Pena de muerte o intercambio de prisioneros: qué les espera a los ucranianos que se rindieron en Mariupol

Ucrania los denomina como “los héroes de Azovstal”, los soldados que lucharon hasta las últimas consecuencias tratando de evitar la caída en la ahora famosa acería de la ciudad de Mariupol. Para Rusia son apenas unos “terroristas nazis” que mantiene como prisioneros de guerra. Y nadie sabe que va a suceder con estos 2.449 hombres y algunas mujeres que se rindieron definitivamente el 18 de mayo después de defender la planta industrial más grande en su tipo del Este de Europa y que se ocultaron por tres meses en los infinitos pasillos subterráneos que pasan por debajo de los hornos y la aplanadora de laminado.

Unos 700 se recuperan de sus heridas en hospitales de la zona separatista pro-rusa dentro del territorio ucraniano. El resto está confinado en el campo de prisioneros de Olenivka, en la autodenominada República Popular del Donetsk. Desde Kyiv aseguran que están esperando un cambio de prisioneros para que “los héroes” regresen a sus casas. En Moscú, los quieren enjuiciar por traición y condenarlos a muerte, al menos a los comandantes.

La mayoría pertenecen al llamado Batallón Azov que se creó como una fuerza paramilitar por parte de ultranacionalistas y neo nazis para luchar contra la primera incursión rusa de 2014 y que después fueron integrados al ejército regular ucraniano. Ellos aceptan que en un principio algunos de los integrantes provenían de las filas del extremismo de derecha, pero que con el tiempo esas unidades fueron depuradas. En Moscú no entienden estas sutilezas y tienen en la mira a varios de estos soldados. Se sabe que, por ejemplo, Serguéi Velichko y Konstantin Némichev, van a ser juzgados por un atentado ocurrido en la ocupada Kharkov, en el que murieron ocho soldados rusos.

El presidente de la Duma, la cámara baja del parlament ruso, Viacheslav Volodin, dijo que “estos criminales nazis”, deberían ser juzgados como “criminales de guerra”. Se espera una resolución del Tribunal Supremo de la Federación Rusa que califique al Regimiento Azov como “organización terrorista” y, por tanto, se podría decretar la pena de muerte a sus integrantes. El presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma y miembro de la delegación rusa en las conversaciones con Kyiv, Leonid Sluzki, propuso el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte que está en vigor en Rusia desde 1996, específicamente para juzgar a estos soldados. “Hay que demostrar al mundo entero que los nacionalistas ucranianos solo merecen la pena de muerte”, dijo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió esta semana que es difícil cuantificar exactamente el número de soldados capturados en Azovstal (“hay más de 2.500, es difícil decirlo con precisión”) y lo que puede suceder con ellos. Dijo que la dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa “está tratando el tema de la liberación”. Y comentó que los rusos “no torturan a los defensores ucranianos de Azovstal, porque no les conviene hacerlo”, ya que “nuestros combatientes se han convertido en figuras públicas”. Y en uno de sus habituales videos que graba cada noche dijo: “Ucrania necesita héroes ucranianos vivos”.

De acuerdo a una fuente de inteligencia citada por el diario Ukrainska Pravda, hay registro de 2.449 prisioneros de Azovstal que están siendo concentrados en el campo de Olenivka para un supuesto intercambio de prisioneros. Ese es el acuerdo al que se llegó después de una negociación iniciada el 9 de mayo, en el mismo momento en que Vladimir Putin hablaba en la celebración del Día de la Victoria de la Plaza Roja de Moscú. Se aprovechó que toda la atención estaba centrada en lo que diría el líder ruso para que tres comandantes ucranianos abandonaran durante dos horas su bunker de la acería para dirigirse al cuartel general ruso en el centro de Mariupol. Eran Denis Prokopenko (alias Radis), Svyatoslav Palamar (Kalina) y el mayor Sergei Volynsky (Volyn).

Apenas regresaron, se reanudó el bombardeo ruso. Pero ya habían alcanzado un principio de acuerdo para ir evacuando a los heridos y el resto de los soldados bajo la garantía de que se les respetaría la vida. También hubo duras negociaciones entre los propios ucranianos. No todos querían aceptar la orden de Kyiv de rendirse. Allí, abajo del enorme predio de 11 km cuadrados de la planta, había combatientes de diferentes unidades del Ejército, el Regimiento Azov, guardias fronterizos, la Guardia Nacional, policías ordinarios y Sbushniks, como se conoce a los agentes de inteligencia del SBU. Se habían concentrado en ese lugar huyendo tras la caída de pequeñas ciudades aledañas como Melitopol y Berdyansk y el distrito de Volnovakha, último foco de resistencia dentro de Mariupol.

Desde comienzos de mayo hubo varias iniciativas para evacuar a civiles y militares de la ciudad sitiada. Se registraron conversaciones en Turquía con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdoğan, como mediador. Y llamados a que se respeten las vidas desde el presidente Joe Biden de Estados Unidos hasta el Papa Francisco. Suiza estaba lista para garantizar el tratamiento de los heridos y que los combatientes sanos ya no combatirían mientras durara la guerra. Pero Putin impuso su criterio: “los civiles se van, los militares se rinden”.

Para entonces, había “entre 20 y 30 muertos por día” entre los heridos por falta de medicamentos y una estructura adecuada para tratarlos. El resto sobrevivía gracias a los arriesgados vuelos que realizaron los pilotos de los helicópteros Mi-8 del ejército ucraniano. Según el jefe del servicio de inteligencia del ministerio del Interior (GUR), Kirill Budanov, fueron siete misiones de las que participaron 16 naves volando de noche a muy baja altura para no ser detectados por la defensa rusa. De esa manera les hicieron llegar medicinas, comida, agua y municiones. También evacuaron a varios heridos y hasta transportaron hasta allí a 72 soldados del Regimiento Azov que fueron a reforzar las líneas. En la quinta misión, fueron detectados y perdieron dos helicópteros así como un número no especificado de agentes.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre los jefes militares ucranianos y rusos y en los siguientes ocho días se concretaron tres evacuaciones. El comandante Radis logró imponer que sus soldados no depusieron las armas frente a los rusos. “Todos los combatientes de Azovstal entregaron sus armas a sus oficiales, entregaron sus armas al comandante antes de irse, y este les estrechó la mano, les agradeció por su servicio, se disculpó por no haber podido vencer, y luego los soldados fueron saliendo de a uno y caminando hacia donde estaban esperando los rusos”, explicó al Ukrainska Pravda uno de los agentes de inteligencia que monitorearon la operación.

Finalmente, el 18 de mayo se entregaron los tres comandantes Radis, Kalina y Volyn. Antes les dejaron hacer una llamada a sus familias. Los siguientes 15 días de estos casi 2.500 militares quedaron cubiertos por la nebulosa bélica. Se supone que fueron sometidos a interrogatorios y enviados en grupos al campo de Olenivka, donde quedaron en manos de las fuerzas pro-rusas del enclave de Donetsk. Desde allí, al menos dos mujeres recibieron llamadas telefónicas de sus maridos en las que les dijeron que estaban bien y que no habían sufrido torturas. Se supone que la Cruz Roja Internacional debía supervisar precisamente que estos soldados estuvieran protegidos por la Convención de Ginebra como prisioneros de guerra.

Pero este último punto todavía no está nada claro. En Moscú se insiste con “castigos ejemplares” y “muerte a los nazis”. Según el experto militar alemán y ex general de la OTAN, Egon Ramms, condenar a los prisioneros ucranianos en Rusia a la pena capital sería una clara violación del derecho internacional. “Los soldados que han sido evacuados de Mariupol, incluidos los heridos, son prisioneros de guerra, de acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949. Si escucho que hay diputados de la Duma que de repente amenazan con la pena de muerte, entonces es evidente que esos diputados rusos no han interpretado correctamente la base legal o están empezando a cometer un verdadero crimen de guerra”, dijo Ramms a la ZDF, la televisión pública alemana.

Los Convenios de Ginebra relativos al trato de los prisioneros de guerra fueron adoptados en agosto de 1949. El artículo 13 dice: “Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder.” Y Andreas von Arnauld, de la Universidad Christian Albrechts de Kiel, aclaró a la Deutsche Welle que “los prisioneros de guerra no pueden ser castigados por su participación en el conflicto, pero sí por crímenes de guerra. Por ello, tienen derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio justo”.

Con esa angustia de no saber qué va a suceder conviven las mujeres de estos soldados, muchos voluntarios que se enrolaron cuando comenzó la invasión en febrero. Liliia Stupina, es una de ellas. Tiene 25 años. Andriy, con quien está casada desde hace siete años, se encuentra en la lista que dio el gobierno ucraniano con los nombres de los prisioneros. Es todo lo que sabe. “Sé que está vivo. Quizás está herido, o quizás está bien. No sé si está comiendo, si está bebiendo. No sé dónde está, pero quiero creer lo mejor, y que va a volver”, le dijo a El Confidencial de Madrid. Stupina está organizando un movimiento con otras mujeres de prisioneros y la ayuda de una ONG escandinava para nombrar abogados que representen a sus parejas. Aunque es incierto si Rusia va a permitir algún tipo de proceso judicial con garantías. Pareciera que la mejor opción para estos hombres, por ahora, sigue siendo un tradicional canje de prisioneros como los que se vienen realizando en las guerras desde que los seres humanos comenzamos a enfrentarnos por el derecho a la tierra.

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