El gobierno de la República de Irlanda aceptó el jueves elevar su impuesto de sociedades para sumarse al acuerdo mundial de reforma fiscal negociado bajo la égida de la OCDE, despejando así uno de los últimos obstáculos para el éxito del proyecto.
Tras “discusiones detalladas, el gobierno ha aprobado que Irlanda se sume al consenso internacional” en materia de fiscalidad, declaró el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, en rueda de prensa en Dublín. “Se trata de un paso muy importante” en la reforma mundial, afirmó.
El gobierno de Estonia también anunció el jueves que se sumará a la reforma de la fiscalidad mundial, por lo que ahora en el seno de la Unión Europea solo falta Hungría. Los países implicados en la negociación intentarán mañana viernes cerrar el proceso con el objetivo de llevarlo a la cumbre del G20 de finales de mes y que se pueda aplicar desde 2023.
Para alcanzar un compromiso, se modificó el texto del acuerdo que ahora se refiere a un impuesto de sociedades de tipo efectivo mínimo de 15%, en lugar de “al menos el 15%”, una formulación a la que Dublín se oponía porque dejaba la puerta abierta a verse obligado por los demás países a aplicar un tipo más alto.
Este ha sido uno de los últimos pasos clave de una gran reforma fiscal mundial que cobró impulso con la llegada a la Casa Blanca del presidente demócrata Joe Biden.
Tras meses de estancamiento, los dirigentes irlandeses, cuyo país tiene uno de los impuestos de sociedades más bajos del mundo, el 12,5%, emitieron el miércoles una serie de declaraciones que sugerían la cercanía de un compromiso.
“Parche para los países ricos”
El histórico acuerdo, anunciado en julio bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y firmado por 134 países, preveía la imposición de un tipo efectivo de “al menos” el 15% a las multinacionales con un volumen de negocio de 750 millones de euros (860 millones de dólares) o más.
Entre ellas se encuentran muchos grandes grupos tecnológicos estadounidenses, como Facebook o Google, que instalaron sus sedes europeas en Irlanda atraídos por su baja imposición.
Donohoe acogió con satisfacción el acuerdo del jueves, afirmando que proporciona “seguridad” y permite que Dublín siga siendo “un destino atractivo” para las empresas.
Con la firma de este compromiso, Dublín pone en entredicho su modelo económico de baja fiscalidad, que le ha permitido atraer a muchas multinacionales, sobre todo entre los gigantes tecnológicos y farmacéuticos.
En un momento en que países de todo el mundo buscan fondos para enderezar sus finanzas públicas maltrechas por la pandemia, esta reforma pretende luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales que se registran en países con tipos impositivos más bajos.
La ONG Oxfam lamentó, sin embargo, que “lo que hubiera podido ser un acuerdo histórico para acabar con la era de los paraísos fiscales termina siendo un parche en beneficio de los países ricos”.
“La propuesta de unos niveles de imposición del 15% (porcentaje mínimo) beneficiará a los países ricos y aumentarán las desigualdades. El G7 y la Unión Europea recuperarán dos tercios de estos ingresos fiscales, pero solo el 3% los países más pobres, aunque representan más de un tercio de la población mundial”, lamentó Susana Ruiz, responsable de políticas fiscales en Oxfam.
(Con información de AFP y EFE)
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