Miles de personas han tomado esta sábado la residencia del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, en la explosión de una revolución popular que culmina meses de protestas contra las autoridades por la devastadora crisis económica que azota la nación, la más grave desde la declaración de su independencia de Reino Unido en 1948.
Los manifestantes ingresaron al Palacio instantes después de que el mandatario huyera. Revisaron sus cosas peronales, se metieron en la piscina y hasta se acostaron en su cama.
Las cadenas de televisión locales mostraron imágenes de miles de personas trepando por las puertas del palacio presidencial, un edificio de la época colonial, situado junto al mar y símbolo del poder en Sri Lanka.
Algunos manifestantes transmitieron en directo en las redes sociales videos que mostraban a una multitud deambulando por el interior del palacio.
Las calles de la capital del país, Colombo, están ahora mismo abarrotadas de cientos de miles de personas que se han sumado a la multitudinaria concentración que ha comenzado a primera hora de esta mañana, encabezada por los monjes budistas del país y secundada por asociaciones civiles, artistas, profesores, escritores y otros profesionales, en medio de escaramuzas con la Policía, ahora mismo tranquila tras repeler los primeros intentos de incursión con disparos al aire y gases lacrimógenos.
Balances médicos estiman al menos 33 heridos, dos críticos, entre ellos dos policías, por la violencia desatada horas antes de la incursión, cuando la Policía tuvo que intervenir con disparos al aire y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes tomaran el acuartelamiento próximo a la residencia, en la calle Chatham. Tras tomar la residencia presidencial, otro grupo de manifestantes ha entrado en las oficinas del mandatario en la capital y una tercera concentración se encuentra justo a las puertas del Banco Central del país.
El presidente del país se encuentra ahora mismo en paradero desconocido pero fuentes próximas al mandatario aseguran que respetará la decisión que adopten el primer ministro del país y antiguo rival, Ranil Wickremesinghe, y los líderes de los partidos políticos afines al mandatario en la reunión de emergencia que ha comenzado ya. La principal oposición del país, Poder del Pueblo Unido (SJB), que no reconoce al primer ministro, ha avisado que no participará en la reunión y exigido la dimisión tanto del presidente como del jefe del Gobierno.
El SJB no está solo en sus peticiones. La asociación del Colegio de Abogados de Sri Lanka, una de las organizaciones civiles más destacadas del país, ha pedido al presidente que comience a considerar la posibilidad de dimitir. Asimismo, el comité ejecutivo de la asociación exige al primer ministro del país así como a su Consejo de Ministros y al Parlamento que tomen medidas inmediatas para garantizar la estabilidad política del país.
También el grupo prorreformista Podujana Peramuna ha pedido al presidente que renuncie de inmediato, dada la situación actual en el país. La declaración, también recogida por el News First, llama a la formación de “un gobierno de concentración, con la participación de todos los miembros del Parlamento, bajo un primer ministro adecuado”.
REVOLUCIÓN
Las protestas de Sri Lanka comenzaron a principios de marzo en medio de una crisis económica como el país no ha conocido en su historia, marcada por subidas inasumibles en los precios del combustible, falta de acceso a los bienes de primera necesidad, cortes en el suministro eléctrico, niveles récord de inflación -- que podría llegar a una subida del 70 por ciento interanual en los próximos meses -- y una deuda externa acumulada de casi 50.000 millones de euros.
Las autoridades ceilandesas han recibido las críticas de organismos internacionales por la excesiva dureza empleada para reprimir unas manifestaciones que han dejado al menos una decena de civiles muertos, más de 200 heridos y más de 600 detenidos.
La población ha acabado culpando al clan Rajapaksa de tomar decisiones que han llevado a una grave escasez de todo, desde combustible hasta medicamentos, una inflación cercana al 55 por ciento -con previsión del 70 por ciento en los próximos meses-, apagones diarios de hasta 13 horas, un impago histórico de la deuda y la imposibilidad de acceder a gasolina o diésel.
En un intento por contener las protestas, el presidente presionó a su hermano y primer ministro, Mahinda Rajapaksa, para que renunciara al cargo junto al resto de su gobierno. En su lugar emergió Wickremesinghe, otro viejo conocido de la política de Sri Lanka, que ya ocupó ese mismo puesto en hasta cuatro ocasiones y que es visto por la oposición, a pesar de sus anteriores roces con el mandatario, como una opción absolutamente continuista.
De hecho, a principios de mes, Sri Lanka se convirtió en primer país del mundo en restringir la venta de combustible a la ciudadanía desde la crisis del petróleo de los años 70 a través de un decreto en el que los propietarios de vehículos privados tienen prohibido usar las gasolineras hasta el 10 de julio.
La nación necesita además unos 6.000 millones de dólares en ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de países como India y China para salir adelante durante los próximos seis meses, según el primer ministro. Las autoridades locales se han pasado las últimas semanas acelerando las conversaciones de rescate con el FMI y otros organismos para obtener otras nuevas fuentes de financiación.
El primer ministro dedicó los últimos meses a fomentar conversaciones con el FMI para conseguir el préstamo de ayuda mientras el presidente Rajapaksa ha negociado con China el comienzo de un proceso para reestructurar la devolución de la deuda que su país ha contraído con el gigante asiático debido al impacto de la crisis provocada por el coronavirus.
Antes de esta crisis, Sri Lanka llevaba años beneficiándose de miles de millones de dólares procedentes de China en forma de préstamos; un programa que ha estallado en forma de la actual crisis de divisas.
Sri Lanka es un ejemplo de la “trampa de deuda” a la que China está sometiendo a varios países del mundo, sobre todo los africanos, obligados según ellos a efectuar exageradas concesiones comerciales o diplomáticas para retrasar las devoluciones. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, salió al paso de estas críticas, que describió como una “narrativa” impulsada por “quienes no quieren ver cómo estos países salen de la pobreza”.
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