Más de un año después de la tragedia en el puerto de Beirut, volvieron a suspender la investigación

La investigación en torno a las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, que dejaron más de 200 muertos, ha sido suspendida nuevamente este martes tras una nueva demanda contra el juez que las encabeza, Tarek Bitar.

El magistrado ha emitido a primera hora del día una orden de arresto contra el exministro Alí Hasán Jalil tras no comparecer al interrogatorio al que estaba citado, si bien poco después ha sido notificado de la suspensión de las pesquisas por la nueva demanda, presentada por el propio Jalil y el también exministro Ghazi Zeaiter.

Fuentes judiciales citadas por el diario libanés ‘L’Orient le Jour’ han indicado que la investigación queda suspendida hasta que el Tribunal de Casación se pronuncie sobre la demanda, presentada con el objetivo de cesar a Bitar.

El propio Tribunal de Casación rechazó el lunes una demanda contra Bitar por parte de Jalil y Zeaiter, cerca de una semana después de que el Tribunal de Apelaciones hiciera lo propio con otra demanda de estos dos exministros y el antiguo titular de la cartera de Interior Nuhad Machnuk.

La nueva suspensión de las investigaciones llega además después de que el líder del partido-milicia chií Hezbolá, Hasán Nasralá, cargara duramente contra Bitar y le acusara de tener posturas “selectivas” y “politizadas”. Así, reclamó que sea sustituido “por un juez transparente y honesto” y agregó que las familias “no lograrán la verdad con este juez”.

Nasralá advirtió de que “el país puede ir hacia un gran desastre si el juez sigue actuando de esta forma” y reiteró que “lo que está pasando en la investigación de la explosión en el puerto no tiene nada que ver con la justicia o la ley”.

“Lo que está pasando en la investigación es un error muy, muy, muy, muy grande y no aceptaremos que el asunto siga así durante los próximos días”, manifestó. “Debe resolver el asunto y, si no lo hace, el Gobierno debe resolverlo”, zanjó.

El malestar popular ha ido al alza durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez Bitar ha citado a declarar en el marco de las pesquisas, entre ellos Diab, quien dimitió tras las explosiones y siguió en el cargo en funciones hasta que se logró un acuerdo para formar el nuevo Gobierno en septiembre.

HISTORIAL DEL CASO

La investigación por la explosión del puerto de Beirut padeció los primeros obstáculos del gobierno libanés cuando éste intercedió ante el Tribunal de Casación Penal para destituir -el 17 de febrero pasado- sin dar ninguna explicación razonable al Juez a cargo de la Instrucción, el Dr. Fadi Sawan; aunque quedó claro que el motivo de la destitución se produjo porque Sawan pidió el desafuero y citó a declaración indagatoria al Primer Ministro Hassan Diab, al ex ministro de Finanzas, Alí Hassan Khalil y los ex ministros de Asuntos Públicos, Ghazi Zeitery y Youssef Fenianos, todos por su indubitable responsabilidad en los hechos que se investigan. Al mismo, tiempo, el juez Sawan había convocado a prestar declaraciones testimoniales a varios funcionarios políticos.

Así, la investigación pasó de forma irregular a un Tribunal de Casación, sin terminar la etapa del proceso de instrucción y la acusación fiscal no fue tenida en cuenta. Luego se dijo que se nombraría un nuevo juez de Instrucción que -supuestamente- tendría la causa bajo su órbita, pero que no podría solicitar el levantamiento de inmunidad (o desafuero) de varios parlamentarios e interrogar sobre los hechos a altos funcionarios de los servicios de seguridad.

Mientras esto acontecía, Najib Mikhati fue nombrado recientemente como primer ministro aunque de momento no ha podido formar gobierno. La primera declaración pública de Mikhati fue que “sus manos están limpias” en materia del informe del juez Fadi Sawan sobre la explosión y al igual que Hassan Diab acusó a Sawan de violar la Constitución por solicitar el desafuero de funcionarios.

Lo sorprendente es que en los últimos seis años, las autoridades judiciales, aduaneras y de las fuerzas de seguridad habían avisado al liderazgo político de la peligrosidad de los materiales almacenados. En esos seis años han pasado cuatros primeros ministros: Najib Mikhati, Tammam Salam, Saad Hariri y Hassan Diab. Lo que genera suspicacias es que solo Diab, un ex diplomático que viene de ser embajador en Alemania y no de la política, sea hoy el único acusado oficialmente dentro del expediente penal en el que el juez Sawan había incluido a todos los ex primeros ministros.

Amnistía Internacional había dicho a principios de año, por medio de un comunicado, que “el gobierno libanés fracasó trágicamente en la protección de la vida de sus ciudadanos, al igual que ha fracasado durante años en la protección de los derechos socio-económicos básicos de su pueblo”.

Para Amnistía, el gobierno libanés bloqueó deliberadamente el trabajo del juez de instrucción cuando éste intentó convocar a funcionarios políticos y denunció que, ante la magnitud de la tragedia, es imposible no indignarse al ver hasta donde está dispuesta a llegar la dirigencia política libanesa para protegerse de la investigación y ocultar a los verdaderos responsables para liberarlos de la persecución penal.

Sin embargo, el mayor golpe a la investigación que expuso el entramado de corrupción gubernamental surgió de documentos filtrados que llegaron a manos de Amnistía Internacional a través de una ONG francesa que dijo haberlos obtenidos de fuentes políticas libanesas. El documento permite inferir que las autoridades aduaneras y de seguridad habían advertido al menos en seis oportunidades en los últimos cinco años a varios gobiernos anteriores sobre la peligrosa acumulación de productos químicos inflamables en el puerto.

Lo cierto es que la concesión de inmunidad a los funcionarios políticos que se amparan en sus fueros contradice de forma directa las obligaciones del Líbano en virtud del Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas suscripto en 2016, que tiene como objeto proteger el derecho a la vida, promover la justicia y la rendición de cuentas por las muertes de civiles.

(con información de EP y EFE)

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