El Líbano frente a un nueva crisis de enfrentamiento sectario

El martes, el líder del partido de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, envió una carta oficial al presidente Michel Aoun con copia al primer ministro Najib Mikati y a todo el gobierno libanés solicitando que no permitan la intimidación de Hezbollah en relación con la destitución del juez Tarek Bitar, el magistrado que lleva la investigación de los hechos originados por la explosión del puerto de Beirut del año pasado. No era difícil interpretar que Geagea estaba avisando que su espacio político no quería una movilización de cientos o miles de hombres de Hezbollah en los barrios cristianos ante el temor a la violencia que ello pudiera desencadenar.

Al mismo tiempo, el médico que lidera las Fuerzas Libanesas declaró que “si la investigación judicial es bloqueada y el juez es destituido, el gobierno de Mikati debía renunciar de inmediato”. Geagea pidió una movilización multitudinaria y pacífica de apoyo al juez y rechazó la convocatoria que había realizado el martes Hezbollah para marchar pidiendo la renuncia de Bitar por la fuerza.

Según declaraciones de Geagea al diario libanés An-Nahar, desde hace años la lógica y el sentido común se han perdido en el Líbano por la imposición de líneas rojas y amenazas con las que se busca falsear y modificar hechos reales, lo cual viola la soberanía y silencia las voces libres. El líder de las Fuerzas Libanesas destacó también que la constante sumisión a Irán a través del grupo terrorista Hezbollah y a la intimidación que la organización ejerce a lo largo de los años ha llevado a la sociedad libanesa al actual estado de cosas y al escenario político y económico lamentable en que hoy se encuentra. Al mismo tiempo rechazó el accionar de Hezbollah basado en el chantaje en relación a la explosión del puerto, pidiendo libertad y garantías para la investigación que el Poder Judicial debe realizar para esclarecer las responsabilidades directas o indirectas en esos hechos.

“Si el gobierno no puede garantizar una investigación transparente será un cómplice de ese crimen y responsable del mismo modo que el perpetrador directo”, sentenció Geagea.

El pedido realizado por el líder cristiano no fue respondido por el presidente ni el primer ministro, por lo que el miércoles Geagea redobló la apuesta y pidió seguridad para los barrios cristianos donde la movilización de los partidos Amal (Esperanza, en idioma árabe) y Hezbollah (Partido de Dios) concentraron para marchar al juzgado de Bitar pidiendo su renuncia y destitución. Si el gobierno no brinda la protección que debe dar a los habitantes cristianos de Beirut, las cosas pueden salirse de su cauce y los actos de violencia no podrán contenerse, había declarado el jefe del partido Fuerzas Libanesas.

El gobierno de Michel Aoun y Najib Mikati no dio importancia a lo solicitado por Geagea. La petición pudo ser un aviso (según los cristianos) o una amenaza (según los partidarios de Hezbollah); lo cierto es que el jueves en horas de la mañana dos docenas de hombres armados no identificados se desplazaron en las terrazas de los edificios de la zona donde los manifestantes de Hezbollah y Amal se concentraban para llevar adelante la protesta y solicitar la renuncia del juez Bitar, a quien Hezbollah acusa de llevar la investigación con informes falsos provenientes de agencias estadounidenses que buscan perjudicar a la organización sindicándola como responsable en la explosión. Al respecto, los funcionarios de Hezbollah negaron desde el primer momento cualquier participación o responsabilidad en la tragedia que causó la muerte de unas 200 personas y destrozos por cientos de millones de dólares en la zona cristiana del puerto.

Sin embargo, informes de sectores de la seguridad libanesa indican que el pedido de Geagea sí fue “interpretado” por el primer ministro Mikati, por lo que el gobierno suspendió una sesión de gabinete del día miércoles cuando comprendió que se estaba gestando una posible y grave crisis política dentro de sus filas ante la posibilidad de que las presiones de Hezbollah dieran lugar a la destitución del juez que investiga la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020.

El incidente violento se produjo cuando francotiradores no identificados abrieron fuego sobre la movilización con un saldo de seis muertos confirmados y más de 36 heridos, de los cuales cinco fueron ingresados a centros hospitalarios en gravísimo estado por heridas de bala en su cabeza y fuego de RPG 7 (lanzadores de granadas).

La situación inter-sectaria se ha recalentado y por estas horas continuaban oyéndose disparos aislados, dijo a Infobae una fuente libanesa del ejército que pidió anonimato. Beirut ofrece postales similares al mes de abril de 1975 (cuando comenzó la guerra civil libanesa que se extendió hasta 1990).

El juez Tarek Bitar se vio obligado a suspender su investigación el martes después de que varios ministros, diputados y funcionarios que habían sido convocados por sospecha de negligencia interpusieron demandas en su contra y se negaran a brindar declaración al magistrado interponiendo sus fueros parlamentarios.

El incidente del enfrentamiento armado era esperable dado que hace dos semanas había tomando cuerpo el objetivo de una gran campaña política encabezada por los partidos chiítas Hezbollah y Amal en la que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a Bitar de parcialidad política y de llevar la investigación en favor de intereses de los enemigos del Líbano.

También, el ex-ministro Ali Hassan Khalil, un poderoso miembro del grupo Amal conducido por Nabih Berri, actual vocero del parlamento, amenazó con una escalada política no exenta de violencia en las calles si la investigación no se rectificaba luego de que Bitar emitiera el martes una orden de arresto en su contra por no presentarse el mes pasado a declarar en calidad de indagado.

“La sesión del gabinete del martes terminó con una grave disputa en la que los ministros de Hezbollah y Amal presionaran al gobierno para que respaldara su demanda de reemplazar a Bitar”, dijo a Infobae un funcionario de gobierno que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado para hablar con los medios de prensa. También ese día se pospuso una reunión sobre el tema que estaba agendada para ser realizada antes del viernes, lo que indicó que no se había llegado a un acuerdo entre las facciones en el parlamento y varios ministros amenazaron con renunciar argumentando que el gobierno no debería intervenir en asuntos judiciales.

Las disputas en el gobierno dieron lugar a que los partidarios de Hezbollah y Amal convocaran a la manifestación anti-Bitar que terminó en la balacera con el luctuoso saldo de personas muertas cerca del Palacio de Justicia en Beirut. En ese mismo lugar suelen reunirse y protestar los familiares de las víctimas de la explosión denunciando la interferencia política de Hezbollah en la investigación.

Desde que asumió el caso, el juez Bitar convocó a una serie de ex-primeros ministros, ministros y diputados, como también a funcionarios militares y de aduanas para indagarlos por sospecha de negligencia criminal, pero muy pocos acudieron: la mayoría antepuso sus fueros y otros no se presentaron a brindar declaración. Los líderes de Amal y Hezbollah, incluido un grupo de ex-primeros ministros, lo han criticado por intentar investigar a funcionarios que -según ellos- solo pueden ser juzgados por un tribunal especial.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron reiteradamente a funcionarios del gobierno por interferir y bloquear el curso normal de la investigación para eludir responsabilidades por los hechos investigados. Los familiares de las víctimas de la explosión apoyan la investigación del juez Bitar, pero no descartan que correrá la misma suerte que su predecesor, el juez Fadi Sawan, quien se vio obligado a suspender la investigación y fue destituido en febrero pasado.

En éste escenario de crisis, el tiroteo y las muertes de varios movilizados por Hezbollah y Amal junto al desconocimiento sobre quienes fueron los perpetradores de esos ataques viene a profundizar la falta de estabilidad política y amenaza la continuidad del juez Bitar en la investigación judicial, pero también colocó al Líbano frente una peligrosa fragilidad en materia de convivencia inter-sectaria que recuerda los hechos del inicio de la guerra civil libanesa y coloca al país un paso más cerca del abismo y la confrontación tribal y sectaria armada.

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