Amnistía Internacional ha denunciado este viernes que, tras el golpe de Estado del pasado mes de febrero, el Ejército de Myanmar “asfixia” a la población civil al no permitirla satisfacer sus necesidades básicas.
Desde la organización han lamentado que se haya restringido el suministro alimentario y de productos médicos a zonas del país en las que, además, se han producido ataques “indiscriminados” tanto a los ciudadanos como al personal de ayuda humanitaria y voluntarios.
Amnistía ha entrevistado a varios miembros del personal humanitario, así como a ciudadanos desplazados, quienes con sus relatos han puesto de manifiesto los “intentos sistemáticos” del Ejército de “matar de inanición a la población” y negarles asistencia médica.
Así pues, han detallado que las Fuerzas Armadas del país han extendido su estrategia de “cuatro cortes” --aplicada, hasta ahora, en zonas fronterizas del país contra organizaciones étnicas armadas que buscan la autodeterminación-- a zonas en las que han surgido nuevas fuerzas populares de defensa. A la par, las Fuerzas Armadas han reprimido mediante la violencia “todas las formas de resistencia al golpe de Estado”.
En el marco de esta campaña contra la resistencia armada, el Ejército birmano “no solo ha lanzado ataques aéreos” contra viviendas, sino que también ha cortado a lo largo del país el suministro de artículos y servicios esenciales.
“Desde que el Ejército tomo el poder, la población de Myanmar soporta penalidades extremas. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Muchas pasan hambre y se enfrentan a la terrible realidad de tener que sobrevivir sin atención sanitaria ni médica, incluso cuando la pandemia continúa”, ha denunciado la directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, Emerlynne Gil.
CASI 285.000 DESPLAZADOS, SEGÚN ONU
Amnistía se ha hecho eco de los informes de Naciones Unidas, que ha señalado con anterioridad que la asonada en Myanmar ha provocado el desplazamiento de cerca de 284.700 personas. Así, la organización ha recogido los testimonios de algunas de ellas, quienes, en su mayoría, denuncian haber tenido que afrontar situaciones calamitosas y amenazas a su seguridad.
“No tuve acceso a alimentos nutritivos ni a un cobijo abrigado. Mi esposa tuvo dificultades durante el embarazo y eso la debilitó y le impidió dar a luz al bebé”, ha señalado uno de los desplazados consultados por Amnistía en relación a su esposa.
Otra familia birmana ha denunciado haber tenido que huir de su domicilio ante el aumento de los conflictos armados en el estado de Kayah. La familia incluso dio el paso de regresar a su hogar tras pasar unas semana en la selva, si bien la reanudación de los combates les forzó a abandonar de nuevo el lugar.
Esta familia ha detallado que, junto con otros vecinos de la zona, tuvieron que sobrevivir con los alimentos y el agua que ellos mismos encontraban, ya que tanto la asistencia médica como el acceso a suministros sanitarios quedaron completamente suprimidos.
“Como la carretera está cortada por soldados, tenemos que pagar 1.500 kyats --en torno a 80 céntimos de dólar-- por suministros que (en condiciones normales) costarían solo 1.000 kyats --unos 62 céntimos de dólar--”, ha denunciado otro ciudadano del estado de Chin.
ATAQUES A TRABAJADORES HUMANITARIOS
Más allá de los desplazamientos forzosos que genera el conflicto armado, Amnistía Internacional ha detallado cómo las Fuerzas Armadas birmanas impiden la labor de los trabajadores de ayuda humanitaria, quienes también ha denunciado la situación ante la organización.
“El Ejército niega a la población ayuda humanitaria esencial que salva vida. La asfixia, al privarle de acceso al sustento y amenazar al personal médico cuyo único objetivo es salvar vidas”, ha lamentado Gil.
Así, ha enumerado una serie de incidentes con los voluntarios, como uno a principios del mes de junio, cuando, en el estado de Shan, un equipo de respuesta humanitaria intentó enviar suministros de socorro a desplazados y refugiados en las montañas.
Uno de los miembros de este equipo ha explicado cómo los soldados abrieron fuego contra un furgón cargado con sacos de arroz con destino al lugar en el que se encontraban estos desplazados. “Tuvimos que huir a toda prisa y no pudimos trasladar los suministros”, ha añadido.
Más tarde, un grupo de militares vaciaron el almacén en el que los asistentes humanitarios acumulaban los suministros, quemándolos y destruyendo más de 80 sacos de arroz y otros alimentos, así como suministros médicos y bidones de gasolina. “Lo quemaron todo”, ha dicho.
Desde el estado de Chin, voluntarios se han manifestado en estos mismos términos y han detallado cómo su grupo fue incapaz de hacer llegar alimentos y ayuda médica a muchos lugares del municipio a causa de los cortes de carreteras. El equipo entrega artículos de socorro en pequeñas cantidades para reducir su visibilidad tras la detención de uno de sus miembros cuando regresaba de una entrega.
En la región de Sagaing, el Ejército también ha bloqueado todas las carreteras principales y las fuerzas de seguridad birmanas someten a “controles exhaustivos” a los vehículos que circulan por la zona.
“Prohíben todos los artículos que puedan ser de ayuda y detienen a la gente. Hay veces en que no nos atrevemos a ayudar y nos limitamos a esperar”, han lamentado desde el grupo de ayuda humanitaria.
Desde Amnistía Internacional han lamentado que todo esto esté ocurriendo en la nación asiática y han exigido el cese de este tipo de ataques para evitar la pérdida de más vidas de ciudadanos birmanos.
“Si las Fuerzas Armadas continúan esta campaña brutal contra su propia gente, se perderán más vidas. El Ejército debe permitir el pleno acceso del personal de ayuda humanitaria a las regiones afectadas”, ha zanjado Gil.
(Con información de Europa Press)
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