El expresidente sudafricano Jacob Zuma, en prisión desde julio por desacato tras negarse a declarar por corrupción e ingresado desde principios de agosto, se sometió ayer a una cirugía y tiene programadas otras operaciones para los próximos días, dijeron hoy las autoridades penitenciarias.
”Como resultado, el Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS, en inglés) no puede prever una fecha de alta, ya que nuestra prioridad ahora es que el señor Zuma reciba la mejor atención posible”, dijo el portavoz del organismo, Singabakho Nxumalo, a través de un comunicado, según recogen hoy medios locales.
Tras una “observación de rutina”, Zuma, de 79 años, fue ingresado el pasado 6 de agosto en un hospital externo a la prisión de Estcourt (este) lo que provocó, una vez más, el aplazamiento del juicio en el que está siendo procesado por corrupción y otros cargos en relación con un acuerdo armamentístico firmado a finales de los años 90.
En una carta enviada a la prisión y a la Fiscalía, el único documento presentado por la defensa para solicitar el aplazamiento, el equipo médico del expresidente aseguró que Zuma sufrió una “lesión traumática” el año pasado y ahora necesita “un tratamiento de emergencia exhaustivo” de al menos seis meses.
La carta no especificaba, sin embargo, la condición médica que sufre Zuma, algo que los abogados del estado subrayaron durante la vista virtual celebrada el pasado 10 de agosto por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), donde se aplazó el juicio para los próximos 9 y 10 de septiembre.
El juez Piet Koen estableció que la defensa debía facilitar un informe médico completo de Zuma antes del 20 de agosto y que el Estado puede designar a un doctor de su elección que examine al exmandatario.
Estas fechas, sin embargo, podrían no ser posibles tras el anuncio de hoy del DCS.
En este sentido, el juez Koen también estableció que, si la defensa pedía un nuevo aplazamiento, los médicos de Zuma tendrían que declarar sobre el estado de salud del acusado, lo que supondría su primera comparecencia ante el tribunal en este proceso.
VARIOS CASOS DE CORRUPCIÓN CONTRA ZUMA
En esta causa a Zuma (2009-2018) se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de un asesor financiero.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en 2018, fue acusado formalmente pero la causa permanece trabada por las distintas peticiones formales interpuestas por la defensa.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes del inicio de este juicio, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.
Entre ellos destaca la de la “Captura del Estado”, investigación en la que se le acusa de orquestar un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público durante su gobierno con el objetivo de beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines.
Zuma alega que todas las acusaciones contra él son una persecución política.
Por ello, entre 2020 y 2021, se negó repetidamente a testificar ante la comisión oficial de investigación que estudia las acusaciones de la “Captura del Estado”, a pesar de que las citaciones eran de obligado cumplimiento.
En consecuencia, el 29 de junio pasado el Tribunal Constitucional sudafricano lo condenó a 15 meses de cárcel por desacato.
Dos días después de su entrada en prisión, se desataron en Sudáfrica varias jornadas de disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron en forma de protestas de apoyo al exmandatario, degeneraron después en violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno sudafricano afirma que la oleada de disturbios, que dejó 337 muertos y daños económicos por valor de 50.000 millones de rands (unos 3377 millones de dólares), fue “instigada” y planeada.
Además de estos casos, el exmandatario ya tuvo que devolver en 2016 más de medio millón de dólares de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada.
(con información de EFE)
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