El 15 de noviembre está prevista una nueva manifestación en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. A diferencia de las marchas que ocurrieron el 11 de julio, que se dieron de manera espontánea, la próxima está planeada desde hace ya varias semanas y hasta se ha pedido autorización al régimen. Las fuerzas oficiales del régimen, sin embargo, han anunciado que no van a permitir que la gente se reúna para protestar.
En este marco, y temiendo represiones violentas como las del 11J, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional orientada a garantizar el derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y que exija al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos.
La carta, firmada por el director ejecutivo del organismo Alejandro González Raga, alerta sobre el peligro que corren los cubanos que, a pesar de la prohibición decretada por las autoridades, deciden mantener la marcha y hacer valer sus derechos. “La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar”, lee el texto.
La solicitud apunta a Bachelet personalmente y, apelando a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, le reclama que “no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, haciendo referencia a los presos políticos detenidos desde las manifestaciones del 11 de julio.
Para acompañar la carta la OCDH realizó un informe jurídico que ratifica la legalidad de la marcha del 15 de noviembre basándose en las propias leyes cubanas y en los tratados internacionales de Derechos Humanos que Cuba se ha comprometido a cumplir en el pasado. El informe afirma que ninguna autoridad municipal “tiene reconocido ni declarado, dentro del ordenamiento jurídico nacional, facultades legales para la interpretación del alcance y limitación de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución”.
Además, agrega que “la protesta social es una conjugación de varios derechos humanos, mediante el uso de los espacios públicos. Incluye el ejercicio de las libertades de opinión y expresión, el derecho de reunión, manifestación y asociación”.
El 11J y los presos políticos
Las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron de las mayores desde 1959. Estas llamaron la atención del mundo entero no solo por su masividad y espontaneidad, sino también porque la isla no está acostumbrada a ver demostraciones de este estilo en contra del poder de La Habana.
Miles de personas ejercieron su derecho a expresarse y marcharon contra el gobierno. Sin embargo, ese derecho fue criminalizado por el régimen: de los 1020 detenidos por las protestas aún quedan casi 500 en reclusión, según datos de la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex. A su vez, según la misma organización, 49 de los detenidos originalmente eran menores de 18 años y al día de hoy 15 de ellos siguen detenidos en servicios penitenciarios, mientras que muchos de los liberados cumplen prisión domiciliaria.
Las Naciones Unidas ya han hecho pública una carta acusatoria al régimen de Miguel Díaz-Canel en la que se apuntó principalmente a las detenciones arbitrarias ocurridas luego de las manifestaciones del 11J y a la situación procesal de los detenidos, que en la gran mayoría de los casos no cuenta con las mínimas garantías para la defensa.
“Las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeadas personas periodistas que cubrían la manifestación”, lee la carta de la ONU. “Decenas de personas que manifestaron han sido detenidas, y ya han sido juzgadas y condenadas, en procedimientos judiciales sumarios, en los que se han reportado irregularidades como falta de acceso a un abogado y a los medios y al tiempo necesario para preparar una defensa”, agrega.
Octubre de 2020 comenzó con 138 presos políticos, y hasta el final de septiembre de 2021 ingresaron 387 nuevos casos. Ahora, según la ONG Prisoners Defenders, se han podido constatar 442 casos de convictos y condenados políticos que están activos al día de hoy. De estos 442, 228 pertenecen a la represión policial relacionada al 11J. Sin embargo, la misma ONG hace hincapié en lo complicado que es abarcar todos los casos por las múltiples trabas que impone el régimen y la situación del país.
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