El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) fue expulsado en 2015 de la ciudad de Ramadi, en el desierto central de Irak y atravesada por el río Éufrates, pero los radicales han dejado una herencia envenenada para su población: el captagon, conocida como “la droga de la yihad”.
Esta anfetamina que anula la sensación de miedo y fatiga fue ampliamente usada por los combatientes del ISIS durante los combates en Irak y Siria, donde conquistaron regiones enteras en 2014 y no fueron derrotados hasta 2017 en el primer país y hasta 2019 en el segundo.
Ahora se produce mayoritariamente en Siria e ingresa a Irak a través de la larga y porosa frontera entre ambos países, y la provincia de Al Anbar, de la que Ramadi es capital, es su principal punto de tránsito.
El capitán Said, de la Policía de Ramadi, muestra desde su teléfono imágenes de la última incautación de esta sustancia: cientos de pastillas amarillas escondidas en los neumáticos de un camión y dentro de un barril de gasolina, listas para ser distribuidas y vendidas para el consumo.
Las fuerzas de seguridad realizan patrullas diarias, además de redadas antidroga y visitas al distrito industrial de Ramadi, donde el capitán también distribuye folletos para concienciar a los mecánicos y a los clientes.
”Comenzamos nuestro recorrido aquí porque capturamos a dos ‘camellos’. Además, damos nuestro contacto a la gente y les decimos que nos llamen si tienen alguna información o si notan algo sospechoso”, explica durante una de esas patrullas.
DEL TRÁNSITO AL CONSUMO
Al Anbar fue uno de los principales puntos de entrada del captagon a Irak, pero poco a poco empezó a ser consumido por su población, maltratada por décadas de guerra y de abandono por parte del Gobierno central, ha recurrido a este narcótico para afrontar su dura situación.
Ante la falta de servicios básicos como la electricidad o el creciente desempleo, la que se conoce como “droga de los yihadistas” se ha convertido en una forma de evadirse de la realidad y de mantenerse despierto durante días, a un precio asequible de menos de tres dólares.
Ahmed, nombre en clave de un joven de 23 años, se graduó en Informática en la Universidad de Ramadi y habla fluidamente inglés, pero se ve forzado a realizar pequeños trabajos durante el día y la noche, sin apenas dormir, para poder sobrevivir. El captagon le permite sobrellevar esos horarios.
”Para nosotros, aquí todo está mal. Las condiciones de vida, el trabajo, la seguridad... No nos sentimos seguros (...) Y si alguna vez encuentras un trabajo, trabajarás demasiadas horas sin que te paguen bien”, dice entre susurros mientras se lleva a los labios un cigarrillo tras otro.
TRAFICAR COMO ÚNICA SALIDA
El captagon también ha atraído a muchos que empezaron a traficar con esta sustancia para poder sustentarse y que se enfrentan a duras penas de cárcel.
Esposado en una comisaría de Ramadi, Abdalá, nombre en clave de un traficante, fue arrestado a finales de agosto cerca de Al Qaim, en la frontera entre Irak y Siria, y desde entonces permanece detenido a la espera de juicio.
Reconoce en una entrevista con Efe que conocía los riesgos y las consecuencias de ese tráfico ilegal: “Sé que ahora me espera una vida en prisión. Cometí un error y asumo las consecuencias. Pero no tuve elección. No encontraba trabajo y eso es lo único que encontré para hacer”.
El capitán Said revela que fue detenido por tenencia de 150.000 pastillas de captagon, algo que está penado con cadena perpetua. La misma condena que se aplica a los consumidores.
Según un informe de este año de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2019 Arabia Saudí se incautó de 146 millones de anfetaminas y Jordania de 23 millones, la mayoría de ellas producidas en Siria y en Jordania, que comparten frontera entre ellas y con Irak. En ese último país fueron interceptadas 600.000 pastillas.
REHABILITACIÓN
Pero más allá de la persecución, algunos activistas de Ramadi buscan eliminar el estigma que rodea a los que se vieron forzados a traficar o a consumir fruto de la desesperación, y que ahora se ven marginados en esta comunidad musulmana y conservadora en medio del desierto.
”Lo que queremos conseguir con nuestra campaña es que los consumidores no sean tratados como delincuentes. Más bien, que tengan acceso a un tratamiento médico que se les ayude a desintoxicarse”, explica un miembro de “Paz para Ramadi”, Nuriddin al Hamdani.
El activista de 28 años lamenta que en Ramadi “cualquier persona que posea drogas es considerada un criminal”, un planteamiento que no ayuda a la rehabilitación de los adictos ni a su reinserción.
Hasta el momento, las autoridades provinciales han ignorado las peticiones para construir un centro de desintoxicación y siguen trasladando a consumidores y traficantes a la cárcel, en base al estricto Código Penal y también al rechazo de la sociedad.
(con información de EFE)
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