La ONG Amnistía Internacional publicó un duro informe sobre los 75 días al poder de los talibanes en Afganistán, en el que enumeró graves denuncias de restricciones, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales.
“La situación actual en Afganistán es alarmante: un momento en el que los logros en materia de derechos humanos que el pueblo afgano ha conseguido durante dos décadas corren el riesgo de derrumbarse”, sostiene el informe publicado bajo el nombre de “Falsas promesas: 75 días bajo régimen talibán”.
Desde el retorno de los talibanes al poder, Amnistía Internacional viene alertando sobre el deterioro de la situación y algunos de los problemas inmediatos de derechos humanos. “Las violaciones de derechos humanos documentadas por la organización son sólo una pequeña selección de los incidentes que están teniendo lugar dentro del país, así como fuera de sus fronteras, con los miles de afganos y afganas que buscan protección internacional”, afirma el texto.
La ONG asegura que, pese a la imagen de apertura que pretende dar el grupo en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la libertad de expresión, “cada vez está más claro que esas garantías no son tales” y que “los informes sobre asesinatos, torturas y el corte de suministros esenciales a civiles son pruebas de los crímenes de guerra”.
“Los derechos de las mujeres ya están siendo vulnerados, ya que se les prohíbe trabajar (algunas se abstienen de trabajar por miedo) y no se les da lugar en el nuevo ‘gobierno’. La represión de los manifestantes ha dejado varios heridos y muertos. Los periodistas se enfrentan a importantes intimidaciones y registros domiciliarios, y se les impide trabajar mediante arrestos arbitrarios, detenciones y malos tratos. Los defensores de los derechos humanos temen por sus vidas y las de sus familias, mientras que algunos ya se han enfrentado a represalias”, continúa la publicación.
Frente a esta situación, la ONG llamó a las autoridades de Afganistán a “respetar y proteger los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y garantizar su derecho a la participación plena, igualitaria y significativa; adherirse al Estado de Derecho; permitir a las personas afganas salir de Afganistán y respetar el derecho internacional humanitario”.
Para ayudar que se cumplan con estas garantías, Amnistía instó a la comunidad internacional a adoptar una “postura firme”, al tiempo que recordó la importancia de que la administración talibán se “atenga a las normas de derechos humanos establecidas en la legislación internacional sobre derechos humanos”.
Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas, Afganistán va camino a reportar el mayor número de víctimas civiles en un solo año desde que existen registros de la ONU. El 50% de esas víctimas son mujeres y niños, según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El informe completo:
Para finalizar, la ONG ofreció siete recomendaciones a la comunidad internacional:
1. Adoptar medidas urgentes para garantizar el tránsito seguro y ordenado de las personas afganas que corren el peligro de ser atacadas por los talibanes, incluso reduciendo al mínimo los requisitos de documentación de viaje y ofreciendo visas humanitarias a quienes corren mayor riesgo.
2. Poner fin de inmediato a todas las devoluciones o deportaciones a Afganistán, respetando el principio del derecho internacional de no devolución.
3. Mantener las fronteras abiertas para quienes buscan protección internacional, ya sea que ingresen de manera regular o irregularmente.
4. Garantizar el derecho a solicitar asilo y protección internacional a los recién llegados, así como a las personas afganas que ya se encuentran en sus territorios.
5. Establecer vías complementarias de admisión y esquemas de reasentamiento direccionados a proteger aquellos que se encuentran en mayor riesgo.
6. Asegurar el compromiso de las autoridades de Afganistán con las garantías de los derechos humanos.
7. Ayudar a los países vecinos y a otros países de la región a mantener sus fronteras abiertas, compartiendo la responsabilidad de la protección y la asistencia a las personas refugiadas.
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