En los últimos cuatro años al menos dos millones de personas, la gran mayoría de la etnia de los uigures, una minoría predominantemente musulmana en la región de Xinjiang, en el occidente de China, pasaron por una extensa red de centros de detención en toda la región. Los ex detenidos aseguran que fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento político, trabajos forzados, torturas y abusos sexuales.
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) reaccionaron en marzo del 2021 e impusieron sanciones contra funcionarios chinos y empresas de ese origen por su responsabilidad en la represión. En la lista figuran altos jerarcas regionales y autoridades del Partido Comunista de Xinjiang a los que se les congelaron sus activos en la UE y les retiraron las visas.
“Usaremos el nuevo régimen global de sanciones para la defensa de derechos humanos”, dijo al llegar a la reunión el canciller francés, Jean-Yves le Drian, recordando las recientes sanciones de la UE a funcionarios rusos por la detención del opositor Alexey Navalny. China respondió de inmediato y anunció represalias contra diez funcionarios europeos, incluidos dos parlamentarios, así como contra cuatro organizaciones de DD.HH. internacionales.
El 19 de enero de 2021, un día antes de dejar su cargo, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aseguró que las acciones de China contra el grupo minoritario uigur constituían “genocidio y crímenes contra la humanidad.” Antony Blinken, el sucesor de Pompeo, dijo que estaba de acuerdo con esta caracterización en su audiencia de confirmación.
Y ahora, un año más tarde, los miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China piden prohibiciones, para así obligar a las empresas de inversión a no financiar a empresas vinculadas al trabajo forzoso y otros abusos en Xinjiang, según informó el South China Morning Post.
Un grupo de 35 legisladores del Reino Unido, la Unión Europea y otros países han pedido a sus naciones que creen listas negras para impedir que los inversores financien empresas asociadas con presuntos abusos de los derechos humanos contra los uigures y otras minorías étnicas en esta región autónoma de China.
“No podemos ignorar el papel que juegan los grandes bancos en la financiación de los abusos que tienen lugar en Xinjiang“, dijo Reinhard Bütikofer, miembro verde alemán del Parlamento Europeo y copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC). “Si están invirtiendo a sabiendas en empresas que perpetran trabajos forzados y otros abusos contra los derechos humanos, entonces es correcto que rindan cuentas”.
La Lista de Entidades del Departamento de los Estados Unidos, en la que buscan inspirarse, prohíbe a las empresas sancionadas comprar a proveedores estadounidenses.
En junio, Joe Biden amplió una lista de empresas chinas en las que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido invertir por supuestos vínculos con el ejército chino o ventas de tecnología de vigilancia utilizada contra minorías religiosas y disidentes, incluso en Xinjiang.
Así, más de una docena de miembros del parlamento británico pidieron al gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que creara una lista negra de inversiones.
“Mientras el pueblo uigur continúa sufriendo abusos intolerables a manos del gobierno chino, que un número creciente de expertos legales independientes creen que constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad, no podemos permitir que nuestras firmas financieras financien estas atrocidades”, afirmó Helena Kennedy, parlamentaria laborista en la Cámara de los Lores, e Iain Duncan Smith, miembro conservador de la Cámara de los Comunes, en una carta firmada por los parlamentarios.
Los parlamentarios británicos votaron en abril de 2021 para declarar que China estaba cometiendo un genocidio contra los uigures. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido se ha negado a hacer una declaración similar, y dijo que corresponde a los tribunales internacionales.
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