La ONU habría acordado con China demorar su informe sobre los abusos contra los uigures para después de los Juegos Olímpicos

El próximo viernes 4 de febrero comenzarán en China unos Juegos Olímpicos de Invierno bajo la sombra del coronavirus y en medio de fuertes denuncias desde Occidente por violaciones a los derechos humanos en el gigante asiático. Pese al “boicot diplomático” ejercido por Estados Unidos y varias potencias occidentales, para el régimen de Xi Jinping este evento deportivo representa una oportunidad para lograr algo de prestigio en el escenario geopolítico mundial.

En ese contexto, el Partido Comunista Chino (PCC) no se puede dar el lujo de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) publique su informe sobre las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, ubicada al noroeste del país. Por eso, el régimen desde hace meses viene trabajando sigilosamente para evitar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, difunda sus conclusiones en medio de los Juegos.

Según revela el periódico South China Morning Post, habría un acuerdo entre las partes para demorar la publicación del tan ansiado informe, que requirió una preparación de casi tres años con varios obstáculos interpuestos por las autoridades chinas.

Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, sostuvo que no hay fecha para la publicación del reporte, pero confirmó que “no estará listo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno”. Sin embargo, se cree que ya está finalizado y preparado para su divulgación.

Hace un tiempo se informó que el régimen chino pidió a la ONU retrasar la publicación hasta después de los Juegos, que culminan el próximo 20 de febrero. Estados Unidos, en cambio, solicitó que la difusión del informe se hiciera antes de la ceremonia de apertura del viernes, a la que asistirá el secretario general de la ONU António Guterres, pese al “boicot diplomático” encabezado por Washington.

Emma Reilly, ex funcionaria de derechos humanos de la ONU convertida en denunciante, calificó como un “estancamiento conveniente para ambos” este presunto acuerdo entre China y el máximo organismo internacional. Según indicó, no habría intenciones políticas de “molestar” al gigante asiático.

Reilly fue despedida el pasado mes de noviembre por la ONU, tras publicar pruebas de que la organización estaba compartiendo los nombres de los disidentes con el régimen chino.

Reinhard Bütikofer, jefe de la delegación del Parlamento Europeo en China, reclamó que ahora que la atención del mundo está puesta en Beijing con motivo de los Juegos de Invierno, “no podemos permitir que el gobierno chino lave su reputación” frente a las “atrocidades” que están teniendo lugar en la región de Xinjiang.

El pasado mes de diciembre un grupo bipartidista de legisladores norteamericanos se comunicó con Bachelet para recordarle que su oficina se había comprometido en septiembre del año pasado a que la publicación del informe sería inminente.

“Creemos que su publicación sería un importante recordatorio de que ningún país puede eludir el escrutinio internacional por cometer graves abusos contra los derechos humanos”, remarcaron los legisladores norteamericanos en la carta enviada a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Las potencias occidentales esgrimen, además, falta de firmeza por parte de la ONU a la hora de presionar al régimen de Xi Jinping para que permita una inspección en Xinjiang. Ambas partes llevan dos años negociando las condiciones de esa visita, y China desde el comienzo de las conversaciones no ha cambiado de postura.

Al respecto, Throssell confirmó que “hay conversaciones en curso” para que Bachelet visite esa región del noroeste chino “posiblemente en la primera mitad de 2022″.

“Es importante que esa visita sea significativa, con acceso no supervisado a una amplia gama de actores y lugares de la sociedad civil, así como un compromiso de alto nivel con funcionarios del gobierno. Como ha dicho el Alto Comisionado, es crucial un acceso significativo y sin restricciones a la región de Xinjiang”, aclaró Throssell.

Sin embargo, Beijing desde el comienzo de las negociaciones ha condicionado la visita de Bachelet a Xinjiang. En las últimas horas el régimen exigió que el viaje debe ser de carácter “amistoso” y no enmarcado en una investigación.

Pero en su carta enviada a Beijing, la Oficina del Alto Comisionado señaló que “una misión de investigación”, como la que solicitó la ex presidenta de Chile, debe llevarse a cabo bajo las condiciones de la delegación y no de país anfitrión.

En ese sentido, la misiva aclara que se debe garantizar “la libertad de movimiento en todo el país”, así como la libertad de investigación, incluyendo “el acceso a todas las prisiones, centros de detención y lugares de interrogatorio”, y “el contacto confidencial y sin supervisión con los testigos y otras personas privadas”.

Reilly comentó que las invitaciones realizadas por China en 2019 y 2022 no prometían “más que una visita guiada”: “Si han estado en negociaciones durante tres años sin ningún progreso hacia este ‘acceso significativo sin restricciones’, ¿no es mejor en términos de las víctimas de estas atrocidades aceptar que no vas a conseguir lo que querías y publicar el informe?”.

A medida que fueron aumentando las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra las minorías uigures, el régimen de Xi Jinping también envió múltiples invitaciones a la Unión Europea (UE) para visitar Xinjiang. Pero todas ellas bajo las mismas condiciones que las ofrecidas a la ONU. El bloque continental fue enfático al sostener que cualquier delegación enviada a esa región de China debe tener la posibilidad de reunirse con los presos políticos, por lo que rechazó esas invitaciones.

Nabila Massrali, portavoz de la Unión Europea, dijo que el bloque busca “una evaluación independiente, objetiva, imparcial y transparente”. Asimismo, aseguró que el informe de la ONU se sumaría “a la información existente sobre violaciones y abusos generalizados a los derechos humanos que se producen en Xinjiang”.

John Fisher, director de Human Rights Watch, consideró que una supuesta “visita amistosa” no sería más que “una bofetada a los millones de víctimas del despiadado programa de Beijing para suprimir la identidad uigur”. “Durante años, China ha alargado las negociaciones de acceso, pero nunca ha demostrado ninguna intención de permitir la investigación independiente completa que se requiere. Ahora el tiempo se ha agotado”, comentó.

El informe de South China Morning Post sostiene, además, que Beijing está tratando de impedir que funcionarios de la ONU reciban o se reúna con representantes de Taiwán, el Tíbet o Xinjiang.

En 2014, funcionarios chinos instaron a la ONU a negar a los activistas uigures el acceso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exigiendo que “ningún funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se reúna con estas personas ni acepte ningún material que proporcionen”.

“La presencia de estas personas en el Consejo no sólo perjudicará el buen desarrollo de los asuntos del Consejo, sino que también supondrá una posible amenaza para la seguridad del Palacio de las Naciones y de los participantes en las reuniones del CDH”, escribieron los dirigentes del Partido Comunista Chino en ese entonces.

Pese a la gran cantidad de denuncias por parte de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias, todos los reportes sobre la situación en Xinjiang indican que el régimen chino continúa expandiendo su extensa red de campos de concentración en esa región, donde la minoría musulmana uigur es sometida a trabajos forzosos y es víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

A mediados de 2021 una investigación de BuzzFeed News reveló que las prisiones del régimen tienen espacio suficiente para detener a más de un millón de personas al mismo tiempo. Específicamente, a 1.014.883 en todo Xinjiang. Eso es espacio suficiente para encarcelar simultáneamente a más de 1 de cada 25 residentes esa región china, lo que representa una cifra siete veces mayor a la capacidad de detención penal de Estados Unidos, el país con la mayor tasa oficial de encarcelamiento del mundo.

Esa estimación está en línea con los datos aportados por investigadores, organizaciones humanitarias, e incluso la ONU.

Grupos de derechos humanos acusan al régimen de Xi Jinping de perpetrar abusos a gran escala contra los uigures y otros grupos minoritarios, incluidas detenciones masivas, torturas y trabajos forzados.

Los uigures viven en las regiones del noroeste del país, conformando uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno de Beijing. Presentan un idioma propio, con distintos dialectos que se diferencian por secciones geográficas. Han sufrido tanto de controles como restricciones extensas en su vida religiosa, cultural y social y el régimen de Xi Jinping amplió su vigilancia para controlar tanto sus creencias como su religión.

Hoy en día, más de 120.000 uigures están confinados en campos de detención a lo largo de todo China, con la idea de cambiarles el pensamiento político y sus creencias religiosas usando los abusos físicos y verbales, asimismo obligándolos a escribir ensayos de autocrítica y cantar el himno del Partido Comunista Chino.

Mientras Estados Unidos y varias potencias de Occidente, como el Reino Unido, sostienen que en China se está llevando a cabo un “genocidio”, el régimen de Xi Jinping niega todas las acusaciones. Por el contrario, Beijing justifica sus políticas al considerarlas necesarias para combatir el “extremismo” religioso.

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