Los abogados del empresario colombiano Álex Saab, testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunciaron hoy que pedirán aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde, después de que la semana pasada respaldara la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos.
”La batalla legal aún no ha terminado. Esta tarde presentaremos una solicitud ante el Tribunal Constitucional para la revisión de su decisión”, afirmó en una rueda de prensa virtual el letrado nigeriano Femi Falana.
Según Falana, la sentencia “no se sostiene” porque incluye “áreas que no están claras” y que “son contradictorias”. “Tenemos la oportunidad, según la ley de Cabo Verde, de volver a la corte y pedir una aclaración. Y estamos aprovechando eso”, insistió el abogado, quien repitió el argumento de la defensa de que el proceso tiene “motivaciones políticas”.
El equipo legal de Saab -detenido en ese país insular de África occidental desde que hizo escala allí hace más de un año a petición de EEUU, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero- cree que el TC debe tener en cuenta que era un agente del “Gobierno de Venezuela” en tránsito y tenía “derecho a la inmunidad diplomática”.
”Es sorprendente que no haya un reconocimiento de su inmunidad diplomática”, dijo la abogada portuguesa Vania Ramos en la misma rueda de prensa.
También intervino el ex juez español Baltazar Garzón, quien recalcó que el fallo de TC es “una resolución política más que jurídica” que representa una “barbaridad” legal.
Detención a través de Interpol
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
”Las incidencias referidas a la orden de detención y su curso a través de Interpol sencillamente no han querido ser valoradas (por el TC). Hay elementos más que suficientes para demostrar que hubo artimañas y hubo trampas”, arguyó Garzón.
”Los argumentos, con todo respeto al TC, que se expresan en esa sentencia no son acordes con el derecho internacional, los tratados ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni siquiera de acuerdo con los propios argumentos, normas del Estado de Cabo Verde”, indicó el exjuez español.
El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, falló contra la extradición de Saab y ordenó su “liberación inmediata”, un veredicto que, según Garzón, el TC debería considerar como vinculante pues Cabo Verde participó en ese juicio y aceptó la jurisdicción de esa corte.
”Esta decisión del TC no es una decisión definitiva, sólo se rechazan las cuestiones de inconstitucionalidad. Todavía queda el pronunciamiento de fondo ante organismos internacionales”, zanjó el exmagistrado.
Además, enfatizó, “es importante resaltar que hay unas medidas cautelarísimas pendientes de que Cabo Verde conteste al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, y la extradición “no seguirá adelante hasta que no se pronuncie el Comité”.
El pasado junio, ese Comité pidió a cabo Verde que se abstenga de extraditar a Saab a Estados Unidos “mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”.
Recurso improcedente
En un veredicto publicado el pasado día 7, el TC juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición.
La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro a EEUU.
Asimismo, la alta corte avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya en 2020 dio su aprobación a la extradición.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega a EEUU han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.
(con información de EFE)
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