Los no vacunados terminan hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos anticovid 25,6 veces más que quienes han recibido las tres dosis, reveló este sábado el Instituto Italiano de Sanidad (ISS), cuando el país está adoptando medidas urgentes para detener la avalancha de contagios provocados por la variante Ómicron.
La tasa de ingresos en terapia intensiva es de 23 por 100.000 habitantes para los no vacunados, una cifra que baja considerablemente en el caso de los vacunados de más de 120 días (1,5), los de menos de ese plazo (1) y los vacunados con la dosis de refuerzo (0,9), según los últimos datos del ISS.
Italia alcanzó su récord de contagios este jueves, cuando comunicó 220.000 nuevas infecciones, con lo que los casos totales en el país ya son más de 7 millones desde febrero de 2020 y los muertos se sitúan en 138.697.
“Si seguimos creciendo a este ritmo de 200-250.000 infecciones, que son dos o tres veces más, porque el hisopo rápido tiene un gran número de falsos negativos, significa que la próxima primavera probablemente más del 95 % de los italianos, entre las vacunas y la infección natural, habrán alcanzado la inmunidad de rebaño”, dijo hoy el director de enfermedades infecciosas del hospital San Martino de Génova, Matteo Bassetti.
En su opinión, “es probable que todavía tengamos que presenciar esta ola, por desgracia, y entonces espero que tengamos una inmunidad de rebaño que nos proteja al menos de las formas más graves”.
Trece regiones y dos provincias autónomas de Italia, lo que supone tres cuartas partes del país, se encontrarán desde el lunes en la llamada “zona amarilla”, el segundo nivel de cuatro del sistema de restricciones nacional por la pandemia, por los efectos de la rápida difusión de Ómicron.
Se trata del segundo escalón de riesgo, aunque las restricciones varían poco respecto al primero, pues el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y la limitación de cuatro comensales en bares, restaurantes y fiestas, que son las principales restricciones de la “zona amarilla”, ya habían sido decretadas en las últimas semanas.
Multas de hasta 1.500 euros a quienes incumplan las nuevas normas
Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 a 1.500 euros, mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anticovid habrá que pagar hasta 1.000 euros, según las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno.
Las sanciones incluidas en el nuevo decreto ley del Consejo de Ministros, dadas a conocer en las últimas horas, incluyen multas de 100 euros, a partir del 1 de febrero, para los mayores de 50 no vacunados impuestas por la Administración, que revisará los datos del registro de vacunación.
Por su parte, los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado (que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad), para acceder a sus puestos de trabajo. En caso de no tenerlo, recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros.
Ante la avalancha de contagios, el Gobierno, además, extendió la obligación de vacunación al personal universitario, con independencia de su edad, equiparándolo así al personal escolar, que ya lo tiene que hacer desde mediados de diciembre, al igual que el personal sanitario y de seguridad.
Los controles serán realizados por los empleadores en el caso de las empresas públicas y privadas, mientras que en los juzgados corresponderá a los responsables de seguridad, y en las universidades a los directores del centro.
Quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por no poseer el certificado de vacunación serán suspendidos sin remuneración, pero no recibirán una sanción, y tendrán derecho a conservar su puesto de trabajo hasta que estén vacunados, aunque la empresa, después de cinco días, podrá sustituirlos.
El decreto ley también impone nuevas restricciones como la obligatoriedad a partir del 10 de enero del pasaporte sanitario reforzado para los medios de transporte públicos, además de a hoteles, ceremonias o festivales; mientras que por ahora se pide en el ocio y la restauración.
Asimismo, a partir del 1 de febrero, el pasaporte básico (que incluye la posibilidad de una prueba anticovid) será obligatorio para acceder a las tiendas que no sean de alimentación o farmacias -los dos únicos casos que seguirán siendo de acceso libre-, los bancos, las oficinas de correos y las oficinas públicas.
En caso de acceder a estos servicios sin el pasaporte, se impondrán sanciones de entre 400 a 1.000 euros.
Este paquete de sanciones es un nuevo impulso del gobierno de Mario Draghi para impulsar la vacunación en el país, que tiene un 89,22 % de los mayores de 12 años con al menos una dosis suministrada, y frenar la curva de contagios.
(Con información de EFE)
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