Los negocios sucios de Rusia en Guatemala y millones de dólares envueltos en una alfombra de regalo para el Presidente

Es una versión guatemalteca de David y Goliat. David son, en esta historia, indígenas Maya Q’eqchi’ que viven desde hace siglos en las montañas que se levantan a la orilla del Lago de Izabal, al nororiente del país. en el pequeño poblado de El Estor. Goliat son dos minas de níquel, propiedades de capitalistas rusos y estonios, que han encontrado en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei al cómplice perfecto para poner la bota sobre el cuello de los indígenas que se han opuesto a la contaminación de la mina y de los periodistas que la han cubierto.

Aderezan esta historia una investigación abierta al presidente Giammattei luego de que un testigo lo señaló por recibir un soborno de mineros rusos, y la posibilidad de que una de las minas, socia estratégica del gobierno de Vladimir Putin, esté interesada en encontrar uranio en suelo guatemalteco.

Un grupo de medios internacionales, incluidos los guatemaltecos Prensa Comunitaria y The Store Project, parte del consorcio Forbidden Stories, han publicado en los últimos días una serie de historias basadas en una filtración masiva de documentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, las empresas guatemaltecas que manejan la licencia minera de Solway Investments, la casa matriz de la mina basada en Suiza y alimentada por capitales rusos. Estas compañías tienen la licencia minera Fénix, la extracción de níquel más grande de Centroamérica.

La filtración, compartida con 20 medios de todo el mundo, incluye 470 buzones de correos (2TB de datos) y otros 8 millones de archivos y revela varios escándalos: daños medioambientales, propuestas de comprar a líderes indígenas, polícias y jueces para que apoyen a la minera,planes detallados para desplazar a comunidades locales e imágenes que documentan la vigilancia a los periodistas que investigaron las actividades de la mina.

La mina rusa, por ejemplo, hizo contribuciones de dinero a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) para que los agentes apoyaran desalojos de tierras ricas en níquel. También contrató a exmilitares guatemaltecos para perfilar a opositores, ponerlos en listas negras, levantarles rumores y armarles, con la complicidad del Ministerio Público y un tribunal, casos criminales, algo que parece sacado de un manual militar contrainsurgente, tan populares en la Centroamérica de los años 70 y 80.

La mina, según los documentos revelados por el consorcio periodístico, también ha enviado al Lago de Izabal, el más grande de Guatemala, grandes cantidades de metales pesados, sobre todo de cromo, que exceden los niveles permitidos por estándares internacionales. Sus ejecutivos, en lugar de atajar el problema, discutieron cómo ocultarlo.

La complicidad del Estado guatemalteco con la mina rusa empezó en el gobierno de Otto Pérez Molina, un exmilitar que hoy está preso en una cárcel VIP por delitos de corrupción, quien aprobó una extensión de la licencia minera Fénix a un área de 249 kilómetros cuadrados en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, en el nororiente del país. En 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) del país falló que esa ampliación es ilegal.

El encargado de conceder los permisos y garantizar la ampliación desde el gobierno Pérez Molina fue, en 2012, el ministro de Energía y Minas Erick Archila, hoy prófugo de la justicia, también por cargos de corrupción. Pérez Molina y Archila garantizaron el buen funcionamiento de la mina, que los rusos de Solway habían comprado a la canadiense Hudbay Minerals un año antes, a pesar de que la operación minera no contaba, desde 2005, con el permiso ambiental que exige la ley, según determinó la CC en 2019.

Jimmy Morales, el sucesor de Pérez Molina, también le echó la mano a la mina al decretar estados de sitio que dieron vida legal a intervenciones violentas del ejército y la PNC que permitieron a los rusos acosar a los pobladores locales. Otras empresas extractivas de la zona, como una que explota el cultivo de palma aceitera africana, también se aprovecharon de los estados de sitio.

Pero ha sido el gobierno de Alejandro Giammattei, el actual presidente de Guatemala, el que más ha favorecido a la mina al permitirle realizar, de forma amañada, una consulta popular que la ley le exige para operar. Según la investigación de una fiscalía especial a principios de 2019, Giammattei recibió un soborno millonario de rusos que son dueños de Mayaníquel, otra empresa extractora que tiene negocios con Solway en El Estor.

Los periodistas del consorcio que investigó a la mina en coordinación con Forbidden Stories enviaron preguntas a Solway en busca de comentarios ante los señalamientos. En general, la mina negó las acusaciones. La mayoría de funcionarios guatemaltecos se negaron a contestar.

El avión privado, procedente de Bélgica, aterrizó en la Ciudad de Guatemala el 26 de abril de 2019 tras una escala en República Dominicana. En el avión viajaban cuatro rusos y un kazajo, ejecutivos de Mayaníquel, una empresa guatemalteca propiedad del consorcio ruso TelfAg.

Los extranjeros estuvieron varios días en Guatemala. Visitaron la ciudad colonial de Antigua Guatemala, las selvas de Petén en el norte y se reunieron con Antonio Malouf, el ministro de Economía y Giammattei, y, según un testigo que luego declaró en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entregaron un soborno de millones de dólares envueltos en una alfombra, la que llevaron hasta la casa del presidente Giammattei en un lujoso barrio de la capital guatemalteca.

En junio de 2019, uno de los agentes guatemaltecos de seguridad privada que trabajó con los rusos y el kazajo de Mayaníquel durante la visita de abril dio su testimonio a la FECI: él mismo había visto la alfombra llena de dinero y a funcionarios públicos de nivel medio que habían acompañado a los rusos. FECI abrió un expediente que incluía una línea de investigación al presidente Giammattei. El mandatario, sin embargo, movió piezas en el asunto, que en Guatemala empezó a conocerse popularmente como el caso de la alfombra mágica o la trama rusa.

La pieza que movieron el presidente Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, una de sus principales aliadas, para enterrar la investigación sobre la alfombra mágica fue descabezar a la FECI y forzar el exilio de Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía especial. Destituido el 24 de julio de 2019, y removidas todas sus protecciones físicas y legales, Sandoval tuvo que salir esa misma noche de Guatemala.

Sandoval tuvo que irse a Estados Unidos, donde acompaña en el exilio a una docena de exoperadores de justicia de Guatemala que habían conocido, entre otros casos de alto impacto, los relacionados con la mina rusa en El Estor.

Otra de las funcionarias exiliadas es Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad y presidenta de ese alto tribunal en 2019 y 2020. La firma de Porras es la primera en el expediente 697-2019 de la CC, del 18 de junio de 2019, que es la resolución en la que se reitera que la mina debe de cerrar su explotación en El Estor mientras el Estado no cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Guatemala es signatario, que obliga a una consulta libre e informada con los pueblos indígenas afectadas por la operación minera.

A pesar de esa resolución, la mina siguió operando sin problemas, como prueban centenares de documentos revisados por el consorcio Forbidden Stories, como órdenes de compra, pago de salarios, transacciones comerciales, movimientos en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco, de donde sale el níquel extraído en El Estor hacia mercados europeos.

Hay documentos que muestran, además, que en 2019 una de las empresas asociadas a Solway reportó a sus accionistas ganancias cercanas a los US$11 millones.

La más alta corte de Guatemala ordenó el cierre de la mina y el fiscal antimafia del país inició una investigación sobre posibles sobornos que el presidente se supone recibió de empresarios rusos relacionados comercialmente con la operación en El Estor, pero la mina nunca paró. Al contrario, en 2020 y 2021 siguió mostrando su dominio.

En junio de 2020, Sergey Nosachev, director de la mina, envió una carta a Giammattei en la que le pedía, en un tono respetuoso pero firme, que la fuerza pública del Estado actuara con más contundencia en El Estor contra personas a los que la mina identificaba como opositores. El gobierno cumplió y decretó un estado de sitio en pleno encierro por la pandemia de Covid-19.

Luego, la investigación de la alfombra mágica en 2021 reveló la posibilidad de que Giammattei estuviese en tratos irregulares con los rusos de Mayaníquel, que es una empresa distinta a Solway pero que comparte con esta el proceso de preparación del níquel que se exporta desde El Estor y el uso conjunto del Puerto Santo Tomás de Castilla.

El caso de la alfombra mágica también provocó otras revelaciones, como que empresarios rusos asociados a Mayaníquel ofrecieron a Giammattei alquilar una zona del puerto, algo que según sindicalistas portuarios consultados serviría a los extranjeros para afianzar control sin supervisión de una de las salidas marítimas más importantes desde Centroamérica al Atlántico.

Todo el asunto tiene, a juzgar por reuniones oficiales y declaraciones de oficiales rusos y guatemaltecos, una importancia estratégica para Moscú.

En 2018, Tatiana Mashkeva, una funcionaria de alto nivel en la cancillería de Vladimir Putin, se reunió con el embajador guatemalteco ante la Federación Rusa para preparar una delegación de empresarios que viajarían a Guatemala en el último tramo de ese año a promover un asunto que Moscú definió de “importancia geopolítica y multilateral”: el establecimiento de un centro de acopio en el Puerto de Santo Tomás de Castilla de Guatemala, la rada por la que las mineras rusas sacan el níquel guatemalteco desde 2014.

La reciente filtración de documentos de la minera Solway revela otro asunto que también podría ser geoestratégico para Moscú: en El Estor hay concentraciones importantes de uranio. Estudios ambientales realizados por la mina para consumo interno, que nunca se habían revelado al público, indican que hay cantidades consistentes de uranio en las aguas del Lago de Izabal aledañas al recinto minero, y que las empresas rusas compraron equipos de rayos X capaces de detectar uranio. En octubre de 2021, la agencia nuclear rusa Rosatom firmó un convenio de cooperación con el Parlamento Centroamericano en Moscú durante un evento auspiciado en parte por la embajada guatemalteca ante el gobierno de Putin.

En 2014, cuando los rusos empezaron a operar en El Estor, investigadores guatemaltecos advirtieron a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala de la presencia de uranio.

La investigación periodística del consorcio Forbidden Stories también reveló que podría haber otro asunto de interés para las autoridades estadounidenses: transacciones sospechosas por casi US$2 mil millones de dólares entre 23 compañías vinculadas a Solway entre 2005 y 2017, según la información bancaria filtrada y un rastreo realizado por varios periodistas. Al menos una de esas compañías, Solway Management LLC, estuvo basada en los Estados Unidos, aunque ya fue disuelta.

Por otro lado, congresistas estadounidenses han pedido al Departamento de Estado en Washington que exija explicaciones al gobierno de Alejandro Giammattei por el uso de equipo donado por Estados Unidos en acciones violentas contra poblaciones indígenas afectadas por la minera.

El 1 de diciembre del año pasado, nueve demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en la que piden investigar a funcionarios guatemaltecos que “directa o indirectamente (utilizaron equipo estadounidense, en específico jeeps artillados) para apoyar violaciones a los derechos humanos… y para atacar a las comunidades maya Q’eqchi’”.

Las violaciones a las que se refieren los legisladores estadounidenses ocurrieron entre octubre y diciembre de 2021, cuando la alianza mina-Estado desplegó todo su poder en el poblado guatemalteco de El Estor.

La mañana del 23 de octubre de 2021 el aire de El Estor se llenó de gas lacrimógeno. Un contingente de entre 600 y 1,000 policías arremetió, como lo había hecho el día anterior, contra una protesta de pobladores maya Q’eqchi’ que intentaban obstaculizar el paso de camiones cargados del carbón del que la minera rusa se alimenta para procesar níquel.

Quienes protestaban eran pescadores afectados por la contaminación de la mina y líderes de comunidades a las que los rusos habían intentado desalojar de sus tierras. Exigían al presidente Giammattei que los tomara en cuenta en la consulta que su gobierno había organizado para cumplir con el requisito legal que la Corte de Constitucionalidad impuso en 2019 para que la operación de la mina fuese legal.

Las protestas de los pescadores habían empezado en 2017, cuando varios de ellos descubrieron una mancha roja en el Lago de Izabal y notaron la baja en las cantidades de peces atrapados. Los pescadores atribuyeron la contaminación al trabajo de la mina.

De acuerdo con los documentos filtrados a Forbidden Stories, la mina llevaba años perfilando a los pescadores y líderes que se le oponían con el fin de marginarlos, incluso criminalizarlos con la complicidad del Ministerio Público. A esos líderes, el gobierno de Giammattei no los incluyó en la consulta que el Estado tenía que hacer por orden de la Corte de Constitucionalidad.

En respuesta, los maya Q’eqchi’ excluidos bloquearon la entrada de los camiones que transportan el carbón de la mina. Se plantaron desde principios de octubre de 2021. Para la última semana del mes, la mina ya casi no tenía carbón. Llamó, entonces, a un viejo aliado, la Policía Nacional Civil.

El 22 y 23 de octubre de 2021, la PNC sirvió como gendarme particular de la mina. No solo garantizó el suministro de carbón a fuerza de gasear a los pobladores de El Estor, también creó el ambiente de violencia que sirvió al gobierno de Giammattei para decretar un nuevo estado de sitio, durante el cual policías, ejército, fiscales y agente de inteligencia implantaron el ambiente que la mina necesitó para llevar adelante sus operaciones.

La relación entre la PNC y la mina es vieja. Al menos desde 2015, según transferencias financieras, recibos y hojas de cálculo consultados, la mina hace donaciones a las que califica como “apoyos estratégicos” a la Policía. La mina paga por gasolina, reparaciones, neumáticos de las patrullas policiales. Y, en eventos de desalojos, la mina presupuesta dinero para pagar alojamiento y alimentación de los agentes policiales que el gobierno manda para apoyarlos.

Para inicios de 2022, la minera de la ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal, había terminado la consulta previa que la ley le exigía para operar, después de que el gobierno Giammattei marginó a todos los que se opusieron a la contaminación y a los desalojos. Todo parecía ir bien.

Todo indicaba que las tácticas de la mina, que empezaron desde que los rusos llegaron a El Estor en 2014, habían funcionado. Que las arremetidas de la PNC contra los indígenas maya, una de las cuales cobró la vida de un pescador durante una manifestación anti minera en 2017, habían logrado su cometido. Que las alianzas con el poder político rendían frutos.

Todo parecía ir bien para los rusos hasta que miles de documentos comprometedores para la mina y el gobierno de Guatemala vieron la luz y desvelaron lo oscuros secretos de la operación minera en El Estor.

SEGUIR LEYENDO: