.

Los funcionarios del departamento de recaudación indio pidieron al gerente de Uber en India que compareciera ante ellos y prestara declaración, según los archivos filtrados.

Uber contrató a abogados -y al gigante de la contabilidad E&Y- para luchar contra las demandas de las autoridades.

Mientras los abogados de Uber se defendían de las reclamaciones del Gobierno, Allen Penn, que entonces dirigía las operaciones de Uber en Asia, envió un correo al equipo indio con un emoji sonriente en el que animaba a todos a mantener la concentración y a trabajar duro para “dominar el mercado :)”.

“Abracen el caos. Significa que están haciendo algo valioso”, escribía Penn en el correo. “Ustedes y UBER somos los que estamos mejorando India”.

Penn y Martínez no respondieron a las peticiones de comentarios del ICIJ y sus socios de los medios. E&Y tampoco hizo comentarios.

A principios de 2015, estaba claro que Uber había perdido su primera batalla con las autoridades indias. El Ministerio de Finanzas exigió a todas las empresas de transporte por carretera que pagaran un impuesto de servicio sobre todas las tarifas de los trayectos. También pidió a Uber que entregara información sobre los conductores, que debían registrarse ante las autoridades fiscales. Pero la empresa tenía una solución para el nuevo impuesto.

En abril de 2015, Uber anunció que incluiría la tasa de servicio en el coste del trayecto. Los registros filtrados indican que la empresa quería “mostrar su compromiso de cumplir” con las normas indias, optando por una estrategia similar a la adoptada en Europa.

“Garantizamos el cumplimiento de los socios conductores y mejoraremos la relación con las autoridades locales”, afirman las directrices del proyecto en PowerPoint. “El objetivo es convertirnos en facilitadores de la recaudación y el pago de impuestos”.

En los años siguientes, Uber recurrió a varias resoluciones fiscales en India. Redujo su factura del impuesto de sociedades de 35 millones de dólares a 8 millones para los años 2018, 2019 y 2020, según los estados financieros. La empresa recibió una sentencia favorable tras impugnar las reclamaciones fiscales de 2016 y 2017 y estaba a la espera de ver si las autoridades apelaban, según el último de los estados financieros.

Se calcula que la India pierde cada año 16.000 millones de dólares por la evasión fiscal de las empresas y otros abusos fiscales, según un informe reciente de la Red de Justicia Fiscal.

Reorganización global

En 2019, la idea de cerrar las operaciones en los paraísos fiscales del Caribe se cumplió en parte. Antes de entrar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, Uber reestructuró su negocio global.

Una filial holandesa compró la propiedad intelectual que antes pertenecía a la sociedad instrumental de Uber en Bermudas, utilizando un préstamo de 16.000 millones de dólares de la unidad de Uber en Singapur. La maniobra se produjo después de que la UE tomara medidas enérgicas contra la evasión fiscal, según indicó un portavoz de Uber a Bloomberg News.

Pero el nuevo acuerdo contenía lucrativas ventajas fiscales. Uber estructuró el préstamo de su filial para reducir su renta imponible en Países Bajos en unos 1.000 millones de dólares al año durante dos décadas, el plazo del préstamo, según un informe del Centro Internacional para el Impuesto de Sociedades, la Responsabilidad y la Investigación, o CICTAR (por sus siglas en inglés).

Los defensores de la justicia fiscal estaban indignados. Uno llamó a Uber “la Champions League de la evasión fiscal”.

Los investigadores de CICTAR estimaron que, en 2019, el año de su salida a bolsa, Uber evadió al menos 556 millones de dólares en impuestos a escala mundial. En recientes presentaciones corporativas, Uber afirmaba que actualmente se enfrenta a numerosas auditorías por parte de organismos fiscales en Estados Unidos y en el extranjero.

Según Jason Ward, el investigador del CICTAR que revisó los acuerdos de Uber en Países Bajos, India y otros países, empresas como Uber “remodelan continuamente” su estructura en un esfuerzo por evitar impuestos y confundir a las autoridades fiscales. “Cuanto más cambia”, declaraba, “más difícil es seguirle la pista”.

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