Comenzó como una pelea de poder dentro del palacio de la familia real de Arabia Saudita. Cuatro años más tarde, se convirtió en un escándalo global con juicios cruzados, los hijos de un ex jefe de inteligencia tomados como rehenes, intentos de asesinato al estilo del de Jamal Khashoggi -el periodista saudita muerto por agentes del régimen en el consulado de ese país en Estambul-, el gobierno de Estados Unidos preocupado por la posible divulgación de secretos de la guerra antiterrorista y un botín de 3.500 millones de dólares.
La última semana, Amnistía Internacional denunció la arbitraria detención de los hijos de Saad al-Jabri, el jefe de los espías sauditas, que se encuentran encarcelados desde marzo de 2020. “Las autoridades saudíes deben liberar inmediatamente a los hijos del ex funcionario saudí tras un juicio injusto que tuvo lugar en un aparente intento de coaccionarle para que regresara a su país”, fijo Amnistía. Omar al Jabri, 23, y Sarah al Jabri, 21, estuvieron desaparecidos durante casi un año hasta que fueron sometidos a un juicio sin garantías en el que recibieron sentencias a nueve años y seis años de prisión por “lavado de dinero” e “intento de salir ilegalmente del país”. Amnistía cree que simplemente son rehenes tomados por el príncipe heredero para que se entregue el padre. En tanto que un grupo de legisladores Demócratas y Republicanos le pidió el miércoles al presidente Joe Biden que intervenga no sólo para lograr la liberación de los jóvenes sino para evitar que en el juicio que se lleva a cabo en Canadá, el ex poderoso jefe de inteligencia saudí revele secretos de la guerra antiterrorista como aseguró que lo iba a hacer.
Todo comenzó en 2017 cuando el actual príncipe heredero Mohammed bin Salman, más conocido por sus iniciales MBS, destronó a su primo, Mohammed bin Nayef, quien era considerado hasta ese momento el contendiente para el trono. Y en una maniobra extraordinaria llamó a una cumbre en el hotel más lujoso de Ryhad, el Ritz-Carlton, y mantuvo allí confinados a más de 300 poderosos relacionados con la familia real, entre ellos 11 príncipes, 4 ministros y decenas de ex ministros hasta que aceptaran devolver el dinero que se habían robado de la corona a través de coimas y otras maniobras. Al Jabri era hasta ese momento el jefe de los servicios de inteligencia y principal asesor del anterior heredero Bin Nayef. Y era reconocido por sus colegas de la CIA y el MI5 como el creador de uno de los sistemas de acumulación de información confidencial más eficientes del mundo así como un gran aliado en la lucha contra la red terrorista Al Qaeda.
En el momento del golpe palaciego de MBS, Al Jabri estaba fuera del país, se enteró que lo estaban esperando para encarcelarlo y decidió exiliarse en Canadá. Pero sus dos hijos, Sarah y Omar, permanecían en la capital saudita. Cuando quisieron regresar a Estados Unidos para continuar con sus estudios, la policía se los impidió y los encarceló. Estuvieron desaparecidos durante meses. Fueron la moneda de cambio para que Al Jabri se entregara. El príncipe MBS acusa a Al Jabri de haberse quedado con 3.500 millones de dólares a través de un esquema del que participaron otras 21 personas, entre ellas su ex esposa. De acuerdo a los datos presentados en el juicio que se realiza en Toronto, Al Jabri habría cobrado 4,2 millones de dólares por sus servicios a la corona entre 2008 y 2015, mientras que en mismo período adquirió propiedades en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido por 83,2 millones de dólares. El ex jefe de inteligencia explicó ante la corte que fue el rey Abdullah quien le ordenó armar 17 empresas que van desde la alta tecnología aeroespacial hasta la ciberseguridad y por el trabajo obtuvo un 5% de las ganancias. También aduce que cuando lo nombraron ministro, recibió un cheque por casi cinco millones de dólares.
En otro juicio paralelo, Al Jabri acusó a MBS en un tribunal federal de Estados Unidos de enviar agentes, en 2018 a Canadá, para asesinarlo. Aparentemente fue advertido por “agentes estadounidenses amigos” y pudo escapar. El grupo enviado desde Ryhad habría estado integrado por varios de los mismos agentes que asesinaron y desmembraron el cuerpo del periodista exiliado y colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi. Ese hecho ocurrió dentro del consulado saudita en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. Para probar el complot para asesinarlo, Al Jabri tendría que presentar información confidencial sobre sus actividades paralelas y contactos con agentes estadounidenses y británicos.
El Departamento de Estado, en una declaración a la agencia Reuters, dijo que “estamos profundamente preocupados” por la detención y la condena de los hijos de Jabri y que Washington “condena enérgicamente cualquier acción injusta contra los familiares de los acusados de delitos”. “Hemos estado en contacto directo con altos funcionarios saudíes y seguiremos planteando nuestras preocupaciones”, dijo un portavoz. Jabri era “un valioso socio en la lucha contra el terrorismo cuyo trabajo ayudó a salvar innumerables vidas estadounidenses y saudíes”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá también expresó su preocupación por la seguridad de los hijos del ex espía.
Sarah y Omar al Jabri fueron detenidos cuando se aprestaban a regresar para tomar clases en los institutos en los que estudiaban en la ciudad de Boston. Sarah estaba enrolada en el Programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Internacional Británica, y Omar en la Universidad Suffolk. Ambas instituciones requirieron información sobre el paradero de los dos estudiantes saudíes a las autoridades de inmigración estadounidenses cuando no llegaron al campus a tiempo para el comienzo de sus cursos. El juicio contra los jóvenes en el Tribunal Penal de Riad comenzó en septiembre de 2020. Las audiencias se celebraron a puerta cerrada y se impidió el acceso a los familiares, medios de comunicación y diplomáticos extranjeros. Los hermanos no tuvieron contacto con su abogado antes del juicio, y sólo dos de los tres jueces que presidieron el tribunal firmaron el veredicto. La ausencia de la firma de un juez en una sentencia es altamente inusual, según dos expertos jurídicos independientes consultados por Reuters. Inmediatamente después del proceso, los tres jueces fueron trasladados a otras jurisdicciones. Omar y Sarah recibieron condenas de 9 y 6,5 años de prisión, respectivamente. Los hermanos también tienen que pagar multas por 1,5 millones de riales saudíes, unos 400.000 dólares, y tienen prohibido salir del país en los próximos 10 años. El abogado de los jóvenes denunció que las confesiones que la fiscalía citó como prueba en la condena se obtuvieron mediante coacción.
Los abogados de la CIA pidieron a Al Jabri posponer el juicio hasta septiembre para tener tiempo de determinar si la información sensible que tendría que presentar ante los jueces canadienses violan la seguridad interna de Estados Unidos. Mientras se espera que Biden presione al príncipe MBS para que libere a los hijos de Al Jabri. Pero hay demasiados intereses en juego y MBS se muestra reacio a hacer cualquier concesión. La pelea seguramente tendrá varios episodios más antes de que haya un veredicto o un acuerdo.
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