Un joven activista prodemocracia de Hong Kong fue condenado el martes a tres años y medio de prisión tras declararse culpable de “secesión” en virtud de la drástica ley de seguridad nacional.
Tony Chung, de 20 años, es el activista más joven jamás condenado en virtud de esta legislación, impuesta en junio de 2020 por Pekín, y que permite amordazar cualquier disidencia en este centro financiero, antes considerado como un lugar privilegiado de libertad de expresión.
A principios de noviembre se declaró culpable del cargo de “secesión” y otro de “blanqueo de dinero”, al tiempo que declaró, con provocación, que “no tenía nada que reprocharse”.
Tony Chung era el jefe de una asociación estudiantil, Student Localism, fundada en 2016 y que reclamaba la independencia de Hong Kong.
Beijing impuso esta ley de seguridad nacional para poner fin a las inmensas y a menudo violentas manifestaciones que sacudieron la ciudad en 2019. Student Localism fue disuelto unas horas después de su entrada en vigor.
El fiscal Ivan Cheung dijo que el acusado actuó como administrador de las páginas de Facebook de la rama estadounidense de Studentlocalism y una organización llamada Initiative Independence Party (Partido Iniciativo Independiente)
También se incautaron remeras, banderas y libros independentistas de su casa, dijo el fiscal. El cargo por lavado de dinero estaba relacionado con las donaciones que recibió a través de PayPal.
Al igual que otras organizaciones antigubernamentales, Studentlocalism se disolvió antes de que Beijing impusiera la ley de seguridad en junio de 2020, para castigar todo lo que considere subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con hasta cadena perpetua.
La gran mayoría de la gente de Hong Kong no apoya la independencia, pero cualquier mención de la idea es un problema para Beijing.
Desde la promulgación de la ley de seguridad, Hong Kong ha dado un giro autoritario rápido, con la mayoría de los políticos democráticos ahora en la cárcel o en el exilio. Docenas de organizaciones de la sociedad civil se han retirado y algunos grupos de derechos internacionales se han ido de la ciudad.
Las autoridades chinas y de Hong Kong niegan que la ley de seguridad pisotee los derechos individuales y dicen que la legislación era necesaria para restaurar la estabilidad después de las protestas callejeras masivas en 2019.
La ex colonia británica volvió al dominio chino en 1997 con la promesa de un alto grado de autonomía. Los activistas por la democracia y algunos gobiernos occidentales dicen que China rompió esa promesa, una acusación que Beijing niega con vehemencia.
En total, otros cuatro hombres han sido condenados tras la imposición de la nueva ley de seguridad nacional, y mas de 150 personas han sido detenidas poo el régimen.
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