Una veintena de organizaciones humanitarias internacionales y bielorrusas exigieron este viernes la liberación de siete defensores de Derechos Humanos, una reivindicación que se realiza a un año del inicio de la “caza de brujas” del régimen contra la agrupación Viasna, a la que pertenecen los detenidos.
En el primer aniversario de la “ofensiva sin precedentes” contra el Centro de Derechos Humanos Viasna en Bielorrusia, las organizaciones lanzaron una campaña bajo el lema ‘#FreeViasna’ para demandar la liberación de los detenidos, y para poner de relieve la difícil situación de cientos de personas enjuiciadas y encarceladas “únicamente por ejercer su derecho de reunión pacífica y su libertad de expresión”.
“Hoy se cumple un año del comienzo de la vergonzosa caza de brujas de las autoridades bielorrusas contra Viasna, inaugurada con la detención arbitraria de Marfa Rabkova, coordinadora de voluntariado de Viasna. En los meses siguientes, otros seis miembros de esta organización se encontraron entre rejas y acusados de delitos infundados por llevar a cabo su legítima labor de derechos humanos”, han lamentado las agrupaciones.
El 16 de febrero de 2021, funcionarios encargados de cumplir la ley de Bielorrusia allanaron las secciones de Viasna en Minsk, Homel, Mahilyou, Vitsebsk, Brest y otras ciudades, así como los domicilios de miembros del personal.
Así, en marzo de 2021, el Comité de Investigación de Bielorrusia, organismo responsable de las investigaciones penales, abrió una causa penal por las actividades de Viasna señalándola por “organización y preparación de acciones que violan gravemente el orden público o participación activa en tales acciones”.
Por último, el 14 de julio de 2021, tras el allanamiento de más de doce organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos de Bielorrusia, entre ellas Viasna, se procedió a la detención de Ales Bialiatski, presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovich, miembro de la junta directiva y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna.
Según denunciaron las organizaciones, todos han sido acusados formalmente por “evasión fiscal”, lo que conlleva una pena máxima de siete años de cárcel.
Además, Marfa Rabkova, coordinadora de la red de voluntariado de Viasna, fue detenida en septiembre de 2020 y desde esa fecha se encuentra en detención en espera de juicio con cargos de “formación y otra preparación de personas para participación en disturbios masivos”, “incitación al odio o la discordia racial, nacional, religioso o de otra índole cometido por un grupo”, y “pertenencia a una organización criminal”, por lo que podría ser condenada a un máximo de doce años de prisión.
Andrei Chepyuk, voluntario, fue detenido en octubre de 2020 y acusado de “participación en desorden masivo” y “pertenencia a una organización criminal”, cargos que podrían conllevar hasta siete años de prisión, mientras Leanid Sudalenka, director de la sección de Viasna en Homel, fue detenido en enero de 2021, al igual que la colaboradora Tatsyana Lasitsa.
Otra voluntaria de la sección de Viasna en Homel, Maryia Tarasenka, fue detenida en enero de 2021. Estuvo recluida durante tres días y fue puesta en libertad tras acceder a firmar un documento por el que se comprometía a no salir del país.
Los tres miembros de la sección de Viasna en Homel se enfrentan a cargos de “organización, financiación, formación y preparación de acciones que violan gravemente el orden público y financiación de tales actividades”, por lo que si son declarados culpables, podrían ser condenados a un máximo de tres años de prisión.
“SILENCIAMIENTO SISTEMÁTICO”
Tal y como han subrayado las organizaciones, las represalias contra Viasna son “sólo una parte de una ofensiva más amplia contra la sociedad civil en Bielorrusia”.
En este sentido, recordaron que sólo el 22 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia ordenó el cierre de 53 organizaciones, mientras en la actualidad más de 200 organizaciones han sido bloqueadas.
“El Gobierno de Alexander Lukashenko atacó públicamente a las personas que protestan de forma pacífica pero juzga en secreto a quienes las defienden. Sus simulacros de ‘juicios’ se celebran sin que nadie los vea, para ocultar los cargos absurdos, evitar testigos públicos y ahorrarse una situación profundamente incómoda”, han censurado.
Asimismo, añadieron que el régimen “presiona a los profesionales de la abogacía que representan a manifestantes pacíficos para que no hablen”.
“La información es escasa”, advirtieron, para precisar que estos siete defensores de los Derechos Humanos de Viasna “son inocentes de todos los cargos. “Preocupa que ningún miembro del personal o del voluntariado de Viasna sea juzgado con las debidas garantías (...) También preocupan las condiciones de reclusión, ya que a la mayoría no se les ha permitido hacer llamadas telefónicas o recibir visitas de familiares y a menudo su correspondencia es bloqueada”, han agregado.
Las organizaciones han concluido reclamando la liberación “inmediata y sin condiciones”, así como que se retiren los cargos formulados en contra estas personas y que se garantice su derecho a “un recurso por persecución ilegítima”.
(Con información de Europa Press)
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