Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han alzado la voz en múltiples ocasiones para acusar al régimen de Beijing de encierros masivos, trabajos forzados, esterilizaciones y aniquilación cultural en la región de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur.
Estados Unidos afirma que China comete un “genocidio” contra los uigures que representan cerca de la mitad de la población de Xinjiang con 12 millones de habitantes e impusieron sanciones en respuesta. China desmiente vigorosamente y califica sus acusaciones de “mentira del siglo”.
Según varios investigadores, las autoridades chinas internaron más de un millón de uigures y otras personas surgidas de etnias musulmanas en centros de detención y cárceles de la provincia.
Mientras China niega esa cifra y explica que se trata de “centros de formación profesional” destinados a combatir el radicalismo islamista, ex detenidos testimoniaron sobre violaciones y torturas en el interior de esos campamentos, y el adoctrinamiento político de la parte de oficiales chinos, todo eso enmarcado en un sistema de vigilancia omnipresente.
Guardias equipados con gas lacrimógeno, pistolas eléctricas o paralizantes y matracas con puntillas controlan esos centros rodeados de alambre de púas y cámaras infrarrojas, según documentos gubernamentales examinados por la AFP en 2018.
La fuga de una serie de datos gubernamentales, especialmente un expediente confidencial de 2019 conocido con el nombre de “Xinjiang Papers”, hizo posible comprender mejor la magnitud de la estrategia de internamiento de Pekín.
Otros documentos obtenidos por el profesor de la Universidad de Sheffield David Tobin y vistos por AFP muestran como los funcionarios del norte de la región fueron movilizados teniendo como objetivo de manera sistemática a los musulmanes.
Uno de esos documentos es un manual publicado en 2016 que detalla las técnicas de interrogatorio e incitan a los funcionarios a desconfiar de los imanes “salvajes” o de los adeptos religiosos que “hacen doble juego”.
China también está acusada de reclutar uigures en sus programas de “transferencia de mano de obra” forzada, relacionados con cadenas internacionales de suministro en diversos sectores que van desde la vestimenta al automotriz.
Según China, esas iniciativas facilitan reducir la pobreza, procurando empleos bien remunerados para residentes rurales con bajos ingresos.
Pero la investigación indica que las autoridades obligaron a decenas de miles de personas a trabajar en campamentos y fábricas en el marco de un sistema relacionado con los campos de detención.
El año pasado, Estados Unidos adoptó una ley que prohíbe la importación de productos fabricados por medio del trabajo forzado en Xinjiang.
En abril, China afirmó que ratificó dos convenciones internacionales contra el trabajo forzado.
Según universitarios y militantes de ONG, las medidas de control de nacimientos muy estrictos tomadas en Xinjiang desde 2017, especialmente las cuotas de esterilización y la instalación de esterilizantes, hacen parte de una tentativa deliberada para reducir los nacimientos en las minorías étnicas.
China rechazó esas afirmaciones, y señala que la baja de la tasa de natalidad refleja el desarrollo económico regional y la evolución de las normas sociales.
El crecimiento de la población en algunos condados de Xinjiang donde viven muchas minorías disminuyó entre 2017 y 2019, según documentos de investigación que citan gobiernos locales.
China combatió las prácticas religiosas, culturales y linguísticas en los últimos años, según investigadores y uigures que viven fuera del país.
Unas 16.000 mezquitas de Xinjiang, o sea las dos terceras partes del número total en la provincia, fueron destruidas o dañadas en aplicación de políticas gubernamentales desde 2017, según el Instituto australiano de política estratégica.
Durante un viaje en 2019 a la región, periodistas de AFP visitaron varios lugares santos que fueron derruidos o destinados a otros usos.
(Con información de AFP)
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