El gobierno británico de Boris Johnson, enfurecido porque la justicia europea impidiese en el último minuto el primer vuelo para expulsar a migrantes ilegales a Ruanda, busca el modo de sortear este inconveniente y proseguir con su controvertido proyecto.
Priti Patel, la secretaria del interior dijo que “la preparación para el próximo comienza ahora”. De todas maneras, el fallo determinaba que ninguno de los inmigrantes designados a la deportación podia ser enviado al país de Africa oriental.
Según un acuerdo firmado en abril entre Gran Bretaña y Ruanda, el gobierno británico tiene previsto enviar algunos inmigrantes que llegaron a su territorio ilegalmente o en pequeñas embarcaciones a Ruanda, donde se procesarán sus peticiones de asilo. Si tienen éxito se quedarán en el país africano, en lugar de regresar a Gran Bretaña.
El gobierno del primer ministro, Boris Johnson, afirma que el plan es una forma legítima de proteger vidas y combatir a los grupos criminales que envían a los inmigrantes en peligrosas travesías a través del Canal de la Mancha.
Los grupos de derechos humanos alegan que el plan arrampla con las protecciones reconocidas a los refugiados según las normas establecidas tras la Segunda Guerra Mundial. Han descrito la idea como impracticable, inhumana y un desperdicio de dinero. Gran Bretaña pagó por adelantado 120 millones de libras (150 millones de dólares) a Ruanda por el acuerdo.
Entre los que se oponen hay líderes de la Iglesia Anglicana y, según medios británicos, el heredero al trono, el príncipe Carlos, que tiene previsto visitar Ruanda la semana próxima en nombre de su madre, la reina Isabel II.
Las cortes británicas se negaron la semana pasada a bloquear el primer vuelo, previsto para el martes. Pero el número de personas que iban a viajar se fue reduciendo por apelaciones y procesos legales. La Corte Europea de Derechos Humanos, un tribunal internacional reconocido por 46 países, incluida Gran Bretaña, concluyó el martes por la noche que un hombre iraquí que iba a ser incluido en el vuelo no podía viajar, dado que enfrentaba “un riesgo real de daño irreversible”. Eso permitió que los últimos migrantes asignados al traslado pudieran evitarlo.
El gobierno británico estaba “sorprendido y decepcionado” por la decisión, indicó la ministra de Gobierno, Therese Coffey.
“Creo que al público le sorprenderá que jueces europeos desautoricen a jueces británicos”, dijo a Sky News. Algunos parlamentarios del Partido Conservador, que gobierna Gran Bretaña, dijeron que el país debería retirarse de la corte de derechos, con sede en Estrasburgo y que Gran Bretaña ayudó a formar.
La corte europea no desautorizó decisiones de las cortes británicas, que habían rechazado bloquear el vuelo en su conjunto. La Corte Europea tramitó los casos individuales de las personas señaladas para embarcar. Está previsto que cortes británicas celebren un juicio a finales de julio sobre la legalidad del plan del gobierno.
La abogada de derechos humanos Frances Swaine, que representa a una de las personas designadas para ser trasladada a Ruanda, instó al gobierno a esperar a esa decisión antes de organizar más vuelos de deportación.
“Me sentaría y pensaría en si merece la pena, ya sea desde un punto de vista financiero o legal, organizar de nuevo estos vuelos muy costosos cuando han tenido tan poco éxito por motivos legales en esta ocasión”, dijo.
El gobierno británico dice que acepta a los refugiados que llegan por vías autorizadas de inmigración, pero quieren acabar con el negocio de las bandas de contrabandistas que operan las peligrosas travesías en el Canal.
Grupos de migrantes y refugiados señalan que no hay rutas autorizadas para la mayoría de la gente, salvo por los que huyen de Afganistán y Ucrania. Gran Bretaña recibe menos solicitudes de asilo que países europeos de tamaño similar, como Francia y Alemania.
Hay reparos sobre el trato que recibirían los migrantes en Ruanda, el país más densamente poblado de África. El gobierno británico alega que aunque Ruanda sufrió un genocidio con cientos de miles de muertos en 1994, desde entonces el país se ha labrado una reputación de estabilidad y progreso económico.
La estabilidad según los críticos se alcanzó por medio de represión política. Más de 28.000 inmigrantes entraron en Gran Bretaña a través del Canal el año pasado, en comparación con los 8.500 de 2020, y unos 10.000 han llegado en lo que va de año. Docenas de personas han muerto, incluidos 27 en noviembre en el naufragio de un solo barco.
Johnson, que ve su futuro político en juego por controversias en torno a su liderazgo y su ética, ha prometido detener a los grupos que organizan los peligrosos viajes, un mensaje de firmeza ante la inmigración que es bien recibido entre los votantes conservadores.
Los grupos de inmigrantes dicen que es improbable que el plan de Ruanda disuada a personas desesperadas que hacen peligrosos viajes a Gran Bretaña. El martes llegaron a la costa 440 personas que habían embarcado en pequeños botes, incluida una mujer con un embarazo muy avanzado y familias con niños.
CON INFORMACIÓN DE AP
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